Apenas 11 días atrás se realizó en San José de Costa Rica el II Encuentro de Magistradas de la Justicia Electoral de Iberoamérica “por una justicia de género”; 19 ministras de 10 países coincidieron en que la mayoría de las mujeres vive exclusión permanente en el ejercicio de sus derechos políticos por condición de género. Se podría decir que nada nuevo; lo trascendente es que estas ministras de los tribunales electorales hayan adoptado como agenda de su quehacer la violación de los derechos políticos de las mujeres, y reconozcan que no hay democracia posible sin la participación equitativa e igualitaria de la mayoría de la población que son las mujeres.
Democracia sin género no es democracia. Para lograr una verdadera justicia de género en materia de derechos políticos, aseguran las ministras, es necesario institucionalizar la perspectiva de género en la jurisdicción electoral e incorporar los compromisos internacionales que aseguren la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. Y ejercer los derechos políticos libres de violencia y en dignidad, subrayan las ministras iberoamericanas, y aquí también radica la trascendencia, pues con ello se reconoce que la burla, el hostigamiento, el juzgar a las mujeres por su relación de parentesco y exhibir su vida personal son acciones violentas contra las mujeres que participan en la vida política.
Usar las cuotas de género dentro de los partidos como meros trampolines políticos para garantizar la presencia masculina, es violencia contra las mujeres pues menoscaba el ejercicio de sus derechos políticos. Nada menor este reconocimiento, sobre todo cuando por ejemplo en nuestro país las mujeres siguen siendo intrusas toleradas en la vida política; cuando nuestras candidaturas son cartas de negociación rápida y expedita, como por ejemplo en la reciente pantomima legislativa para la elección de los tres cargos del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La terna priísta que integraba dos mujeres y un hombre rápidamente sacrificó a una, según, en busca del “consenso” para disfrazar el intento de madruguete. No es menor lo que implica la resolución de las magistradas cuando se tiene una práctica permanente en política del escamoteo a los derechos de las mujeres.
Como no hay consenso entre los señores para nombrar a las personas que ocuparán los lugares del consejo del IFE, todo porque los intereses partidarios no terminan de encontrarse, otra vez tendrán que presentar una terna; esperemos que en ella se respeten los derechos políticos femeninos y se incluya a las mujeres en los tres lugares. Sobre todo porque está demostrado que la instancia electoral es una de las más inequitativas, pues entre 1996 y 2010 se han asignado un total de 26 espacios en el Consejo General del IFE, de los cuales sólo cinco han sido ocupados por mujeres. Esperaremos a ver los resultados y a colocar en nuestra planilla la estampita de los partidos que en la práctica violentan los derechos de las mujeres, para tenerlo presente al momento de elegir en las urnas. Las ciudadanas debemos decir no a la presión ni al chantaje, denunciar cualquier apoyo forzado, acudir al Tribunal Electoral y detener la violencia que se ejerza contra nosotras.
Democracia sin género no es democracia. Para lograr una verdadera justicia de género en materia de derechos políticos, aseguran las ministras, es necesario institucionalizar la perspectiva de género en la jurisdicción electoral e incorporar los compromisos internacionales que aseguren la igualdad y la no discriminación por razones de sexo. Y ejercer los derechos políticos libres de violencia y en dignidad, subrayan las ministras iberoamericanas, y aquí también radica la trascendencia, pues con ello se reconoce que la burla, el hostigamiento, el juzgar a las mujeres por su relación de parentesco y exhibir su vida personal son acciones violentas contra las mujeres que participan en la vida política.
Usar las cuotas de género dentro de los partidos como meros trampolines políticos para garantizar la presencia masculina, es violencia contra las mujeres pues menoscaba el ejercicio de sus derechos políticos. Nada menor este reconocimiento, sobre todo cuando por ejemplo en nuestro país las mujeres siguen siendo intrusas toleradas en la vida política; cuando nuestras candidaturas son cartas de negociación rápida y expedita, como por ejemplo en la reciente pantomima legislativa para la elección de los tres cargos del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La terna priísta que integraba dos mujeres y un hombre rápidamente sacrificó a una, según, en busca del “consenso” para disfrazar el intento de madruguete. No es menor lo que implica la resolución de las magistradas cuando se tiene una práctica permanente en política del escamoteo a los derechos de las mujeres.
Como no hay consenso entre los señores para nombrar a las personas que ocuparán los lugares del consejo del IFE, todo porque los intereses partidarios no terminan de encontrarse, otra vez tendrán que presentar una terna; esperemos que en ella se respeten los derechos políticos femeninos y se incluya a las mujeres en los tres lugares. Sobre todo porque está demostrado que la instancia electoral es una de las más inequitativas, pues entre 1996 y 2010 se han asignado un total de 26 espacios en el Consejo General del IFE, de los cuales sólo cinco han sido ocupados por mujeres. Esperaremos a ver los resultados y a colocar en nuestra planilla la estampita de los partidos que en la práctica violentan los derechos de las mujeres, para tenerlo presente al momento de elegir en las urnas. Las ciudadanas debemos decir no a la presión ni al chantaje, denunciar cualquier apoyo forzado, acudir al Tribunal Electoral y detener la violencia que se ejerza contra nosotras.
