satisfecho con que el presidente de los Estados Unidos anuncia, a su país y al mundo, el asesinato por orden expresa suya, del “terrorista más buscado del mundo”, Osama Bin Laden. Pero me desazona más aún, si cabe, la reacción mundial: una desvergonzada competencia entre Jefes de Estado y de gobierno, medios de comunicación, jerarcas religiosos, figuras públicas, analistas políticos influyentes, etc., por ganar el primer lugar en el ánimo del poderoso, por arrancarle una sonrisa de aprobación o una palmadita en el hombro. Nadie ha resistido a la tentación de exhibirse como el más decidido partidario de la “enérgica” medida del presidente Obama y como irreconciliable enemigo del “terrorismo” y los crímenes de Bin Laden. Con idéntica actitud, los más importantes medios de comunicación de México y del mundo nos informan, noche a noche, que los “heroicos” bombardeos de la OTAN contra Libia han cambiado de objetivo: ya no se trata de “contener a las fuerzas armadas de Gadafi” para proteger “a civiles inocentes”; ahora se busca, abierta y desembozadamente, asesinar al “dictador” y a toda su familia, erradicar su simiente de la faz de la tierra, como si se tratara de una sentencia bíblica. Con toda naturalidad, sin que se altere un sólo músculo en el rostro de los comunicadores, nos cuentan del reciente asesinato de uno de los hijos adultos de Gadafi, así como de dos de sus nietos (niños seguramente), en un ataque de la OTAN dirigido contra la residencia familiar, civil, del gobernante; y precisan, con ironía, que éste no asistió a los funerales “dizque por razones de seguridad”. No me cansaré de repetir, porque nunca sobra y porque es necesario, además, evitar malos entendidos y quizá riesgos mayores, que yo, como cualquier ciudadano común en su sano juicio, no puedo oponerme a la persecución y severo castigo de quienes infringen la ley, de quienes violentan las normas de convivencia pacífica en México y en el mundo entero.
Mi duda y mi consternación proceden de otra causa, a mi juicio mucho menos obvia y no menos importante que el castigo a criminales despiadados y relapsos, a saber: ¿hay verdadera justicia en el asesinato intencional, planeado con toda premeditación, alevosía y ventaja (aunque se haga desde el poder público y en nombre de una nación agraviada) de un presunto criminal, por feroz que se le suponga, sin juicio previo, es decir, sin haberle dado la oportunidad de defenderse? ¿Es suficiente prueba de convicción la unanimidad mediática, casi siempre inducida por los mismos acusadores que son también los dueños de los medios, para dar por probada la culpabilidad de un acusado, sea quien sea y cualquiera que sea la gravedad de su presunta culpa? En pocas palabras: ¿es legal y justo que un acusador, por poderoso que sea, asuma el papel de fiscal, juez y verdugo, o sea, ejecutor de la sentencia dictada por el mismo en su propia causa? ¿En qué ley, acuerdo internacional o tribunal mundial se fundan tales “ejecuciones”? ¿No es esto revivir la vieja sentencia de todos los dictadores de la historia, según la cual “quien tiene la fuerza, para nada necesita la ley? Y en México, hay que ver a los fariseos que noche a noche se rasgan las vestiduras y echan ceniza sobre sus cabezas ante cada “capo” que “cae en manos de la justicia”; hay que ver con qué saña y en que agresivo tono lo interrogan, los acorralan, pasando por alto las brutales huellas de tortura y golpes que presentan no pocas veces los detenidos, dando por sentada su culpabilidad sin mayores trámites.
No conformes con eso, a continuación se sueltan declamando una detallada historia, sorprendentemente completa e informada, de la “vida y milagros de los detenidos”, abonando con ello su culpabilidad y ayudando a hundirlos en la cárcel, sin tomar en cuenta que no pueden defenderse del abusivo ataque mediático. Y todo esto queda justificado a los ojos de los informadores (y no pocas veces, desgraciadamente, a los del público influido por ellos) porque se trata de “bestias humanas”, de “criminales desalmados” que torturan y descuartizan a sus víctimas “sin ningún escrúpulo ni piedad”, es decir, dando por sentado lo que deberían probar.
No sobra insistir: nadie, salvo un loco o un cómplice de los delincuentes, puede objetar la persecución y el castigo de tales crímenes. La cuestión es otra, muy real y muy actual en un país donde la fabricación de chivos expiatorios no es precisamente una rareza: ¿Es auténtica la culpabilidad de los detenidos y “presentados”? ¿Cómo y cuándo se habría demostrado eso, si la presentación ante los medios es siempre anterior al juicio correspondiente? Y sobre el tema de hoy, ¿por qué los informadores, que tan severos se muestran con los horrendos asesinatos del narco, se muestran tan complacidos con un asesinato igualmente brutal e igualmente ilegal como el de Bin Laden? ¿Por qué su ardorosa defensa de la seguridad de “las familias mexicanas” no les da para exigir lo mismo en el caso dela familia Gadafi? ¿Acaso no son seres humanos, y civiles además, en cuyo nombre se justifica el bombardeo de la OTAN? Resulta obvia la doble moral, la doble medida para juzgar hechos de idéntica naturaleza: aplausos y elogios cuando quienes asesinan al margen de la ley son los dueños del dinero y del poder; condena severa, e incluso anticipada, cuando se trata de delincuentes comunes.
Esta doble moral, que impulsa el uso de la fuerza al margen del derecho para proteger los intereses y la estabilidad del sistema, tarde o temprano se volverá contra sus promotores; pero enseguida, fatalmente, lo hará contra todos nosotros. Por eso es un deber levantar la voz y denunciarla hoy, sin oportunismos ni acomodos políticos, aunque se nos acuse de defender a “monstruos” del crimen como Gadafi o Bin Laden.
Mi duda y mi consternación proceden de otra causa, a mi juicio mucho menos obvia y no menos importante que el castigo a criminales despiadados y relapsos, a saber: ¿hay verdadera justicia en el asesinato intencional, planeado con toda premeditación, alevosía y ventaja (aunque se haga desde el poder público y en nombre de una nación agraviada) de un presunto criminal, por feroz que se le suponga, sin juicio previo, es decir, sin haberle dado la oportunidad de defenderse? ¿Es suficiente prueba de convicción la unanimidad mediática, casi siempre inducida por los mismos acusadores que son también los dueños de los medios, para dar por probada la culpabilidad de un acusado, sea quien sea y cualquiera que sea la gravedad de su presunta culpa? En pocas palabras: ¿es legal y justo que un acusador, por poderoso que sea, asuma el papel de fiscal, juez y verdugo, o sea, ejecutor de la sentencia dictada por el mismo en su propia causa? ¿En qué ley, acuerdo internacional o tribunal mundial se fundan tales “ejecuciones”? ¿No es esto revivir la vieja sentencia de todos los dictadores de la historia, según la cual “quien tiene la fuerza, para nada necesita la ley? Y en México, hay que ver a los fariseos que noche a noche se rasgan las vestiduras y echan ceniza sobre sus cabezas ante cada “capo” que “cae en manos de la justicia”; hay que ver con qué saña y en que agresivo tono lo interrogan, los acorralan, pasando por alto las brutales huellas de tortura y golpes que presentan no pocas veces los detenidos, dando por sentada su culpabilidad sin mayores trámites.
No conformes con eso, a continuación se sueltan declamando una detallada historia, sorprendentemente completa e informada, de la “vida y milagros de los detenidos”, abonando con ello su culpabilidad y ayudando a hundirlos en la cárcel, sin tomar en cuenta que no pueden defenderse del abusivo ataque mediático. Y todo esto queda justificado a los ojos de los informadores (y no pocas veces, desgraciadamente, a los del público influido por ellos) porque se trata de “bestias humanas”, de “criminales desalmados” que torturan y descuartizan a sus víctimas “sin ningún escrúpulo ni piedad”, es decir, dando por sentado lo que deberían probar.
No sobra insistir: nadie, salvo un loco o un cómplice de los delincuentes, puede objetar la persecución y el castigo de tales crímenes. La cuestión es otra, muy real y muy actual en un país donde la fabricación de chivos expiatorios no es precisamente una rareza: ¿Es auténtica la culpabilidad de los detenidos y “presentados”? ¿Cómo y cuándo se habría demostrado eso, si la presentación ante los medios es siempre anterior al juicio correspondiente? Y sobre el tema de hoy, ¿por qué los informadores, que tan severos se muestran con los horrendos asesinatos del narco, se muestran tan complacidos con un asesinato igualmente brutal e igualmente ilegal como el de Bin Laden? ¿Por qué su ardorosa defensa de la seguridad de “las familias mexicanas” no les da para exigir lo mismo en el caso dela familia Gadafi? ¿Acaso no son seres humanos, y civiles además, en cuyo nombre se justifica el bombardeo de la OTAN? Resulta obvia la doble moral, la doble medida para juzgar hechos de idéntica naturaleza: aplausos y elogios cuando quienes asesinan al margen de la ley son los dueños del dinero y del poder; condena severa, e incluso anticipada, cuando se trata de delincuentes comunes.
Esta doble moral, que impulsa el uso de la fuerza al margen del derecho para proteger los intereses y la estabilidad del sistema, tarde o temprano se volverá contra sus promotores; pero enseguida, fatalmente, lo hará contra todos nosotros. Por eso es un deber levantar la voz y denunciarla hoy, sin oportunismos ni acomodos políticos, aunque se nos acuse de defender a “monstruos” del crimen como Gadafi o Bin Laden.
