Carece PGJE de credibilidad, manifiesta Efraín Rodríguez
La Procuraduría General de Justicia del Estado carece de credibilidad, así que el mantener detenidas a cierto número de personas como responsables de los últimos tres asesinatos de mujeres y un joven en Tacotalpa, no garantiza que sean los verdaderos culpables. Declaró ayer, el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, en relación al reciente triple feminicidios y el homicidio de un joven en el municipio mencionado.
El crimen de los cuatro niños de la misma zona indígena de Tacotalpa, cometido hace unos meses, debió ser un llamado de atención para las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sin embargo, en su momento, aseguraron que había sido un caso aislado y lo dieron por cerrado con la detención de otras personas, pero los crímenes recién sucedidos acaban de echar por tierra que no eran casos aislados, comentó el abogado.
En Tacotalpa hay la presencia de delincuencia peligrosa, quizá de asesinos seriales, y que independientemente de estar o no relacionados con el crimen organizado, es obligación de, cualquiera de los tres niveles del gobierno del estado, investigar hasta el fondo. Pero lo que hemos venido observando, dijo el abogado, es que el gobierno del estado le da carpetazo a ese asunto afi rmando que los crímenes tienen relación con el crimen organizado, con el narcotráfi co. Independientemente de quien esté detrás de estos crímenes, las autoridades deben llegar hasta los verdaderos responsables, el brazo de la ley tiene que alcanzarlos, sean delincuentes comunes o del crimen organizado o personas que estén protegidas por autoridades locales, federales o funcionario de cualquiera de los niveles.
Desgraciadamente, dijo, en estos tiempos estamos viendo una descomposición al interior de estos, al grado de que ya no sabemos quién es el enemigo, si al que nos muestran como enemigos o los que se ostentan como autoridades y muchas veces están dentro de las mismas corporaciones policíacas.
A los ciudadanos no resulta increíble que, de un día para otro que elementos de la PGJE, detenga a los presuntos culpables, en muchas ocasiones hemos denunciado que al gobierno del estado no le interesa combatir la inseguridad. Cuando ocurren crímenes como los recientes en Tacotalpa, lo que le interesa a las autoridades es aparecer en los medios de comunicación con un grupo de detenidos, para ofrecer una imagen de efi ciencia que están muy lejos de tener.
Desgraciadamente muchas veces las personas detenidas son inocentes, se declaran culpables y fi rman una declaración de culpabilidad porque son víctimas de tortura. Prueba de ello, mencionó, es que el último informe de Human Rigth Watch sobre México, emitido hace alrededor de seis u ocho meses, ubica a Tabasco en el cuarto lugar de práctica de tortura y destaca que es precisamente gente de la PGJE la que mayoritariamente comete ese delito. La PGJE exhibió “con bombo y platillo” a los supuestos responsables de los primeros cuatro homicidios y de los cuatro últimos, pero los habitantes de ese municipio siguen aterrados ¿por qué? porque sabe que los detenidos pueden ser solo chivos expiatorios, para justifi car el actuar de las autoridades.
Cuando el caso de los cuatro menores asesinados, en varias ocasiones Codehutab planteó que pudiera ser que los detenidos no fueran los verdaderos responsables y resultó tan cierto que, de lo contrario, no hubieran ocurrido estos últimos. Es posible que los verdaderos delincuentes sigan libres, que los habitantes de esas comunidades “sigan durmiendo con el enemigo” y eso las autoridades lo saben, pero ni siquiera por ello, toman previsiones para garantizar seguridad a los habitantes de ese municipio.
No hay que olvidar que cuando el primer asesinato múltiple, salió a relucir que meses atrás habían llegado fuereños a tomar fotografías y regalar dulces y dinero a los niños y las autoridades no continuaron investigando esas pistas. Ahora se cometen tres feminicidios y el asesinato de un joven y los hechos solo quedan en un suceso mediático, no se ha buscado la raíz del problema, esto es altamente peligrosos, porque no podemos descartar que en un futuro inmediato la ola de crímenes en esa zona continúe.
De los últimos cuatro últimos crímenes, hay tres claros feminicidios ¿Es posible que en estos casos se aplique la reforma al Código Penal que los tipifi ca como tales? Se le preguntó al abogado.
Conociendo el funcionamiento de la PGJE, respondió el representante del Codehutab, me atrevería a decir que no, los presuntos culpables simplemente serán sometidos a un proceso de homicidio califi cado, no por feminicidio. Por un lado, les falta a los agentes de los ministerios públicos experiencia en el manejo del tema de equidad y género y feminicidios, así que lo más probable es que sigan aplicando el Código Penal, y eso nos indicaría que una cosa es disponer de una ley y otra lo que en la práctica las autoridades hacen.
Sin embargo lo más delicado es que no existe la certeza jurídica de que las personas detenidas sean las responsables de los crímenes, eso es lo peor. También peligroso y preocupante es que si los inculpados no son los responsables, no sabemos si, la ola de crímenes continuará.
El crimen de los cuatro niños de la misma zona indígena de Tacotalpa, cometido hace unos meses, debió ser un llamado de atención para las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sin embargo, en su momento, aseguraron que había sido un caso aislado y lo dieron por cerrado con la detención de otras personas, pero los crímenes recién sucedidos acaban de echar por tierra que no eran casos aislados, comentó el abogado.
En Tacotalpa hay la presencia de delincuencia peligrosa, quizá de asesinos seriales, y que independientemente de estar o no relacionados con el crimen organizado, es obligación de, cualquiera de los tres niveles del gobierno del estado, investigar hasta el fondo. Pero lo que hemos venido observando, dijo el abogado, es que el gobierno del estado le da carpetazo a ese asunto afi rmando que los crímenes tienen relación con el crimen organizado, con el narcotráfi co. Independientemente de quien esté detrás de estos crímenes, las autoridades deben llegar hasta los verdaderos responsables, el brazo de la ley tiene que alcanzarlos, sean delincuentes comunes o del crimen organizado o personas que estén protegidas por autoridades locales, federales o funcionario de cualquiera de los niveles.
Desgraciadamente, dijo, en estos tiempos estamos viendo una descomposición al interior de estos, al grado de que ya no sabemos quién es el enemigo, si al que nos muestran como enemigos o los que se ostentan como autoridades y muchas veces están dentro de las mismas corporaciones policíacas.
A los ciudadanos no resulta increíble que, de un día para otro que elementos de la PGJE, detenga a los presuntos culpables, en muchas ocasiones hemos denunciado que al gobierno del estado no le interesa combatir la inseguridad. Cuando ocurren crímenes como los recientes en Tacotalpa, lo que le interesa a las autoridades es aparecer en los medios de comunicación con un grupo de detenidos, para ofrecer una imagen de efi ciencia que están muy lejos de tener.
Desgraciadamente muchas veces las personas detenidas son inocentes, se declaran culpables y fi rman una declaración de culpabilidad porque son víctimas de tortura. Prueba de ello, mencionó, es que el último informe de Human Rigth Watch sobre México, emitido hace alrededor de seis u ocho meses, ubica a Tabasco en el cuarto lugar de práctica de tortura y destaca que es precisamente gente de la PGJE la que mayoritariamente comete ese delito. La PGJE exhibió “con bombo y platillo” a los supuestos responsables de los primeros cuatro homicidios y de los cuatro últimos, pero los habitantes de ese municipio siguen aterrados ¿por qué? porque sabe que los detenidos pueden ser solo chivos expiatorios, para justifi car el actuar de las autoridades.
Cuando el caso de los cuatro menores asesinados, en varias ocasiones Codehutab planteó que pudiera ser que los detenidos no fueran los verdaderos responsables y resultó tan cierto que, de lo contrario, no hubieran ocurrido estos últimos. Es posible que los verdaderos delincuentes sigan libres, que los habitantes de esas comunidades “sigan durmiendo con el enemigo” y eso las autoridades lo saben, pero ni siquiera por ello, toman previsiones para garantizar seguridad a los habitantes de ese municipio.
No hay que olvidar que cuando el primer asesinato múltiple, salió a relucir que meses atrás habían llegado fuereños a tomar fotografías y regalar dulces y dinero a los niños y las autoridades no continuaron investigando esas pistas. Ahora se cometen tres feminicidios y el asesinato de un joven y los hechos solo quedan en un suceso mediático, no se ha buscado la raíz del problema, esto es altamente peligrosos, porque no podemos descartar que en un futuro inmediato la ola de crímenes en esa zona continúe.
De los últimos cuatro últimos crímenes, hay tres claros feminicidios ¿Es posible que en estos casos se aplique la reforma al Código Penal que los tipifi ca como tales? Se le preguntó al abogado.
Conociendo el funcionamiento de la PGJE, respondió el representante del Codehutab, me atrevería a decir que no, los presuntos culpables simplemente serán sometidos a un proceso de homicidio califi cado, no por feminicidio. Por un lado, les falta a los agentes de los ministerios públicos experiencia en el manejo del tema de equidad y género y feminicidios, así que lo más probable es que sigan aplicando el Código Penal, y eso nos indicaría que una cosa es disponer de una ley y otra lo que en la práctica las autoridades hacen.
Sin embargo lo más delicado es que no existe la certeza jurídica de que las personas detenidas sean las responsables de los crímenes, eso es lo peor. También peligroso y preocupante es que si los inculpados no son los responsables, no sabemos si, la ola de crímenes continuará.
