Pronto se sabrá quiénes fueron los responsables del saqueo de los fondos depositados en un fideicomiso del ISSET para cubrir las pensiones y jubilaciones de los extrabajadores al servicio del gobierno estatal.
El gobierno de Javier May Rodríguez ya tiene pruebas documentales y la información suficiente para fincar responsabilidades. Este anuncio lo hizo el mandatario durante la conferencia matutina del miércoles pasado.
La Comisión de la Verdad, creada con ese fin, está dando resultados. Hizo el trabajo que el todavía fiscal mayor del OSFE, Alejandro Álvarez González, no cumplió, porque fue puesto ahí para tapar toda la corrupción del sexenio pasado.
Ahora sí se conocerá a los autores de ese quebranto millonario, que tiene en un serio predicamento el fondo de pensiones y jubilaciones del estado. Una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, porque es muchísimo dinero y el presupuesto no alcanza ni está para cubrir ese faltante, porque hay muchos compromisos por cumplir y el dinero no alcanza para todo.
De ese fondo se dispusieron de miles de millones de pesos sin saber el destino final que tuvieron ni en qué se usaron, quién autorizó disponer de ellos sin reintegrarlos lo que abrió un enorme boquete.
La disposición arbitraria de esos recursos, a todas luces ilegal, complicó, con el paso de los años, el pago mensual de las pensiones y jubilaciones. Se convirtió en un serio problema para el ISSET y, por supuesto, para el gobierno. Un barril sin fondo.
En el sexenio pasado, el exdirector del ISSET, Fernando Mayans Canabal, hizo serias acusaciones y se comprometió a dar toda la información respecto de los responsables del quebranto de esos fondos.
Armó un escándalo mediático para ganar protagonismo, como ha sido siempre su costumbre, pero de ahí no pasó. La gestión de Mayans Canabal resultó un fiasco por su actitud despótica, sus malos tratos al personal y en lugar de resolver los problemas del ISSET pagó una millonada para acondicionar su oficina.
Colocó a sus incondicionales en puestos clave en el instituto a los que se les asignó un jugoso salario. No resolvió nada y sí complicó todo en el ISSET. Luego se puso al tú por tú con el entonces gobernador interino y se tuvo que ir, no por su propia decisión, sino echado prácticamente del organismo.
No se duda que su nombre salga a relucir en ese informe que rendirá el llamado “Gobierno del Pueblo”. El acusador se puede convertir en uno de los acusados del saqueo. El asunto de los fondos de pensiones y jubilaciones data desde la época de Roberto Madrazo Pintado, uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido Tabasco.
En ese tiempo no había los mecanismos de rendición de cuentas que hoy están establecidos en la ley, mucho menos transparencia. El fideicomiso fue usado como caja chica del gobernante en turno desde la época de Madrazo.
Así pasó también con otro gobernador corrupto, el químico Andrés Granier Melo, a quien en el sexenio pasado le perdonaron la vida y a Enrique Priego Oropeza, titular del Poder Judicial, le encargaron retirarle los cargos que pesaban sobre él, como el de peculado.
Por eso salió de la cárcel, no porque fuera inocente. El estigma de corrupto nunca se le quitará por más que lloriquee ante los micrófonos radiales y se dé golpes de pecho y culpe a otros de su infortunio carcelario.
En su sexenio se dispuso a diestra y siniestra de esos fondos. No solo eso sino que además otorgaron jugosas pensiones a varios de los que trabajaron en ese gobierno sin tener los años de servicio que se establece en la Ley del ISSET.
La historia se repitió en cierto modo en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Al principal responsable, Amet Ramos, ya no se le puede pedir cuentas, porque falleció poco después de concluido ese sexenio, pero sí a quien estuvo al frente del ISSET en ese tiempo, Agapito Domínguez Lacroix.
Este robo a despoblado tiene que ser aclarado y se debe castigar a quienes resulten responsables. Se sabrá sus nombres y no habrá impunidad para ninguno de los implicados. Ni perdón ni olvido, sino la aplicación de la ley conforme a derecho. Eso es lo que ha prometido el gobernador.
Los pensionados y jubilados, pero sobre todo el pueblo, tienen derecho a saber lo que pasó con esos fondos. Este caso sentará un precedente en el combate a la corrupción, que no se permitirá ni tolerará conductas indebidas o desvíos de recursos. El que la haga, la tendrá que pagar.
Por lo pronto, la documentación que servirá de base para fincar responsabilidades ya está bajo resguardo. Falta poco para que se conozca toda esta trama y sus principales protagonistas.
El gobierno de Javier May Rodríguez ya tiene pruebas documentales y la información suficiente para fincar responsabilidades. Este anuncio lo hizo el mandatario durante la conferencia matutina del miércoles pasado.
La Comisión de la Verdad, creada con ese fin, está dando resultados. Hizo el trabajo que el todavía fiscal mayor del OSFE, Alejandro Álvarez González, no cumplió, porque fue puesto ahí para tapar toda la corrupción del sexenio pasado.
Ahora sí se conocerá a los autores de ese quebranto millonario, que tiene en un serio predicamento el fondo de pensiones y jubilaciones del estado. Una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, porque es muchísimo dinero y el presupuesto no alcanza ni está para cubrir ese faltante, porque hay muchos compromisos por cumplir y el dinero no alcanza para todo.
De ese fondo se dispusieron de miles de millones de pesos sin saber el destino final que tuvieron ni en qué se usaron, quién autorizó disponer de ellos sin reintegrarlos lo que abrió un enorme boquete.
La disposición arbitraria de esos recursos, a todas luces ilegal, complicó, con el paso de los años, el pago mensual de las pensiones y jubilaciones. Se convirtió en un serio problema para el ISSET y, por supuesto, para el gobierno. Un barril sin fondo.
En el sexenio pasado, el exdirector del ISSET, Fernando Mayans Canabal, hizo serias acusaciones y se comprometió a dar toda la información respecto de los responsables del quebranto de esos fondos.
Armó un escándalo mediático para ganar protagonismo, como ha sido siempre su costumbre, pero de ahí no pasó. La gestión de Mayans Canabal resultó un fiasco por su actitud despótica, sus malos tratos al personal y en lugar de resolver los problemas del ISSET pagó una millonada para acondicionar su oficina.
Colocó a sus incondicionales en puestos clave en el instituto a los que se les asignó un jugoso salario. No resolvió nada y sí complicó todo en el ISSET. Luego se puso al tú por tú con el entonces gobernador interino y se tuvo que ir, no por su propia decisión, sino echado prácticamente del organismo.
No se duda que su nombre salga a relucir en ese informe que rendirá el llamado “Gobierno del Pueblo”. El acusador se puede convertir en uno de los acusados del saqueo. El asunto de los fondos de pensiones y jubilaciones data desde la época de Roberto Madrazo Pintado, uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido Tabasco.
En ese tiempo no había los mecanismos de rendición de cuentas que hoy están establecidos en la ley, mucho menos transparencia. El fideicomiso fue usado como caja chica del gobernante en turno desde la época de Madrazo.
Así pasó también con otro gobernador corrupto, el químico Andrés Granier Melo, a quien en el sexenio pasado le perdonaron la vida y a Enrique Priego Oropeza, titular del Poder Judicial, le encargaron retirarle los cargos que pesaban sobre él, como el de peculado.
Por eso salió de la cárcel, no porque fuera inocente. El estigma de corrupto nunca se le quitará por más que lloriquee ante los micrófonos radiales y se dé golpes de pecho y culpe a otros de su infortunio carcelario.
En su sexenio se dispuso a diestra y siniestra de esos fondos. No solo eso sino que además otorgaron jugosas pensiones a varios de los que trabajaron en ese gobierno sin tener los años de servicio que se establece en la Ley del ISSET.
La historia se repitió en cierto modo en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Al principal responsable, Amet Ramos, ya no se le puede pedir cuentas, porque falleció poco después de concluido ese sexenio, pero sí a quien estuvo al frente del ISSET en ese tiempo, Agapito Domínguez Lacroix.
Este robo a despoblado tiene que ser aclarado y se debe castigar a quienes resulten responsables. Se sabrá sus nombres y no habrá impunidad para ninguno de los implicados. Ni perdón ni olvido, sino la aplicación de la ley conforme a derecho. Eso es lo que ha prometido el gobernador.
Los pensionados y jubilados, pero sobre todo el pueblo, tienen derecho a saber lo que pasó con esos fondos. Este caso sentará un precedente en el combate a la corrupción, que no se permitirá ni tolerará conductas indebidas o desvíos de recursos. El que la haga, la tendrá que pagar.
Por lo pronto, la documentación que servirá de base para fincar responsabilidades ya está bajo resguardo. Falta poco para que se conozca toda esta trama y sus principales protagonistas.
