La XII reunión de la comisión parlamentaria Mexico-Unión Europea celebrada en Luxemburgo generó una interacción franca y aleccionadora entre ambas delegaciones. Midió la distancia entre perspectivas geopolíticas distintas; también el contraste en los altos niveles de consenso de la parte europea y los profundos disensos que dividen al estamento político de nuestro país.
De los cinco capítulos de la agenda, tres de ellos merecieron coincidencias fundamentales entre los congresistas mexicanos: aquellos que se refieren a la relación bilateral. Difícilmente podríamos acusar diferencias en la necesidad de incrementar la cooperación científica y tecnológica, en el imperativo de avanzar en el cambio climático o en la concertación de políticas dentro del marco del G20 y otros foros mundiales. Nos distingue tal vez el acento en el carácter estructural de las reformas, según se vea la crisis como financiera o sistémica.
El contraste es notable cuando se trata de valorar la situación política y económica de nuestro país. Mientras el partido en el gobierno elude la más mínima autocrítica y dibuja una Calderolandia inverosímil, los voceros del PRI distribuyen bajo cuerda un documento demoledor sobre los diez años de administración panista. La izquierda se esfuerza en probar los desastres de una transición frustrada y la decadencia económica causada por la adopción irrestricta de las doctrinas neoliberales hace más de 25 años.
Los europeos se mostraron más convincentes en el diagnóstico de la crisis que afrontan, por la que los socialistas están pagando los platos rotos. Las amenazas contra la integridad del Euro son reales y no se vislumbran soluciones de fondo a la concentración de capitales y déficits fiscales que están subastando al estado de bienestar. Nos adelantaron los términos del debate sobre el rescate de Grecia y el impuesto a las transacciones financieras que presenciamos el día siguiente en Bruselas.
Las diferencias en la bancada mexicana se tornaron agudas e incluso altisonantes por lo que hace al papel de la sociedad civil en la toma de decisiones y la aplicación del Acuerdo de Asociación. Para algunos, las ONG son una influencia obscura distorsionante; para otros sería un aporte valioso si se canalizara a través de la intermediación parlamentaria. Pocos recordamos que es una vía de expresión válida y autónoma en los procesos democráticos contemporáneos, articulada en Europa a través de los Consejos Económicos Sociales.
Se olvida que la “cláusula democrática”, base del acuerdo con Europa, supone la denuncia pública de violaciones graves a los derechos humanos conforme a los tratados que ambas partes hemos suscrito. Más aún, que su carácter es recíproco y nos autoriza a una mayor exigencia en asuntos migratorios, que son demanda latinoamericana esencial y que están sufriendo graves retrocesos de aquel lado a partir de la “directiva” sobre la materia aprobada por el parlamento europeo.
Resultó paradójica nuestra visita a la histórica ciudad de Schengen, donde se acordó hace 26 años el libre tránsito a las personas en contraste con las actuales tendencias europeas que, en reacción a las revueltas del medio oriente y al otorgamiento de visas y permisos a los refugiados, ha desatado un rechazo xenofóbico, así como el restablecimiento virtual de las fronteras conforme a un discurso no distante de las leyes de Arizona e Indiana.
Está en juego la continuidad de un enfoque europeo fundado en los derechos de las personas a cambio de una política “securista” que los aproximaría a la estrategia norteamericana de “tolerancia cero”. Una vez más Venus sería derrotada por Marte según la parodia de Richard Kagan.
En el trasfondo de la relación con Europa subyace la convicción de que gravitamos en la órbita norteamericana y por lo tanto nuestros vínculos son complementarios y económicamente fructíferos para ellos. El acuerdo estratégico con México no tendrá consecuencias prácticas en cuanto no recuperemos una política exterior propia ejercida con independencia.
La pelota está en nuestra cancha. Solo podrá ser atajada y devuelta cuando afirmemos un proyecto alternativo de nación. Esa es la tarea mayor de nuestra generación: otorgarle forma constitucional y contenido verdadero a la soberanía del país.
De los cinco capítulos de la agenda, tres de ellos merecieron coincidencias fundamentales entre los congresistas mexicanos: aquellos que se refieren a la relación bilateral. Difícilmente podríamos acusar diferencias en la necesidad de incrementar la cooperación científica y tecnológica, en el imperativo de avanzar en el cambio climático o en la concertación de políticas dentro del marco del G20 y otros foros mundiales. Nos distingue tal vez el acento en el carácter estructural de las reformas, según se vea la crisis como financiera o sistémica.
El contraste es notable cuando se trata de valorar la situación política y económica de nuestro país. Mientras el partido en el gobierno elude la más mínima autocrítica y dibuja una Calderolandia inverosímil, los voceros del PRI distribuyen bajo cuerda un documento demoledor sobre los diez años de administración panista. La izquierda se esfuerza en probar los desastres de una transición frustrada y la decadencia económica causada por la adopción irrestricta de las doctrinas neoliberales hace más de 25 años.
Los europeos se mostraron más convincentes en el diagnóstico de la crisis que afrontan, por la que los socialistas están pagando los platos rotos. Las amenazas contra la integridad del Euro son reales y no se vislumbran soluciones de fondo a la concentración de capitales y déficits fiscales que están subastando al estado de bienestar. Nos adelantaron los términos del debate sobre el rescate de Grecia y el impuesto a las transacciones financieras que presenciamos el día siguiente en Bruselas.
Las diferencias en la bancada mexicana se tornaron agudas e incluso altisonantes por lo que hace al papel de la sociedad civil en la toma de decisiones y la aplicación del Acuerdo de Asociación. Para algunos, las ONG son una influencia obscura distorsionante; para otros sería un aporte valioso si se canalizara a través de la intermediación parlamentaria. Pocos recordamos que es una vía de expresión válida y autónoma en los procesos democráticos contemporáneos, articulada en Europa a través de los Consejos Económicos Sociales.
Se olvida que la “cláusula democrática”, base del acuerdo con Europa, supone la denuncia pública de violaciones graves a los derechos humanos conforme a los tratados que ambas partes hemos suscrito. Más aún, que su carácter es recíproco y nos autoriza a una mayor exigencia en asuntos migratorios, que son demanda latinoamericana esencial y que están sufriendo graves retrocesos de aquel lado a partir de la “directiva” sobre la materia aprobada por el parlamento europeo.
Resultó paradójica nuestra visita a la histórica ciudad de Schengen, donde se acordó hace 26 años el libre tránsito a las personas en contraste con las actuales tendencias europeas que, en reacción a las revueltas del medio oriente y al otorgamiento de visas y permisos a los refugiados, ha desatado un rechazo xenofóbico, así como el restablecimiento virtual de las fronteras conforme a un discurso no distante de las leyes de Arizona e Indiana.
Está en juego la continuidad de un enfoque europeo fundado en los derechos de las personas a cambio de una política “securista” que los aproximaría a la estrategia norteamericana de “tolerancia cero”. Una vez más Venus sería derrotada por Marte según la parodia de Richard Kagan.
En el trasfondo de la relación con Europa subyace la convicción de que gravitamos en la órbita norteamericana y por lo tanto nuestros vínculos son complementarios y económicamente fructíferos para ellos. El acuerdo estratégico con México no tendrá consecuencias prácticas en cuanto no recuperemos una política exterior propia ejercida con independencia.
La pelota está en nuestra cancha. Solo podrá ser atajada y devuelta cuando afirmemos un proyecto alternativo de nación. Esa es la tarea mayor de nuestra generación: otorgarle forma constitucional y contenido verdadero a la soberanía del país.
