Desatada grilla en el ISSET
No cabe duda de que el comportamiento de la condición humana da muchas vueltas en la vida y continúa siendo tema de estudio para muchos especialistas. Comentamos esto, porque algo muy curioso está pasando en el actual debate que se vive en la entidad por la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSET.
Sucede que dos ex directores jurídicos y apoderados del ISSET, José Antonio Ovis Pedrero y Oscar Martínez Guzmán, aprovechan esa coyuntura y utilizan las redes sociales y otros medios para promover amparos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado y los municipios. Esto a todas luces es una contradicción en toda la extensión de la palabra, porque quienes han estado al frente de la defensa jurídica del ISSET en algún momento de sus carreras, ahora se dicen defensores a ultranza de los trabajadores al servicio del estado.
Y todavía más. El abogado José Alfonso González Burelo, quien se ostenta como vocero de un sindicato de burócratas de confianza, eventuales y de lista de raya, también está llamando a trabajadores a impugnar la nueva legislación en la materia.
Lo más grave de esa presunta “agrupación sindical” es que no está reconocido por ninguna autoridad oficial, y mucho menos que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco les haya entregado la Toma de Nota que los acredite como un sindicato formalmente constituido. Para decirlo en simple castellano, “es un sindicato patito”.
Las autoridades estatales han insistido en hacer un llamado desde hace varios días a los empleados públicos para no dejarse engañar por estos pseudo representantes sociales, porque lo único que pretenden es obtener recursos para patrocinar movimientos a favor de que sean reconocidos como un sindicato oficial. Pero vemos difícil que lo logren, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) toda la vida ha explicado muy claro cuál es la posición de los trabajadores de confianza o eventuales en la materia.
En todo este debate, y en el presunto caso de que algún trabajador consiga ampararse en algún artículo de la nueva ley, bastaría con que un juzgador federal resuelva que dicho empleado infringe la legislación, y debido a su importancia hasta la SCJN tendría que intervenir para llegar a un dictamen.
Pero lo que es una realidad es que la anterior ley del ISSET ya no cumplía con las necesidades actuales del instituto, además de que administraciones pasadas utilizaron como “caja chica” el dinero de los propios trabajadores y estaba a punto del colapso financiero.
Los que saben bien del asunto, señalan que se busca mejorar la atención médica del instituto, fortalecer el sistema de pensiones de los propios trabajadores y ofrecerles una seguridad social más eficaz no solamente a ellos, sino a sus familiares.
Y en todo este dilema, sería bueno preguntarles a los servidores públicos que realmente han hecho un verdadero uso de los servicios del ISSET, que van desde una simple consulta médica hasta una intervención quirúrgica o la aplicación de un estudio que en la medicina privada les costaría miles de pesos. Y sabemos que son miles de trabajadores que lo han hecho así. Finalmente, ese es uno de los principales propósitos de la nueva ley. Esperemos un poco.
