Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, vinculó a proceso a José Cruz Franco Mendoza —quien presidía hasta el año pasado la Junta Número 4 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)— junto con siete de sus colaboradores, por delitos contra la administración de justicia.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) determinó que los acusados formaron parte de un “plan delictivo” que permitió validar una demanda laboral falsa.
Esta sentencia obligó al ISSSTE a pagar prestaciones por nivelación salarial e incapacidad permanente derivadas de un accidente automovilístico que nunca ocurrió, generando un perjuicio económico de 16.7 millones de pesos.
Además de Franco Mendoza, los procesados son: Rosa Tapia Nieto, Moisés Islas Ruiz, Raúl Escobedo Pérez, Ana María Guadalupe Villegas Villegas, Julio Sereno Celaya, María Nohemí Aline Herrera Gutiérrez y Armando Velázquez González.
"Validaron una demanda laboral falsa que obligó al ISSSTE a pagar prestaciones por un accidente automovilístico que nunca ocurrió." — FEMCC (interpretación de la acusación)
Salvo Franco y Escobedo, los demás siguen activos en la JFCA, lo que marca un precedente al ser los primeros servidores públicos en funciones procesados penalmente en este organismo adscrito a la Secretaría del Trabajo.
El caso remonta a junio de 2022, cuando se admitió una demanda supuestamente laboral sin que se notificara al ISSSTE. El instituto se enteró hasta que Banca Afirme informó de un embargo en sus cuentas.
En octubre de ese mismo año, la demanda fue ampliada para solicitar beneficios adicionales, incluyendo una pensión de invalidez basada en lesiones inexistentes, como pérdida del 60 % de la vista y secuelas físicas idénticas para los mismos demandantes.
