La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), presentada el jueves pasado, y ya aceptada por el Senado con 74 votos a favor, ha desatado una tormenta política que revela las fracturas profundas en el sistema de justicia mexicano.
La oposición, encarnada en figuras del PRI, PAN y hasta empresarios como Ricardo Salinas Pliego, ha sido enfáticos en su rechazo, tachándola de "forzada" o un "golpe a la autonomía" del Ministerio Público.
Alito Moreno, líder priista, la defendió públicamente, argumentando que Gertz actuó con "seriedad" y que su salida responde a un "hiperpresidencialismo" de la 4T.
Senadores panistas como Lupita Murguía han ido más allá, calificándola de "maniobra opaca" ligada a investigaciones sensibles como el huachicol fiscal o tráfico de armas que podrían rozar a aliados de Morena.
Y Salinas Pliego, desde su influencia mediática, ha amplificado el eco en redes, cuestionando la "presión" sobre Gertz como un retroceso en la independencia judicial.
Lo que hace esto tan irónico —y polémico— es que muchos de estos críticos cargan con "cuentas pendientes" que Gertz, irónicamente, no persiguió con la misma vehemencia. El PRI ha enfrentado señalamientos por desvío de recursos en casos como la "Estafa Maestra" o el mal uso de fondos en Pemex, con investigaciones que se estancaron bajo su gestión.
Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito", líder nacional del PRI y actual senador, enfrenta múltiples acusaciones de corrupción relacionadas principalmente con su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
Estos se centran en desvíos de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable y delitos relacionados, basados en revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), denuncias de la Fiscalía de Campeche y la propia Fiscalía General de la República (FGR).
Las principales cuentas pendientes, que han generado solicitudes de retiro de su fuero constitucional para procesarlo penalmente, pero ninguna impulsada por la FGR bajo Alejandro Gertz Manero.
A pesar de que la FGR abrió al menos una carpeta de investigación contra Moreno en 2022 por enriquecimiento ilícito, desvío de fondos, fraude fiscal, lavado de dinero y tráfico de influencias —y profundizó pesquisas a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción—, nunca formalizó una solicitud de desafuero ante el Congreso.
Esto contrasta con la acción de la Fiscalía de Campeche, que sí impulsó dos peticiones (2022 y 2025), congeladas por presuntos "pagos políticos" del PRI a Morena, por ejemplo, apoyo a reformas de seguridad.
Las principales figuras del PAN, entre ellas Ricardo Anaya, Miguel Ángel Yunes Márquez y Diego Sinhue Rodríguez, con "cuentas pendientes" que no avanzaron significativamente bajo Gertz, pese a evidencias iniciales. Estos casos involucran desvíos millonarios, contratos irregulares y nexos con crimen organizado, con perjuicios estimados en miles de millones de pesos.
Y Salinas Pliego, con sus empresas bajo escrutinio por evasión fiscal y contratos dudosos con el gobierno federal, ha visto cómo la FGR priorizó otros frentes durante estos siete años.
Su rechazo a la renuncia huele a conveniencia: Gertz era un fiscal que, pese a sus tropiezos, no les apretaba las tuercas tanto como podría haberlo hecho un relevo más comprometido con la justicia y la rendición de cuentas.
UNA HERENCIA DEL VIEJO SISTEMA
Designado por el Senado en 2019, a propuesta del expresidente López Obrador, como pilar de la "austeridad republicana" y la lucha anticorrupción, Gertz Manero prometió una FGR autónoma y eficiente. Pero los resultados fueron magros. Casos emblemáticos como Ayotzinapa se conquistaron en laberintos burocráticos, con avances mínimos pese a la presión social.
La gestión de Gertz Manero se caracterizó por una "justicia selectiva", según críticos. Esto implicó avances en casos contra exfuncionarios de Morena o PRI, pero dilataciones o cierres prematuros en investigaciones que involucraban a figuras del PAN, partido con el que Gertz tuvo lazos históricos, al haber sido secretario de Seguridad Pública federal bajo Vicente Fox (2000-2004).
La inacción de la FGR en casos emblemáticos de corrupción, desvíos y enriquecimiento ilícito genera sospechas de impunidad selectiva, basadas en auditorías de la ASF, denuncias de la UIF y reportes periodísticos.
Por eso están molestos los opositores, porque se les viene la noche encima. Con un nuevo o nueva fiscal seguramente se reactivarán las investigaciones estancadas por Gertz Manero, muchas de las cuales los implican directamente en casos de corrupción, desvíos y evasión fiscal.
La renuncia, aprobada el 27 de noviembre de 2025 por 74 votos de Morena y aliados contra 22 de la oposición, la quisieron vender como un "golpe" a la autonomía de la FGR, pero críticos ven hipocresía en esa postura: Gertz les dio años de impunidad selectiva, y ahora temen perder ese "escudo".
