Inicio de veda

En plena euforia electoral y época mundialista, o al revés, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio, diez Decretos Presidenciales por medio de los cuales se suprimen las vedas existentes en 295 cuencas hidrológicas y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica.
    Estos diez decretos afectan a distintos ríos, entre ellos el Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y Ameca, que en suma representan, junto con el resto de las cuencas afectadas, el cincuenta y cinco por ciento de ríos y lagos del país (sí, leyó usted bien: 55%), incluida toda la zona sureste de México. De acuerdo con los decretos, las reservas tendrán una vigencia de 50 años.
    La veda implicaba la prohibición total del aprovechamiento de las aguas ubicadas en dichas cuencas, por lo que la supresión de la veda supone el aprovechamiento “para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación”, pero también deja ver que, bajo la figura jurídica de la concesión, particulares puedan explotar el agua para la industria minera o extractiva del petróleo por la técnica del fracking, industrias ambas que requieren grandes cantidades de agua.
    Parte importante de la definición de los decretos se hizo con la participación de la organización denominada “WWF” (Fondo Mundial para la Naturaleza), creada en 1961, que se autodefine como “una de las mayores organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza”. De hecho, al acto de firma de los decretos presidenciales acudió el Director General de WWF México, Jorge Rickards.
    Por medio de su representante, la citada organización ambiental afirma que los “decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país”. ¿Deberíamos confiar en las palabras del director de WWF?
    Desde hace algunos años ha surgido una auténtica industria verde que se escuda con el manto de la protección al ambiente. De esta manera hay restaurantes de comida orgánica, productos ecológicos para el hogar, y un sin número más de bienes, normalmente a precios superiores en comparación con los de consumo habitual. Sin embargo, son evidentes las contradicciones entre organizaciones que fomentan este tipo de productos y servicios.
    Por ejemplo, WWF, cercana a las monarquías europeas, tenía al ex rey de España, Juan Carlos I, como presidente honorífico de la organización desde 1968, pero no tuvo más remedio que retirarlo de la presidencia cuando se descubrió que el viejo monarca anduvo de cacería en África.   
    Igualmente, WWF ha sido criticada por sus vínculos con la empresa Monsanto y por defender la agroindustria y la ingeniería genética que no respeta los ecosistemas originales y la biodiversidad.
No son pocos los cuestionamientos que se hacen a organizaciones de este tipo, a las cuales incluso se les acusa de “asumir campañas de ciertas políticas a favor del medio ambiente”, y al mismo tiempo certifican ambientalmente a industrias depredadoras de las áreas forestales y que violentan los derechos de las comunidades indígenas.
Con esos antecedentes de la organización ambientalista tenemos derecho a dudar de las verdaderas intenciones del levantamiento de la veda en las cuencas hidrológicas referidas en los decretos presidenciales. Y tenemos más motivos para dudar.
    En los decretos de supresión de la veda se establece que “las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente”. Aquí hay una trampa que data de hace tres meses.
    Previamente, el 23 de marzo de este mismo año, se había publicado otro decreto presidencial  mediante el cual se establecieron “facilidades para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del primero de enero de 2004”.
    Quienes tenían una concesión anterior para el aprovechamiento de las aguas, incluidas las que ya habían vencido, tuvieron más de dos meses para obtener nuevas concesiones y para regularizar su situación jurídica, lo que les permitiría estar protegidos frente a un cambio de gobierno pues sus títulos estarían vigentes y el nuevo gobierno quedaría sujeto de manos para revocarlos u otorgar nuevas concesiones.