Grupo Oaxaca, 10 años después Ernesto Villanueva

En el 2001 escribí en mi entrega periódica a la revista Proceso que: “en marzo del 2001un importante grupo de académicos, activistas de la sociedad y editores suscribieron la Declaración de Oaxaca - un testimonio sin precedentes en la historia reciente del país-, en el marco de un seminario nacional sobre “derecho de la información y reforma democrática”, convocado por distintas organizaciones y celebrado precisamente en la ciudad de Oaxaca. Los nuevos vientos de cambio se habían advertido ya en el ánimo de un grupo importante de editores que, en febrero de ese mismo año, el cual se había pronunciado por legislar en materia de derecho a la información. Hizo suyas, como un bloque de primera generación,  reivindicaciones que se han externado de manera recurrente desde hace largo tiempo, a saber: a) Derecho de acceso a la información; b) Ley de transparencia publicitaria; c) Ley que introduzca el derecho al secreto profesional del periodista y d) Ley que transforme los medios del gobierno en medios públicos.  El seminario de Oaxaca fue un segundo paso de esa iniciativa. Se han sumado ahora académicos, activistas de la sociedad y un grupo ampliamente representativo de diarios de prácticamente todo el país. La Declaración de referencia tiene como rasgo distintivo el paso del terreno único de las declaraciones a los hechos concretos, empezando, como es natural, por el principio: el derecho de acceso a la información pública. Es evidente que el derecho de acceso a la información no abarca todas y cada una de las instituciones que implicaría una ley marco del derecho a la información reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política.  Sí es, en cambio, un paso imprescindible para la reforma del país y constituye además el núcleo duro del derecho a la información, como así lo ha entendido, por lo demás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en recientes  tesis jurisprudenciales. En mi opinión es preferible avanzar un paso a esperar mejores oportunidades para avanzar 50 o 100 pasos. ¿Se imagina alguien qué hubiera pasado si en la reforma política de 1977 los partidos de oposición hubieran sostenido: o se aprueba un modelo como el Cofipe vigente en el 2001 o mejor nos quedamos sin nada? Créame que el todo no hubiera ganado, como tampoco lo ha hecho (ni un milímetro siquiera) el enorme y valioso esfuerzo desplegado para traducir en norma jurídica una ley marco desde esa misma fecha hasta el día de hoy. (Jorge Carpizo y yo escribimos una ponencia - donde profundizamos sobre ese punto-, para el IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional).  Para mí el problema central no ha sido propiamente sustantivo, sino, en buena medida, de naturaleza instrumental. El método de aproximaciones sucesivas parece ser, salvo prueba en contrario, la mejor opción que advierto para avanzar en esta polémica materia. Por esa razón, la Declaración de Oaxaca constituye, a mi juicio, un estupendo principio por tres razones, a saber:
    1.- Porque no hay un precedente nacional que registre el hecho de que un segmento representativo de los sujetos universales de la información (ciudadanos, periodistas y editores)  haya podido arribar a acuerdos para iniciar proyectos en materia de derecho de acceso a la información (sobra y no sobra decir que como punto de partida no como puerto de llegada), teniendo como prioridad el interés de la nación,  sobre cualquier otra finalidad.  Esta tarea no fue sencilla; antes bien, sinuosa y complicada por toda una historia de desconfianzas mutuas y prejuicios recíprocos prohijados al transcurso de los años. Fue notorio, por ejemplo, que en Oaxaca los dos diarios líderes en el mercado El Imparcial y Noticias por primera vez dejaran de lado sus diferencias históricas y se sumaran a esta gran iniciativa por el país. No fue, en verdad, poca cosa. Y lo mismo podría decirse de muchos otros de los firmantes de la Declaración.  
    2.- Porque la participación social representa la mejor garantía de que la confección de una ley de acceso a la información pública tendrá como parámetro de referencia el ciudadano, quien es, al final de cuentas, la razón de ser de la organización del Estado. Si el conjunto de ciudadanos no defiende su derecho como mandante difícilmente alguien habrá de hacerlo. Esta inédita suma de voluntades es una saludable muestra del paso de la formal democracia representativa, que se empieza a vivir en el país, a la democracia participativa, que apenas se está incubando, y cuya propia naturaleza descansa en la organización comunitaria.  3.- Porque la propia organización de la sociedad habrá de permitir la construcción de un  círculo virtuoso en donde todo mundo gane y nadie pierda: En donde no haya ganadores ni vencidos. Hay que buscar el consenso. Éste sólo se logra identificando coincidencias de mínimos. A partir del naciente espíritu de cuerpo formado en Oaxaca es posible plantear en condiciones adecuadas una eventual comisión tripartita en donde lo mismo participe el gobierno federal a través de las instancias que considere pertinente, como el Congreso a través de sus dos cámaras y, por supuesto, los sujetos universales de la información. Es deseable que haya la madurez suficiente para entender que de otra manera será muy complicado dar el primer paso normativo después de 24 años de esfuerzos infructuosos.” Hoy 10 años después - el 25 de mayo pasado en la Casa Lamm en la ciudad de México-   el IFAI convocó a los miembros del Grupo Oaxaca y nos pidió cerrar filas en torno a la defensa del derecho a saber. La sensación de los miembros de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca: Issa Luna Pla, Roberto Rock, Luis Javier Solana, Jorge Islas, Juan Francisco Escobedo, Salvador Nava Gomar, Miguel Treviño y yo fue la de relanzar el Grupo,  ahora con la finalidad de defender el derecho a saber y luchar por la rendición de cuentas. Vamos, pues, a evitar que haya regresiones para bien de todos.  Esperaré la convocatoria de mi amigo Luis Javier Solana para trabajar de nuevo en García Conde.
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