Hace
más de un año me pregunté cómo evaluar la guerra contra el crimen organizado.
Los gobiernos federal y estatal desde el inicio del gobierno del presidente
Felipe Calderón han inundado los medios con spots que ponderan los avances de
los gobiernos contra el crimen especialmente contra el narcotráfico y demás
variantes del llamado crimen organizado. Con todo, es posible afirmar que las
interrogantes superan las certezas. Existen elementos que sustentan lo que aquí
afirmo. Veamos.
Primero. En estos últimos cuatro años los
spots gubernamentales mezclan verdades con mentiras que, en lugar de informar a
la sociedad, empezaron por confundirla y han terminado por generar escepticismo
de manera creciente. Los spots formulan asertos que buscan posicionar la
percepción de avances concretos en esta “guerra”. No lo logran por dos razones:
a) Porque la realidad que “vende” la propaganda entra en colisión con las
percepciones, las experiencias y las informaciones de los medios sobre lo que
sucede a lo largo y a lo ancho del territorio nacional; y b) Porque no existe
una vitrina metodológica mínima que explique el contexto y el significado de
que las autoridades federales hayan detenido a cinco o cincuenta presuntos
responsables de conductas ilícitas. ¿Son muchos o pocos? ¿Cuál es el universo
de la delincuencia identificada y cómo se obtuvieron los datos de ese universo?
El decomiso de 50 toneladas de droga puede ser muchísimo si el tráfico o
trasiego de drogas es de 100 toneladas al año. No es nada o muy poco, sin
embargo, si ese tráfico es de 1000 o más.
La información sin contexto en lugar de
aclarar desinforma y acaba por colocar a los gobiernos en una posición de
incredibilidad frente a la sociedad, lo que no es menor. El gobierno del
presidente Calderón afirma que en el pasado se habían formulado acuerdos con el
crimen organizado. Además de su dicho y versiones distintas, no hay evidencia
empírica que sustente lo que se afirma. En modo alguno defiendo a los gobiernos
priistas, pero creo firmemente que el que afirma tiene la carga de probar sus
asertos.
Segundo. Del 2007 al 2011 se ha
registrado un incremento sustantivo del presupuesto federal y de los estados al
rubro de seguridad. ¿Cómo medir si ese
incremento presupuestal se ha traducido en mejores y mayores resultados?
¿Cuáles son los indicadores que permitan crear un índice nacional para saber si
vamos mejor o no? ¿Cómo saber si el incremento del presupuesto ha impactado la
capacitación, la formación en derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza?
¿En qué casos debe utilizarse la fuerza y cuáles son los protocoles que
permitan generar acuerdos entre las fuerzas del orden y la sociedad en el
sentido de qué es lo adecuado y qué no lo es? Una herramienta para saber si se
cuentan con esos indicadores es derecho de acceso a la información
pública. Para saber, sin embargo, no
basta el acceso a la información pública por sí mismo. Hay que saber qué
preguntar.
En otras palabras no se puede llegar al
objetivo, sino sabemos cuál es la meta o qué se busca. De esta suerte, se requiere contar con dos
grandes instrumentos: a) Identificar y validar qué se busca y por qué y b)
Aprovechar el derecho de acceso como medio para lograr los fines. A esas tareas he dedicado mis esfuerzos en
casi dos años con la colaboración de un equipo interdisciplinar y con la
asesoría de expertos en seguridad y derechos humanos como el Dr. Jorge Carpizo.
El ejercicio está demostrando ser
revelador porque, salvo contadas excepciones, las áreas de seguridad pública y
las procuradurías no tienen indicadores propios; es decir, que no sean sólo
cuantitativos a imagen y semejanza de cualquier otra dependencia o entidad de
Tercero. En materia de transparencia el
problema es similar. Lo que es público en algunas dependencias y entidades en
otras es clasificado como reservado o confidencial o ambos. No hay tampoco aquí
una masa crítica de qué debe informarse y de qué no y por qué sí o por qué no.
La ocurrencia en muchas ocasiones sustituye la planeación estratégica. Es obvio
que el objetivo básico es observar la ley para garantizar la paz social. El
problema es cómo lograr ese objetivo. ¿Es mejor tener resultados violando los
derechos humanos o deben respetarse los derechos humanos sacrificando
resultado? O mejor aún ¿Cómo lograr una razonable armonía entre resultados y el
respeto a los derechos humanos que es el mandato de
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