Ficción cumplida

 @UTufigno

Cuando el viernes pasado leí el mensaje vía twitter en el que Enrique Peña escribió “Misión cumplida. Lo tenemos” (a “El Chapo”), me dije a mí mismo: ¿y qué hago, brinco, bailo, grito, o qué? ¿No se supone que es su obligación hacerlo? Porque, aunque piense lo contrario, su deber primario –él es superior jerárquico de las fuerzas federales de seguridad- era haber impedido su fuga y sancionar a los responsables de las áreas que permitieron la evasión de Joaquín Guzmán, incluido el propio Peña.
    Para beneplácito del residente de Los Pinos, la (re)captura de El Chapo se da en medio de una aguda caída de los precios del petróleo y el galope incesante del dólar que ya brincó la barrera de los 18 pesos, a pesar de que Luis Videgaray continúa viviendo en su mundo de ensueño. No tengo elementos para afirmar que fue un golpe de suerte del gobierno o un relajamiento del líder del cártel de Sinaloa, pero lo que sí sé es que la gallina va a cacarear el huevo como si la captura de “Don Joaquín” resolviera el problema del narcotráfico.
    En su discurso triunfal del viernes, como si de un acto heroico se tratara, Peña dijo: “con esta operación, son 98 de 122 delincuentes más buscados, que ya no representan una amenaza para la sociedad mexicana, criminales que durante años han venido lastimando al país”. Si sus cifras son correctas y si es cierto que El Chapo representaba –como se ha dicho- al grupo más poderoso, entonces los mexicanos podemos dormir tranquilos y sólo tendríamos que preocuparnos de la delincuencia que roba “frutsis y pingüinos”, como ocurre en Veracruz según el gobernador Javier Duarte.
    Sin embargo, para los que saben del tema y para quienes tenemos sentido común, la nueva captura de Joaquín Guzmán sólo va a significar, como ocurrió en las ocasiones anteriores, un reacomodo de los 8-10 grandes grupos del crimen organizado que operan en territorio nacional. Es más, los expertos señalan que en realidad El Chapo ya no es el hombre del poder en el cartel de Sinaloa, sino que quien lo detenta realmente es “El Mayo” Zambada, quien habría traicionado a El Chapo y con ello propició su captura hace dos años.
    Peña cumplió su ficción de atrapar al “hombre de los túneles”, pero eso no abate la delincuencia a la que estamos expuestos todos nosotros ni tampoco desarticula las células del crimen organizado, como la que ha hecho de Morelos un territorio fértil para sus actividades y en donde una alcaldesa puede ser asesinada en el interior de su domicilio a unas horas de haber tomado posesión en el cargo.
    Si, como trascendió, la captura de Guzmán Loera se dio por un operativo en el que sólo participó un grupo muy reducido de elementos de la Marina –un poco más de una veintena- que supuestamente regresaban de vacaciones y que no reportaban a sus superiores sus movimientos vía telefonía celular, entonces tenemos motivos para preocuparnos: el nivel de penetración de los grupos delincuenciales alcanza los más altos niveles del gobierno, tal y como lo sospechábamos, pero es peor confirmarlo.
    Esto significa que aquellos lugares del país en donde se establezca la figura del mando único policial, ¿a quién le va a servir?, ¿a los intereses de los gobernadores o a los de la delincuencia organizada? Porque el mensaje que yo veo en la captura de El Chapo es: -sí tenemos personal confiable, pero en un número muy limitado. Porque a pesar de los elogios de Peña y Osorio Chong a “las instituciones de seguridad del Gobierno de la República”, lo cierto es que ni el Ejército, ni la PGR, ni las policías tuvieron participación en la captura de Joaquín Guzmán.
    No es una novedad que el Ejército haya sido hecho a un lado; es más, desde hace tiempo los servicios de inteligencia de los Estados Unidos desconfían de los militares. Además, si las denuncias por violación a los derechos humanos son una constante en contra de la milicia, ¿no será el momento de devolverlos a los cuarteles y replantear el papel constitucional de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública? Porque no parece muy apegado a derecho que desarrollen tareas de policía.