Balance económico y político de 2015
Doctor en economía por el Colegio de México (COOLMEX) con estancia en investigación en la Universidad de Princeton, fue catedrático en el Centro de Investigación y Docencia económica y articulista en la revista económica Trimestre Económico.
Desde el inicio del sexenio en el que el PRI retomó las riendas de la Presidencia de la República, después de 12 años de gobiernos panistas, se suscribió el famoso Pacto por México, acuerdo en el que los principales partidos políticos lograron unificar criterios (más bien intereses) para promover las llamadas reformas estructurales. Estas reformas, sobra decirlo, son mandato de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por si hubiera alguna duda al respecto, en la reunión anual que la OCD Erealizó en París en 2014 –a la que asistí como diputado federal con la representación de México– el secretario general de esta organización, el mexicano José Ángel Gurría, habló directamente y sin rodeos de la “necesidad” de aprobar las reformas estructurales, poniendo especial énfasis en la reforma energética, ya que con éstas se “detonaría el progreso para México”, aunque no aclaró que, para él, México son los extranjeros y los poderosos.
Las 11 reformas aprobadas por el Congreso son: laboral, de transparencia, nueva Ley de Amparo, educativa, de telecomunicaciones, de competencia, financiera, fiscal, político-electoral, energética y la de anticorrupción; las que generaron más polémica y siguen dando de qué hablar son la energética y la educativa. El caso es que en su momento se aseguró que estas reformas harían que las cosas cambiaran en favor de los mexicanos; sin embargo, el contexto internacional ha jugado un papel perverso contra estas reformas, impidiendo el efecto esperado.
Ahora bien, ¿qué podemos decir del “contexto internacional” y su efecto negativo en México?. En México, la gran esperanza, el libro que, como candidato en 2012, escribiera el actual presidente Enrique Peña Nieto, planteaba la necesidad impostergable de que el país volviera los ojos a China y a los BRICS, a fin de aumentar sus ventajas competitivas y reducir su dependencia comercial de Estados Unidos (EE. UU.); incluso escribió que en la sigla BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) faltaba la letra M de México. Al inicio de su administración, el nuevo gobierno dio pasos firmes en esa dirección, como se reflejó en que la licitación del tren México-Querétaro fuera ganada por una empresa privada mexicana en asociación con una empresa estatal China.
Sin embargo, pronto habría de sobrevenir lo que se ha interpretado como una “respuesta” de EE. UU. a dicho “agravio” del gobierno mexicano: durante un viaje en el que participaron el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y el propio Enrique Peña Nieto, surgió el escándalo de la residencia de la esposa del presidente Peña (la “casa blanca”), escándalo en el que se implicó al mismo grupo empresarial que ganara la licitación junto con empresarios chinos. Días después habría de surgir otro escándalo similar en el que resultó involucrado el Secretario de Hacienda.
A causa de estos escándalos, la licitación del tren México-Querétaro fue cancelada por “anomalías” y muchos analistas aseguran que en realidad ésta fue la respuesta de EE. UU. ante el acercamiento del gobierno mexicano con China; esto evidencia que el gobierno estadounidense nos sigue tratando como una “colonia”.
Pero al parecer el enojo de EE. UU. no terminó ahí; para restarle más credibilidad a Peña Nieto, en la ocasión en que éste y el Secretario de Gobernación estaban ausentes del país porque viajaban hacia Francia–es decir, cuando no había voz de mando en México– tuvo lugar la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de forma excepcionalmente increíble y digna de películas fantasiosas como las de James Bond. Es difícil creer que la mano estadounidense haya estado ausente de esta fuga.
En su estrategia para debilitar a sus enemigos, el gobierno de EE. UU., en acuerdo con el de Arabia Saudita, ha incrementado deliberadamente la oferta de petróleo con el propósito de impactar a la baja el precio del crudo. Esta estrategia tiene un doble propósito: por un lado, acaparar más petróleo y llenar sus reservas y, por el otro, bajar el precio del crudo para pegarle así a los productores de petróleo que considera sus enemigos: Rusia, Venezuela, Brasil y de paso México.
Por ello, el precio de exportación del barril de la mezcla mexicana bajó de 100 dólares en junio de 2014 a sólo 36.49 dólares en diciembre de 2015, cotización que está muy debajo del mínimo estimado por el Congreso de la Unión para el Presupuesto de Ingresos de 2016, que es de alrededor de 80 dólares por barril. En su afán por golpear a sus enemigos, los estadounidenses también decidieron anunciar el incremento de sus tasas de interés, con lo que provocaron un efecto negativo en México, pues los capitales golondrinos detectaron el movimiento y se fugaron 2 mil 750 millones de dólares, impactando sobre el tipo de cambio peso-dólar que tuvo una fuerte presión por partida doble: por la salida de capital financiero al extranjero y por la poca captación de dólares debido al bajo precio del petróleo. En noviembre de 2014, el tipo de cambio estaba en 13.61 pesos por dólar y en noviembre de 2015 quedó en 17.36 pesos por dólar, un aumento de 3.75 pesos, es decir, del 27 por ciento.
El sector importador se ve fuertemente afectado en virtud de que ahora tiene que pagar más por cada dólar que adquiere, propiciando a su vez aumento de precios y una mayor presión inflacionaria que ya se advierte, por ejemplo, en el alza del42 por ciento de los alimentos importados que consumimos. Esta situación, sin embargo, beneficia al sector exportador, pues éste vende en dólares y en moneda nacional tiene mayor capacidad de adquisición que antes. Es decir, en este juego, lo que unos ganan otros lo pierden; eso es lo que debemos considerar, pues a fin de cuentas se trata de favorecer a un sector de la economía y golpear a otro. Favorecer al sector exportador, ligado fuertemente con EE. UU., es altamente sospechoso. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores? El actual gobierno prometió bajar los precios del gas, las gasolinas, las telecomunicaciones, de la luz, etc., mas ello no ha ocurrido; por el contrario, ahora le están cobrando a la gente la luz como no lo habían hecho antes. Es cierto que la inflación ha observado mínimos históricos si se compara entre un año y otro; pero en virtud de la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario en los últimos 20 años, una inflación baja sólo deja al obrero en su situación actual, pero muy lejos del estatus económico en que se encontraba hace dos décadas.
El salario demuestra el bajo nivel que el obrero mexicano tiene. Recibe medio dólar por hora como mínimo, mientras que en EE. UU.se pagan ocho dólares por hora por hacer lo mismo. Con estos bajos salarios se castiga al obrero, pero se beneficia al empresario exportador porque mundialmente es más “competitivo”. La ley establece que “el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”; pero su monto encuentra en 70.10 y va a pasar a sólo 73.04 pesos en 2016, un incremento de 2.94 pesos que representa sólo un 4.19. En otras palabras, el obrero seguirá condenado a una vida precaria.
El capitalismo mexicano, presionado por el extranjero, pero sometido por los poderes fácticos, está entre los más desiguales del mundo y no ha avanzado, pues crece a tasas de menos del dos por ciento, tiene los salarios más bajos del mundo, aunque sea uno de los países en los que la clase trabajadora labora más horas (12 en promedio).
El resultado: 90 millones de mexicanos pobres. De seguir así las cosas, pronto esta situación dejará de ser tolerable.
De modo que sigue vigente la tesis de que para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, éstos deben organizarse y educarse para conquistar el poder público y hacer de México la nación libre, soberana, democrática, equitativa y progresista que las mayorías desean y reclaman.
