Los de abajo

- En Tabasco y Chiapas le abrieron las puertas al crimen organizado y les entregaron el control de la policía

Las revelaciones que hizo el lunes pasado el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, durante la conferencia matutina de su homólogo tabasqueño, Javier May Rodríguez, posterior al acuerdo de cooperación en materia de seguridad, firmados por ambos mandatarios, dejó muy mal parado a su antecesor, Rutilo Escandón Cadenas, actual cónsul de México en la ciudad estadounidense de Miami.
El mandatario chiapaneco no se anduvo por las ramas. Reveló que la delincuencia organizada tenía infiltrada las corporaciones policiacas estatales y municipales. La policía de investigación era dirigida por delincuentes, según lo dicho por Ramírez Aguilar, y en los municipios pasaba lo mismo.
La Fiscalía General del Estado estaba cooptada por el crimen organizado. Esa colusión impedía que se persiguieran los delitos y Chiapas se convirtió de la noche a la mañana en un polvorín, en una tierra sin ley donde mandaba la delincuencia que actuaba impunemente. Recibían protección policiaca y los ciudadanos se hallaban en la total indefensión.
En ese estado y en Tabasco sentó sus reales el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los gobiernos de ambas entidades les abrieron las puertas de par en par para que controlaran las principales actividades ilícitas que generan ganancias millonarias: robo de combustible, tráfico de migrantes, drogas y armas.
Los reportes de inteligencia militar refieren una vinculación de funcionarios y mandos policiacos con ese grupo criminal, plenamente identificados por nombres y cargos. Por eso, tanto en Chiapas como en Tabasco, las policías estaban en manos de sus principales operadores, no protegían a ciudadanos sino a criminales.
Aquí, ya es de sobra conocido, que Hernández Bermúdez Requena dirigió la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado cuando su titular era Jaime Lastra Bastar.
A finales de 2019 Requena pasó de ese cargo a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y sus nexos se estrecharon, de acuerdo a lo que se ha publicado con base a informes de inteligencia militar.
EL ESTILO CUCARACHA
En Chiapas sucedió exactamente lo mismo, la policía pasó a manos de delincuentes. Esas relaciones de complicidad en ambas entidades fracturaron la paz y tranquilidad social y quienes han pagado las consecuencias han sido los ciudadanos.
Los delincuentes que robaban autos aquí en el estado, se escondían en Chiapas sin que nadie los molestara y viceversa. Con la llegada del nuevo gobierno chiapaneco eso se acabó. Ramírez Aguilar hizo lo que tenía que hacer: limpiar de malos elementos las policías estatales y municipales.
Muchos elementos que operaban para la delincuencia se hallan en la cárcel. Son responsables de hechos ilícitos y hasta de asesinatos de acuerdo a lo que se ha denunciado en medios periodísticos chiapanecos.
Aquí en el estado, el líder huachicolero que reveló la presunta participación de un alto funcionario estatal con el robo de combustible, en una conversación telefónica que fue interceptada por el Centro Regional de Inteligencia, zona sureste, lo pagó con su vida.
El grupo político presuntamente vinculado a esas actividades ilícitas perdió el poder en este sexenio y le heredó un serio problema de inseguridad a las actuales autoridades estatales que, afortunadamente ha ido mejorando con el reforzamiento de la estrategia y los cambios en la SSPC.
En Chiapas pretendieron mantener también el poder con el que era secretario de Salud en el gobierno de Rutilo Escandón, pero fracasaron. Los ciudadanos de Tabasco y Chiapas les dieron la espalda porque resultaron ser un fiasco como gobierno.
Hubiera sido de graves consecuencias que políticos señalados de tener nexos con la delincuencia organizada siguieran ejerciendo el poder en esas dos entidades. Si no teniéndolo siguen generando problemas, imagínese que tuvieran en el control.
El acuerdo de cooperación firmado por ambos gobiernos ayudará a reducir los índices delictivos que se registran en nuestro estado y la entidad vecina, se recuperarán las zonas limítrofes en las cuales los delincuentes hacían de las suyas.
Estas medidas son plausibles, pero no bastan. Se requiere también decisiones políticas para extirpar el cáncer de la corrupción que malos gobernantes y mandos policiacos permitieron al asociarse con el crimen organizado. Los parientes incómodos son un ejemplo de ello. Se les tiene que fincar responsabilidades y no premiarlos como ha pasado. Sobre todo, ahora que el presidente estadunidense Donald Trump le declaró la guerra a los narco-políticos de México.