El Mundial ya empezó y México volvió a estar frente al mundo. La imagen emociona: estadios llenos, visitantes, himnos, banderas, cámaras internacionales y un país que quiere mostrarse capaz de organizar, recibir y celebrar. Pero una fiesta de este tamaño no solo se mide por la emoción. También se mide por la cuenta.
De acuerdo con estimaciones de CONCANACO Servytur, el Mundial podría dejar en México una derrama cercana a 65 mil mdp. La cifra suena grande y representa una oportunidad para hoteles, restaurantes, transporte, comercios, servicios, vendedores, trabajadores temporales y negocios familiares. Eso hay que reconocerlo. Un evento así puede mover consumo, turismo, empleo, propinas, proveeduría local y economía informal. Sería absurdo negar que el Mundial puede traer beneficios.
La pregunta es otra: ¿esa derrama equivale a ganancia social? No necesariamente. Una cosa es el dinero que circula durante el torneo y otra muy distinta es el beneficio público que permanece después. La derrama es ingreso bruto estimado; no descuenta costos, no explica quién captura más beneficio, no mide cuánto se queda en las comunidades sede ni responde qué parte de esa actividad se convierte en mejoras duraderas para la gente. Ahí empieza el verdadero balance.
México no solo recibe partidos. También asume obligaciones. Las ciudades sede han tenido que preparar infraestructura, conectividad, servicios, seguridad, movilidad y zonas de atención para visitantes. Aunque no todo ese esfuerzo proviene directamente del erario, el punto público permanece: la utilidad social del Mundial no puede medirse solo por lo que entra, sino por lo que costó habilitarlo y por lo que quedará después.
Debe mirarse con lupa el destino de las obras. En Ciudad de México, por ejemplo, se han mencionado proyectos como la Calzada Flotante de Tlalpan, la Línea 14 del Trolebús, la remodelación de estaciones del Metro y la ampliación del Tren Ligero. Si esas intervenciones se integran a la movilidad cotidiana de la gente, el Mundial puede dejar algo más que fotografías. Si terminan funcionando solo como accesos de temporada, imagen urbana o facilidades para el espectáculo, el balance será distinto.
No es lo mismo invertir en conectividad que el ciudadano usará durante los próximos años, que gastar en maquillaje urbano que se apaga cuando se va la última cámara.
México ya vivió un Mundial que permanece en la memoria colectiva. El de 1986 dejó imágenes, goles, estadios llenos, festejos populares y una emoción que todavía aparece cada vez que se habla de fútbol. Pero vale la pena hacerse una pregunta menos nostálgica: después de aquella fiesta, ¿qué prevaleció como utilidad social duradera para la vida diaria del ciudadano?
Esa pregunta importa porque la memoria deportiva puede sobrevivir décadas, pero el retorno público se mide de otra forma. Se mide en transporte que sigue funcionando, espacios que mejoran la vida urbana, infraestructura útil, servicios que permanecen y beneficios que no se evaporan cuando termina la transmisión.
También está el costo fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido beneficios aplicables a sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026. Reportes recientes señalan que la vigencia de esa garantía fiscal fue acotada a este año, pero también advierten que aún no se ha hecho pública una estimación clara del impacto recaudatorio de esas facilidades.
Ese dato no debe tratarse a la ligera. Si el país concede beneficios fiscales, facilita operación, despliega seguridad y adapta infraestructura, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto costó fiscalmente ser sede y qué retorno público se espera a cambio.
El Mundial puede ser negocio. Pero cuando interviene el Estado, también debe haber rendición de cuentas.
No basta con presumir derrama. Habría que revisar, con datos y no solo con comunicados, cuántos proveedores locales fueron realmente integrados a la cadena del evento, qué obras permanecerán en uso, qué infraestructura servirá en la vida cotidiana, cuántos empleos pasaron de la promesa temporal a contratos formales con seguridad social y cómo se repartieron los beneficios entre grandes operadores, negocios familiares, trabajadores y economía local.
Esa revisión tendría que ser parte natural del balance público, no una incomodidad después de la fiesta.
Además, el impacto no se vive igual en todo el país. No todos los ciudadanos padecen los mismos cierres ni todos enfrentan los mismos costos. El efecto más directo se concentra en los alrededores de estadios, corredores turísticos, aeropuertos, zonas hoteleras, rutas de transporte, zonas para aficionados y espacios públicos sometidos a presión extraordinaria.
Pero una cosa es el impacto urbano localizado y otra el costo fiscal general. El vecino de una zona mundialista puede cargar con cierres, ruido, restricciones o cambios de movilidad. El contribuyente, aunque viva lejos de la sede, tiene derecho a saber cómo se usaron recursos, facilidades y beneficios públicos vinculados al evento.
Ahí se conectan las dos preguntas: quién vive la afectación directa y quién financia, directa o indirectamente, la fiesta.
La seguridad y las protestas también forman parte del costo de gestión. El Mundial no creó los problemas del país, pero obliga al Estado a administrarlos bajo observación global. Las alertas de viaje, los operativos, los filtros y las movilizaciones sociales muestran que el torneo ocurre en una ciudad real, con tensiones reales y costos administrativos reales.
México puede organizar un Mundial. La pregunta es si puede hacerlo sin pedirle al ciudadano que acepte la emoción como sustituto de las cuentas claras.
Y aquí está lo que te importa: un Mundial puede ser motivo de orgullo, pero también debe ser motivo de fiscalización. Si se usan recursos públicos, si se conceden facilidades fiscales, si se despliegan operativos, si se modifica la movilidad y si se reorganizan zonas de la ciudad, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué recibe a cambio.
La derrama puede ser importante y, al mismo tiempo, insuficiente para justificar todo. Puede beneficiar a miles de negocios y trabajadores, aunque también concentrarse en ciertos sectores. Puede dejar empleo temporal, ventas extraordinarias y movimiento económico real. Lo que no puede hacer es sustituir la tarea pública de fondo. Ningún Mundial resuelve por sí mismo los problemas estructurales de un país; el riesgo aparece cuando las autoridades usan la buena imagen del evento para aplazar esa discusión.
Lo que venga después del Mundial será la verdadera prueba: mejores servicios, mejor movilidad, espacios públicos útiles, negocios locales fortalecidos, cuentas claras y una ciudad que no haya sido únicamente prestada al espectáculo.
México puede celebrar. Debe celebrar. El fútbol también forma parte de nuestra vida colectiva (aunque algunos no nos guste ese deporte) y sería mezquino negar la emoción que produce ver al país en el centro del mundo.
Pero celebrar no significa dejar de preguntar. El Mundial debe disfrutarse y también debe revisarse con seriedad. Cuando un evento de esta dimensión involucra recursos, permisos, exenciones, seguridad y ajustes urbanos, la evaluación no puede quedarse en la cifra de ventas. También tiene que mirar qué permanece cuando termina la fiesta y qué parte de la cuenta asumió el ciudadano.
Organizar un Mundial no es solo abrir estadios, es probar capacidad de gobierno. Es recibir visitantes sin desplazar vecinos. Es generar ingresos sin esconder costos. Es garantizar seguridad sin paralizar la vida diaria. Es vender una buena imagen sin negar la realidad. Es convertir una fiesta global en beneficio público verificable.
El fútbol ya empezó. La fiesta también.
Pero el balance apenas comienza.
Aquí termina el texto, pero queda una advertencia concreta: cuando se apaguen las luces del Mundial, la cuenta ya estará pagada. De la madurez de nuestra fiscalización dependerá que al ciudadano le quede una red de transporte más útil, espacios mejor conectados y cuentas públicas claras, o simplemente el recuerdo de una fiesta ajena que también financió con sus impuestos.
