La titular de la Secretaría del Bienestar en Tabasco, Lorena Méndez Denis, reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una investigación luego de recibir denuncias de beneficiarios de programas sociales, principalmente adultos mayores, quienes acusan a sus propios familiares de apropiarse ilegalmente de sus pensiones.
Este fenómeno, identificado como violencia económica, ha llevado a las autoridades a solicitar información oficial a la dependencia federal para rastrear posibles casos de este delito que, según la funcionaria, suele ser subreportado.
"Nos han llegado entre 10 y 15 solicitudes de información por parte de la Fiscalía, derivadas de las denuncias presentadas", explicó Méndez Denis. Sin embargo, hizo hincapié en que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg. "No descartamos que existan más casos... muchas de estas personas viven con sus familiares, que son sus agresores, y por miedo o desconocimiento no se atreven a denunciar", advirtió.
La delegada reconoció la limitante de su institución ante estos hechos. Al ser un problema que trasciende la entrega de apoyos y se adentra en el ámbito familiar y penal, Bienestar no tiene facultades para intervenir directamente, solo puede brindar asesoría a las víctimas.
Ante este vacío, anunció que se buscará una coordinación con el Sistema DIF Tabasco para crear e implementar mecanismos de protección específicos para los adultos mayores. El objetivo es establecer una ruta crítica que no solo detecte estos casos, sino que también proteja a las víctimas y asegure que los recursos económicos, vitales para su sustento, lleguen directamente a sus manos sin intermediarios ni coerciones.
La situación expone una vulnerabilidad crítica en la aplicación de los programas sociales y plantea un nuevo desafío para las autoridades: proteger a los beneficiarios más allá del acto de la entrega, garantizando que la ayuda cumpla su propósito sin convertirse en un motivo de victimización dentro de sus hogares.