El 13 de agosto del 2010 nació el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (CCTSLP) por un decreto del Gobernador y con una integración formalmente plural. Participan rectores de universidades públicas y privadas, asociaciones profesionales, organizaciones empresariales e iglesias.
Por regla general, de estas instituciones no se espera gran cosa porque suelen servir como entes de legitimación social de un gobierno. Por fortuna, el CCTSLP está demostrando ser una honrosa excepción.
Veamos por qué. Primero. Con fecha 29 de diciembre del 2010 el portal del CCTSLP registró tres denuncias en las que se señalaban irregularidades graves en 5 licitaciones públicas nacionales de proyectos de construcción identificadas con los números 53007001-027-10, 53007001-031-10, 53007001-034, 53007001-035-10 y 53007001- 037-10, todas ellas convocadas, publicadas y elaboradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de San Luis Potosí (SEDUVOP) a cargo de Luis Alfonso Nava Calvillo, tal y como lo establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. También participaron los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez por tratarse de obras relacionadas con las franjas territoriales de esos municipios.
El CCTSLP decidió atender y dar seguimiento a las denuncias en cuestión. El organismo ciudadano concluyó su investigación el 23 de marzo del 2011 en la cual encontró irregularidades en la asignación de los ganadores de todas las licitaciones revisadas. A simple vista el sistema de puntuación seguido por la SEDUVOP da la apariencia de transparencia.
Pero es sólo eso: una apariencia. Al estudiar los criterios de asignación y valoración de puntos con base al cumplimiento de las convocatorias de dichas licitaciones, el CCTSLP encontró gravísimos sobreprecios de las empresas ganadoras en relación a las que debieron haber ganado bajo la lógica de las mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado. Segundo.
El sobreprecio de una obra pública es el resultado, salvo prueba en contrario, del costo de la corrupción en perjuicio del erario para beneficio de servidores públicos y particulares. En la licitación53007001- 027-10 el presupuesto de la empresa ganadora del concurso fue de $ 1, 457,998.20 debiendo adjudicarse a la empresa que de acuerdo a las bases de licitación ofreció llevar a cabo la obra con idénticas características por $ 839, 810.71. Hay aquí un sobreprecio de $618, 810,71 pesos.
En la licitación 53007001-031-10 el monto presupuestado por la empresa ganadora fue de $ 1, 267, 581. 28 y la que debió haber ganado era de $ 499, 629.31. El costo del sobreprecio fue de $767, 951.97. En la licitación 53007001-034 el precio de la empresa a la que se adjudicó el proyecto fue de $ 2, 562, 482.44 y en este caso no se pudo hacer la comparación porque la SEDUVOP descalificó a las otras empresas concursantes bajo el argumento de que les faltó “documentación”. En la licitación 53007001-035-10 el presupuesto de la empresa ganadora adjudicada fue de $ 3, 580, 416.15 debiendo haber sido para la empresa que ofreció llevar a cabo el proyecto por $798, 579,29. Aquí el sobreprecio fue de más del 400 por ciento; es decir, $ 2, 781, 836.86. En la licitación 53007001-037-10 el presupuesto de la empresa ganadora ascendió a $ 2, 570, 582.65 debiendo haberse adjudicado a la empresa que presupuestó por el mismo servicio $740, 548.49. Se registra en esta licitación un sobreprecio de más del 300 por ciento al haber una diferencia de $ 1, 830, 034. 16.
La suma total adjudicada en los 5 procesos licitatorios objeto de investigación fue de $ 11, 439, 060.72 debiendo adjudicarse por un monto sustanvialmengte menor. Tercero. Por si lo anterior fuera poco, el CCTSLP - que preside José Mario de la Garza Marroquín, un exitoso abogado corporativo sin negocio alguno con el gobierno y a quien conozco de cerca porque fue el autor y promotor de la ley de transparencia en San Luis Potosí-, al hacer una revisión de antecedentes de las empresas ganadoras descubrió, por ejemplo, que una de las sociedades beneficiadas, “Proyectos, Construcción y Supervición (Sic) de obras Galcarri, S.A. de C.V.” no tenía antecedentes de haber realizado proyectos similares, no estaba registrada en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y su domicilio resultó ser una modesta casa semi abandonada. Aun así, esta empresa resultó ganadora de licitaciones por un total de $ 6, 150, 998.70 debiendo haber ganado la empresa que ofreció realizar igual proyecto por $ 1, 539, 127.70. El sobreprecio fue de $ 4, 611, 871.00, casi 400 por ciento más. Esta investigación pone de relieve que el “diezmo” es sólo un mito. La corrupción con datos duros es muchísimo mayor que el 10 por ciento promedio. Todo lo anterior está ya en manos del Contralor General del Estado, Alfonso Francisco Anaya Olalde, quien tendrá que decidir entre aplicar la ley y honrar el sentido de la transparencia y la honestidad en San Luis Potosí o dejar pasar las cosas apostando al olvido de la memoria colectiva. Si prospera esta segunda hipótesis se pasaría de la transparencia al cinismo y del Estado de derecho a la impunidad, sin consecuencias para quien viole la ley además de enviar un mensaje de incentivos a la corrupción porque al final del día no pasa nada. Veremos. Evillanueva99@yahoo.com Twitter: @evillanuevamx
Por regla general, de estas instituciones no se espera gran cosa porque suelen servir como entes de legitimación social de un gobierno. Por fortuna, el CCTSLP está demostrando ser una honrosa excepción.
Veamos por qué. Primero. Con fecha 29 de diciembre del 2010 el portal del CCTSLP registró tres denuncias en las que se señalaban irregularidades graves en 5 licitaciones públicas nacionales de proyectos de construcción identificadas con los números 53007001-027-10, 53007001-031-10, 53007001-034, 53007001-035-10 y 53007001- 037-10, todas ellas convocadas, publicadas y elaboradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de San Luis Potosí (SEDUVOP) a cargo de Luis Alfonso Nava Calvillo, tal y como lo establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. También participaron los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez por tratarse de obras relacionadas con las franjas territoriales de esos municipios.
El CCTSLP decidió atender y dar seguimiento a las denuncias en cuestión. El organismo ciudadano concluyó su investigación el 23 de marzo del 2011 en la cual encontró irregularidades en la asignación de los ganadores de todas las licitaciones revisadas. A simple vista el sistema de puntuación seguido por la SEDUVOP da la apariencia de transparencia.
Pero es sólo eso: una apariencia. Al estudiar los criterios de asignación y valoración de puntos con base al cumplimiento de las convocatorias de dichas licitaciones, el CCTSLP encontró gravísimos sobreprecios de las empresas ganadoras en relación a las que debieron haber ganado bajo la lógica de las mejores condiciones técnicas y económicas para el Estado. Segundo.
El sobreprecio de una obra pública es el resultado, salvo prueba en contrario, del costo de la corrupción en perjuicio del erario para beneficio de servidores públicos y particulares. En la licitación53007001- 027-10 el presupuesto de la empresa ganadora del concurso fue de $ 1, 457,998.20 debiendo adjudicarse a la empresa que de acuerdo a las bases de licitación ofreció llevar a cabo la obra con idénticas características por $ 839, 810.71. Hay aquí un sobreprecio de $618, 810,71 pesos.
En la licitación 53007001-031-10 el monto presupuestado por la empresa ganadora fue de $ 1, 267, 581. 28 y la que debió haber ganado era de $ 499, 629.31. El costo del sobreprecio fue de $767, 951.97. En la licitación 53007001-034 el precio de la empresa a la que se adjudicó el proyecto fue de $ 2, 562, 482.44 y en este caso no se pudo hacer la comparación porque la SEDUVOP descalificó a las otras empresas concursantes bajo el argumento de que les faltó “documentación”. En la licitación 53007001-035-10 el presupuesto de la empresa ganadora adjudicada fue de $ 3, 580, 416.15 debiendo haber sido para la empresa que ofreció llevar a cabo el proyecto por $798, 579,29. Aquí el sobreprecio fue de más del 400 por ciento; es decir, $ 2, 781, 836.86. En la licitación 53007001-037-10 el presupuesto de la empresa ganadora ascendió a $ 2, 570, 582.65 debiendo haberse adjudicado a la empresa que presupuestó por el mismo servicio $740, 548.49. Se registra en esta licitación un sobreprecio de más del 300 por ciento al haber una diferencia de $ 1, 830, 034. 16.
La suma total adjudicada en los 5 procesos licitatorios objeto de investigación fue de $ 11, 439, 060.72 debiendo adjudicarse por un monto sustanvialmengte menor. Tercero. Por si lo anterior fuera poco, el CCTSLP - que preside José Mario de la Garza Marroquín, un exitoso abogado corporativo sin negocio alguno con el gobierno y a quien conozco de cerca porque fue el autor y promotor de la ley de transparencia en San Luis Potosí-, al hacer una revisión de antecedentes de las empresas ganadoras descubrió, por ejemplo, que una de las sociedades beneficiadas, “Proyectos, Construcción y Supervición (Sic) de obras Galcarri, S.A. de C.V.” no tenía antecedentes de haber realizado proyectos similares, no estaba registrada en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y su domicilio resultó ser una modesta casa semi abandonada. Aun así, esta empresa resultó ganadora de licitaciones por un total de $ 6, 150, 998.70 debiendo haber ganado la empresa que ofreció realizar igual proyecto por $ 1, 539, 127.70. El sobreprecio fue de $ 4, 611, 871.00, casi 400 por ciento más. Esta investigación pone de relieve que el “diezmo” es sólo un mito. La corrupción con datos duros es muchísimo mayor que el 10 por ciento promedio. Todo lo anterior está ya en manos del Contralor General del Estado, Alfonso Francisco Anaya Olalde, quien tendrá que decidir entre aplicar la ley y honrar el sentido de la transparencia y la honestidad en San Luis Potosí o dejar pasar las cosas apostando al olvido de la memoria colectiva. Si prospera esta segunda hipótesis se pasaría de la transparencia al cinismo y del Estado de derecho a la impunidad, sin consecuencias para quien viole la ley además de enviar un mensaje de incentivos a la corrupción porque al final del día no pasa nada. Veremos. Evillanueva99@yahoo.com Twitter: @evillanuevamx
