A esta dañina serie de acciones en el campo penal y judicial, le han llamado “la puerta giratoria” del Sistema Penal. No se procura justicia; sea el delincuente, El Mochomo, o El Mencho o la madre y el padre de El Marro, o políticos corruptos que nunca fueron detenidos aunque hubiese órdenes de aprehensión en su contra. Es más extraño y difícil ver liberado a los tres días al delincuente común (no llegaron al precio).
Es una catástrofe que viene desde hace décadas, que ocasiona que nadie confié en la autoridad penal y desestimula la cultura de la denuncia. Se recrudeció en los últimos doce años al imponerse un entramado legal para simular procuración de justicia, aplicando un Código Procesal único y conservando las competencias de fuero local y federal.
En el Sistema de Justicia Procesal Penal hay una figura propiciatoria de esta corruptela. Y se escuda en la “autonomía” del Poder Judicial; junto a ella, otra simulación se ha impuesto: todas las Procuradurías, antes dependientes del Poder Ejecutivo, fueron convertidas en “autónomas” sean Procuradurías o Fiscalías y no se les impuso enfrente un medio de control y rendición de cuentas de su trabajo.
Un novedoso cártel delictivo se enseñorea en el Sistema de Justicia Penal. Ese ineficiente e inútil procedimiento penal impuesto por la perversidad de los gobiernos neoliberales resultó ser una cloaca de corruptelas e impunidad: Jueces de Control y Defensores, se dedican a vender los llamados “Procedimientos Abreviados”.
Previo pago que les hace el delincuente imputado, el Defensor de Oficio y en acuerdo y con la autorización de los mafiosos Jueces de Control, le ofrecen “condenas mínimas” y no llevarlos a Juicio Oral. Una vez que el Juez de Control “amarra” el caso (o el negocio) en la Audiencia de Vinculación, el delincuente es “liberado” y nunca llega a Juicio. No todos los jueces. Ni todos los Defensores de Oficio, diría el clásico: pero si la mayoría de ellos.
El delincuente se va a la calle para seguir delinquiendo con la autorización extrajudicial del Juez de Control y convertido en “esclavo” o cliente de esa mafia. Resulta ser, que el artificio del Procedimiento Abreviado es ya el PPV de Jueces de Control y Defensores (de Oficio y particulares). El delincuente seguirá delinquiendo nada más que ahora lo hará con más cuidado para evitar ser descubierto y atrapado.
El delincuente así liberado cuenta con el hecho evidente de que, si por varios años delinquió y no fue descubierto hasta que le tocó en suerte caer, así puede seguir delinquiendo confiando en la inoperancia policial y de los investigadores del delito y que si aguza sus cuidados y actos para delinquir no caerá nuevamente.
Aquí no importa si el delito y el delincuente son del fuero común o del federal. La “puerta giratoria” opera por igual.
Protagonistas centrales de esta mafia de agigantada corrupción e impunidad son dos figuras incrustadas en el Proceso Penal: el insignificante Juez de Control y su aliado el Defensor de Oficio. Si en esa entente mafiosa logran insertar a un Agente del Ministerio Público, la tercia se completa de manera redonda.
Por esa razón, los Jueces del Control y sus socios (los Defensores), impulsan, procuran, exigen y reclaman se hagan Procedimientos Abreviados y no se llegue a Juicio Oral.
El negocio y la corruptela está en la “venta” de la apertura de un Procedimiento Abreviado, para evitar que el delincuente sea enjuiciado y darle la libertad con una condena mínima. Esto es: uno de los principales enemigos de los Juicios Orales son los Jueces de Control.
El Sistema Procesal Penal se ha convertido, por obra y gracia de este cártel de los Jueces de Control, en la gallina que pone huevos de oro; cada Procedimiento Abreviado que impulsa un Juez de Control y su socio el Defensor, se ha vuelto un “huevo de oro” puesto en la canasta de la gallinita.
Con estas prácticas de corrupción en el procedimiento penal, los Jueces de Control y aquellos que están en estas corruptelas, dañan seriamente la procuración y la administración de justicia.
Las perversidades del Procedimiento Abreviado impactan a favor de la impunidad y permite el fomento y la perpetración de delitos electorales, corrupción, hidrocarburos, narcomenudeo o tráfico de humanos.
Todo el esfuerzo que se está realizando en reformas legales para impedirlos, como la reforma al Artículo 9 Constitucional y volver graves (de Prisión Preventiva Oficiosa) ciertos delitos, se va a la basura y no será logro alguno.
Mientras no se corrija esta atroz anomalía y se sancione y castigue a quienes perpetran esta práctica delictiva, la 4ª Transformación del Presidente López Obrador se topará con muro. Aunque haga berrinches y pataletas.
