• La Verdad del Sureste |
  • Viernes 21 de Febrero de 2025

Los de abajo

Cuenta regresiva para la mafia de políticos vinculados al narco

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- A partir de hoy los cárteles del narcotráfico son considerados organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense

A partir de este día, los cárteles mexicanos del narcotráfico son considerados por el gobierno de Estados Unidos organizaciones terroristas al entrar en vigor la notificación que fue publicada en el diario oficial Federal Registrer de los gringos, lo que, sin duda, le dará una nueva reconfiguración al combate del crimen organizado en nuestro país.
Esta designación tiene implicaciones legales y afectará a personas y empresas que tengan un vínculo con la delincuencia organizada que está en la mira del gobierno estadounidense. Serán tratadas como tales y corren el riesgo de que sus cuentas bancarias y activos que tengan en el sistema financiero de aquel país puedan ser confiscados por las autoridades de EEUU.
De acuerdo al Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump, las organizaciones terroristas “son personas extranjeras que han cometido o han intentado cometer, representan un riesgo significativo de cometer o han participado en entrenamiento para cometer actos de terrorismo que amenacen la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos”.
Esta medida, anunciada por el presidente en su toma de posesión el 20 de enero pasado, prohíbe “a cualquier persona o entidad proporcionar apoyo financiero, material o recursos a la organización, y los bancos y entidades financieras deben bloquear cualquier transacción relacionada con el grupo” en territorio estadounidense.
En México esta clasificación ejercerá una presión adicional al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se tendrá que replantear la estrategia contra grupos criminales para evitar cualquier intromisión en el territorio nacional por fuerzas estadounidenses so pretexto de perseguir a los narcos considerados terroristas, lo que vulneraría la soberanía del país.
No sólo implica un replanteamiento en la estrategia de seguridad, sino que además se tendrán que tomar decisiones políticas por los vínculos políticos que durante años han protegido las actividades ilícitas que despliegan en el país las organizaciones del narcotráfico.
En este contexto el caso Tabasco es un ejemplo claro de cómo un sector de la política estableció relaciones de complicidad con la delincuencia organizada. Hay informes de inteligencia militar que señalan con toda claridad que desde el poder hubo quienes no sólo se protegieron a grupos criminales, sino que además fueron socios en negocios ilícitos como el robo de combustible, el tráfico de migrantes y de drogas.
Hay demasiada evidencia en contra de políticos que participaron y se beneficiaron económicamente de estas actividades delincuenciales. L<s autoridades poseen transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas por aparatos de inteligencia para identificar y ubicar a los principales cabecillas, el escalafón y las funciones que desempeñaban en la estructura criminal de la que formaban parte, como es el caso de la conocida como “La Barredora”.

LO QUE ES PÚBLICO
Uno de ellos mencionado insistentemente en medios nacionales es el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, hoy considerado prófugo de la justicia, según el periodista Ciro Gómez Leyva, es buscado para que responda por los delitos de delincuencia organizada, drogas y extorsión.
El expediente de Bermúdez Requena es extenso, data por lo menos desde la década de los años 90 cuando trabajó como director de Seguridad Pública en el gobierno sustituto de Manuel Gurría Ordóñez, director del Creset en el sexenio de Roberto Madrazo y como subsecretario de Prevención en el de Andrade.
Esos vínculos políticos no se pueden ignorar, porque en esos encargos presuntamente le permitieron al extitular de la SSPC desplegar actividades ilícitas, de acuerdo a lo que se señala en su voluminoso expediente. Tampoco se puede ignorar a quienes lo trajeron de nuevo al escenario estatal.
A ellos, sus protectores políticos, ni el fuero los va a salvar en caso de que las cosas se compliquen con el presidente Trump.
Es muy probable que el gobierno de Estados Unidos tenga información precisa sobre los nexos entre los narcos y ciertos políticos, y seguramente la dará a conocer para meter más presión.
En Tabasco este asunto cobra importancia, debido a que hay un grupo político que está empeñado en mantener secuestrada la tranquilidad y la paz de los tabasqueños atizando con los grupos criminal la inseguridad en el estado.
En tales circunstancias es jugar con fuego y llevan las de perder. Han tensado mucho la cuerda, pues en su estrategia desestabilizadora no han dudado en ponerse en contra de la Presidenta al mandar a sus portavoces sicarios a vociferar que los cambios en la corporación policiaca obedecen a una imposición de ella y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en contra del gobernador Javier May, para insistir en su inútil pretensión de forzar su salida de la gubernatura, algo que, por supuesto, no ocurrirá.