Disidencias

  La semana pasada estuvo marcada por el crítico resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al anular la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y dar el visto bueno para que Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco) sea incluido en las boletas electorales como candidato presidencial, pese a una serie de irregularidades que van desde la compra de los apoyos (pago por las firmas y facilitar la credencial), sustituir credenciales de elector por las de tiendas departamentales, registrar credenciales de personas fallecidas, registrar personas sin credencial de elector… y largos etcéteras, etcéteras.          Tema que dio cabida a una reflexión mayor. Más allá de lo que se maneja como establecido.  Tiene que ver precisamente con la misión de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el TEPJF, como las dos instituciones que tanto en las elecciones locales como federales cumplen una función vital para la vigilancia, regulación, sanción y penalización de todos aquellos actos señalados por la Ley Electoral como ilegales en los que pudieran incurrir partidos, candidatos, simpatizantes y militantes durante los procesos electorales.   No todo en política se vale. Tampoco se vale que las instituciones electorales tengan uso político, se inclinen por candidatos afines al presidente o se alinean por el partido controlado por los poderes fácticos.   En el caso más reciente de El Bronco, donde el TEPJF ordenó al INE ponerlo en las boletas como el quinto candidato presidencial, quedó claro que las dos instancias engañan al pueblo de México en juzgar de manera directa sin la valoración judicial que implicaría la intervención de la FEPADE ante tantos delitos de los candidatos independientes, incluida la misma Margarita Zavala.    Lo correcto es que del INE las quejas de los partidos se presenten como segunda instancia ante la FEPADE, que ahí se analicen las pruebas y los alegatos y se anuncien las sanciones de manera pública en consonancia con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (público y mediante mecanismos de intercambio y verificación de pruebas).   Para que una vez agotados los motivos y fundamentadas las acusaciones, si las partes no quedaron satisfechas (tanto la acusada como la acusadora) se acuda el TEPJF, como la máxima autoridad electoral dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).   El procedimiento ordenado para el regiomontano, tira a la basura la utilidad objetiva del INE y el TEPJF, y coloca en posición crítica el buen desarrollo del proceso electoral al eliminar a la FEPADE como elemento revisor y sancionador. Opino que alguno de los dos está de más. Por lo tanto, alguno de los dos no debe de existir.   La mexicana – francesa Janine Madeline Otálora Malassis, presidenta del TEPJF;  Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fepade y Lorenzo Córdova Vianello, del INE, no solo le deben una explicación a la sociedad para efectos de justificar la existencia de las dos primeras instancias electorales (Tribunal-Fepade), sino por la funcionalidad tendenciosa, burda y partidizada de sus decisiones…   Finalmente ya no se mandará al carajo a las instituciones. Pero si se votará contra el sistema. Un sistema controlado por los intereses creados, ajeno a las necesidades y en contra de las decisiones del pueblo de México.   No se quejen si la gente se indigna el día de la elección. No echen culpas a los agraviados.