La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, permitiendo que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación sean elegidos mediante voto ciudadano. La iniciativa, que busca democratizar la elección de personas juzgadoras, contó con 336 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención.
El dictamen establece que las personas ministras, magistradas y juezas que integran tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales locales serán electas por mayoría relativa y voto directo, lo que marca un cambio significativo en la forma en que se renuevan estos cargos judiciales. Esta reforma también afecta la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los tribunales estatales.
En la sesión, la diputada Dolores Padierna Luna, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, informó que se reservaron para discusión en lo particular más de 50 artículos, incluidos los artículos transitorios, para precisar detalles de la aplicación de esta reforma.
El dictamen también incluye la creación del "Libro Noveno" dentro de la Ley General, donde se establecen los procedimientos y requisitos para la elección de magistrados y jueces. De acuerdo con la nueva ley, las elecciones de las personas juzgadoras coincidirán con los procesos electorales federales ordinarios, asegurando una renovación periódica de estos cargos a través de un proceso democrático.
Para garantizar la transparencia y legalidad de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar las elecciones, la jornada electoral y los cómputos de los resultados, tanto a nivel federal como local. El INE también supervisará las campañas electorales de los candidatos y coordinará la fiscalización de las actividades relacionadas con la elección de los juzgadores.
En cuanto a los plazos específicos para la implementación de la reforma, los artículos transitorios establecen que el Senado deberá emitir la convocatoria para integrar los comités de evaluación a más tardar el 16 de octubre de 2024, y los Poderes de la Unión tendrán hasta el 31 de octubre de 2024 para instalar dichos comités.
Esta reforma transforma el proceso de elección de jueces y magistrados, permitiendo que sea la ciudadanía quien decida mediante el voto directo.
