Como se las gastan los Jueces, Ministros y Magistrados. ¿Qué pasa si el Juez de Distrito ofreció la no extradición a EEUU, dejar al reo en una cárcel mexicana mediante cualquier subterfugio legal (prisión que por muy de alta seguridad que sea, no es ni un veinte por ciento de severa que la más suave del vecino del norte) y no cumplió (pues el reo fue extraditado)?
No se justifica la muerte de nadie a mano armada; sea o no, su asesino, miembro del crimen organizado. Menos se justifica que un juez se vincule con el crimen organizado. No estoy afirmando que el crimen organizado haya asesinado al Juez de Distrito Villegas Ortiz, tampoco que el muerto haya tenido vínculos con el crimen organizado.
Por el lamentable asesinato en Colima del Juez de Distrito, Uriel Villegas, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia se rasgó las vestiduras.
Como si los asesinos del Juez de Distrito tuviesen algún “derecho” a reclamarle al juez de Distrito asesinado y los miembros de las bandas de delincuencia organizada no tuviesen como arma la violencia, en una intervención fuera de tono y sin sentido, expresó el Ministro: “Tenemos que decir con contundencia un ‘no a la violencia’, tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y a través de los instrumentos que un Estado democrático establece.”
Pero no es la primera vez que asesinan a un Juez o Magistrado. Es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que preside el Ministro, la de establecer controles, supervisión, vigilancia y protección física a sus funcionarios. Es obligación del Poder Judicial de la Federación garantizar la seguridad personal y física de sus jueces, magistrados, ministros y empleados- Pero al Ministro Presidente eso le ha importado un bledo.
Es su obligación, cuando menos, estatuir un sistema que permita que la identidad del juez que juzga, libera o condena, no se conozca por las partes en asuntos donde se implican personajes relacionados con la delincuencia organizada. Pero no lo ha hecho. Solo por citar cuatro ejemplos: en Italia, en Colombia, en Perú y en Brasil, los jueces que juzgan a los miembros de bandas de delincuencia organizada son jueces ocultos (coloquialmente llamados “jueces sin rostro”). Figura controvertida, pero existente.
Todo asesinato es lamentable, pero yo me lamentaría mil veces más por el artero crimen de la esposa de ese Juez que por la del de Distrito. Sé que usted se dará cuenta de la causa de su asesinato.
Se quiere hacer pasar como que fue una venganza del crimen organizado, porque emitió fallos en contra de miembros de ellos. Ciertamente emitió resoluciones vinculadas con integrantes de grupos delictivos, entre ellos Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fallos vinculado a, pero no en contra de.
El Menchito fue detenido el 23 de junio de 2015 en Zapopan, Jalisco y remitido al Penal por el Juez Cuarto de Control, quien giro la orden de aprehensión y lo encarcelo. No el Juez de Distrito Villegas Ortiz, recién asesinado.
Aquí viene el dato: el juez de Distrito Villegas Ortiz exigió lo trasladaran al Penal del Altiplano de donde fue liberado por falta de pruebas, Y en 2018, cuando se desempeñaba como Juez Sexto de distrito en procesos penales en Jalisco, en sus resoluciones exigió a las autoridades federales trasladar al hijo de El Mencho al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, en Puente Grande, Jalisco. La intención era protegerlo en Jalisco y obstaculizar su extradición a EEUU.
En el Exp 410/2018, el 20 de septiembre de 2018, a El Menchito el Tribunal colegiado le revocó la sentencia de cárcel y le amparó. El Menchito fue transferido de la prisión federal número 15 en Chiapas, donde se encontraba recluido, al Cefereso número 11 en Hermosillo, Sonora. Terminaba el sexenio de Peña Nieto. Sacaron al Juez de Distrito Villegas Ortiz, de Jalisco a Colima.
Todo iba bien, tanto para el Juez de Distrito como para El Menchito: no iba a ser extraditado y se quedaría en un Penal “flan” en el territorio del país.
Pero la DEA y el gobierno de EEUU, presionaron al gobierno del país. Que a partir de diciembre de 2018, tenía nuevo Presidente.
Finalmente, el 20 de febrero de 2020, El Menchito fue extraditado a EEUU, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.
Luego, el martes 16 de junio de 2020, asesinaron al Juez de Distrito y a su esposa en Colima. Si hubiese una cartulina en el pecho del Juez de Distrito, parecería decir: Recibiste, no cumpliste lo que prometiste, te toca entierro.
Pero el Ministro Presidente de la Corte, se atreve a hablar de “crimen de Estado” cuando él es el responsable de la seguridad física de sus juzgadores aunque no de su honestidad e incorruptibilidad.Mas este asesinato de juez, y por similares motivos, no es el primero en acaecer. Se recuerda el del juez Quinto de Distrito, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, con residencia jurisdiccional en Toluca, asesinado el lunes 17 de octubre de 2016,
¿Ha hecho algo el Ministro Presidente para estatuir un régimen de protección a sus juzgadores, sean corruptos, deshonestos y mañosos, o no? Y no hablo aquí de la controvertida figura de los “jueces sin rostro”.
No se justifica la muerte de nadie a mano armada; sea o no, su asesino, miembro del crimen organizado. Menos se justifica que un juez se vincule con el crimen organizado. No estoy afirmando que el crimen organizado haya asesinado al Juez de Distrito Villegas Ortiz, tampoco que el muerto haya tenido vínculos con el crimen organizado.
Por el lamentable asesinato en Colima del Juez de Distrito, Uriel Villegas, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia se rasgó las vestiduras.
Como si los asesinos del Juez de Distrito tuviesen algún “derecho” a reclamarle al juez de Distrito asesinado y los miembros de las bandas de delincuencia organizada no tuviesen como arma la violencia, en una intervención fuera de tono y sin sentido, expresó el Ministro: “Tenemos que decir con contundencia un ‘no a la violencia’, tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y a través de los instrumentos que un Estado democrático establece.”
Pero no es la primera vez que asesinan a un Juez o Magistrado. Es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que preside el Ministro, la de establecer controles, supervisión, vigilancia y protección física a sus funcionarios. Es obligación del Poder Judicial de la Federación garantizar la seguridad personal y física de sus jueces, magistrados, ministros y empleados- Pero al Ministro Presidente eso le ha importado un bledo.
Es su obligación, cuando menos, estatuir un sistema que permita que la identidad del juez que juzga, libera o condena, no se conozca por las partes en asuntos donde se implican personajes relacionados con la delincuencia organizada. Pero no lo ha hecho. Solo por citar cuatro ejemplos: en Italia, en Colombia, en Perú y en Brasil, los jueces que juzgan a los miembros de bandas de delincuencia organizada son jueces ocultos (coloquialmente llamados “jueces sin rostro”). Figura controvertida, pero existente.
Todo asesinato es lamentable, pero yo me lamentaría mil veces más por el artero crimen de la esposa de ese Juez que por la del de Distrito. Sé que usted se dará cuenta de la causa de su asesinato.
Se quiere hacer pasar como que fue una venganza del crimen organizado, porque emitió fallos en contra de miembros de ellos. Ciertamente emitió resoluciones vinculadas con integrantes de grupos delictivos, entre ellos Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fallos vinculado a, pero no en contra de.
El Menchito fue detenido el 23 de junio de 2015 en Zapopan, Jalisco y remitido al Penal por el Juez Cuarto de Control, quien giro la orden de aprehensión y lo encarcelo. No el Juez de Distrito Villegas Ortiz, recién asesinado.
Aquí viene el dato: el juez de Distrito Villegas Ortiz exigió lo trasladaran al Penal del Altiplano de donde fue liberado por falta de pruebas, Y en 2018, cuando se desempeñaba como Juez Sexto de distrito en procesos penales en Jalisco, en sus resoluciones exigió a las autoridades federales trasladar al hijo de El Mencho al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, en Puente Grande, Jalisco. La intención era protegerlo en Jalisco y obstaculizar su extradición a EEUU.
En el Exp 410/2018, el 20 de septiembre de 2018, a El Menchito el Tribunal colegiado le revocó la sentencia de cárcel y le amparó. El Menchito fue transferido de la prisión federal número 15 en Chiapas, donde se encontraba recluido, al Cefereso número 11 en Hermosillo, Sonora. Terminaba el sexenio de Peña Nieto. Sacaron al Juez de Distrito Villegas Ortiz, de Jalisco a Colima.
Todo iba bien, tanto para el Juez de Distrito como para El Menchito: no iba a ser extraditado y se quedaría en un Penal “flan” en el territorio del país.
Pero la DEA y el gobierno de EEUU, presionaron al gobierno del país. Que a partir de diciembre de 2018, tenía nuevo Presidente.
Finalmente, el 20 de febrero de 2020, El Menchito fue extraditado a EEUU, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.
Luego, el martes 16 de junio de 2020, asesinaron al Juez de Distrito y a su esposa en Colima. Si hubiese una cartulina en el pecho del Juez de Distrito, parecería decir: Recibiste, no cumpliste lo que prometiste, te toca entierro.
Pero el Ministro Presidente de la Corte, se atreve a hablar de “crimen de Estado” cuando él es el responsable de la seguridad física de sus juzgadores aunque no de su honestidad e incorruptibilidad.Mas este asesinato de juez, y por similares motivos, no es el primero en acaecer. Se recuerda el del juez Quinto de Distrito, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, con residencia jurisdiccional en Toluca, asesinado el lunes 17 de octubre de 2016,
¿Ha hecho algo el Ministro Presidente para estatuir un régimen de protección a sus juzgadores, sean corruptos, deshonestos y mañosos, o no? Y no hablo aquí de la controvertida figura de los “jueces sin rostro”.
