El campus Bicentenario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se ha teñido de luto, pero sobre todo de una indignación que desborda las aulas. El trágico fallecimiento de Ximena Esther González Gerónimo, estudiante de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH), no es solo una cifra en las estadísticas de salud mental; es el rostro de una tragedia que pudo evitarse y el reflejo de una administración universitaria que, bajo el mando del rector Guillermo Narváez Osorio, parece haber perdido la brújula de la humanidad.
Los testimonios de los familiares, y en especial la voz rota de su padre, Salvador González Rodríguez, son desgarradores. Han sido enfáticos en señalar que lo ocurrido el pasado martes no fue un evento fortuito ni un "accidente", como torpemente intentó deslizar el rector en sus primeras declaraciones.
Fue, en palabras de su progenitor, una "muerte anunciada". Ximena no cayó; Ximena fue empujada al abismo por un sistema escolar que la dejó sola cuando más ayuda necesitaba.
La joven universitaria era víctima de un acoso escolar sistemático (bullying) que escaló de las burlas a las agresiones físicas y al robo de sus pertenencias. Ante este infierno cotidiano, Ximena no se quedó callada: pidió auxilio.
Solicitó un cambio de turno, una medida administrativa simple que le habría permitido poner distancia de sus agresores. Sin embargo, la burocracia institucional de la DACSyH, encabezada por Ulises Chávez Vélez, priorizó el control de sus listados sobre la integridad de una alumna, negándole la petición por "cuestiones de reglamento".
La responsabilidad de la cúpula universitaria
La responsabilidad de este desenlace recae directamente sobre Narváez Osorio y Chávez Vélez. Ambos funcionarios fueron omisos ante el grito desesperado de una joven que confiaba en su casa de estudios.
La omisión, en contextos de violencia, no es neutral: es una forma de complicidad. Mientras la universidad se promociona como un espacio de vanguardia, la realidad intramuros revela un ambiente donde el maltrato entre "compañeros" es normalizado o ignorado por quienes tienen el poder de detenerlo.
"La Universidad no hizo nada por ayudar a mi hija", sentenció Salvador González. Sus acusaciones no se detienen en el acoso; señalan una descomposición interna que incluye violencia de género y un preocupante consumo de sustancias dentro de las instalaciones, problemas que la rectoría prefiere ocultar bajo la alfombra de la publicidad oficial.
Lo más bajo de esta tragedia ha sido la estrategia de comunicación posterior. Tras el deceso y ante la presión social, se ha denunciado el uso de voces externas y "gatilleros" mediáticos para revictimizar a Ximena.
Han intentado desviar la atención sugiriendo que la causa del suicidio fueron problemas conyugales de sus padres o supuestos vicios familiares. Es una táctica vieja y ruin: culpar a la víctima y a su entorno para exculpar a la institución.
Resulta particularmente cínico que el rector Narváez profese públicamente la fe cristiana y las enseñanzas de Cristo sobre el amor al prójimo, cuando en la práctica su gestión ha mostrado una frialdad técnica que raya en lo inhumano. La brecha entre la prédica dominical y la praxis administrativa es hoy un abismo donde se perdió la vida de una estudiante.
Justicia frente a la burocracia
Aunque la UJAT presume contar con un Protocolo para la Prevención y Sanción del Acoso, el caso de Ximena demuestra que dicho documento es letra muerta. Es una simulación normativa que no funciona en situaciones de crisis real.
La política de "cero tolerancia" de la que alardean es meramente reactiva: expulsan alumnos cuando el problema ya es público, pero son incapaces de prevenir la violencia antes de que se vuelva irreparable.
Hoy, la comunidad universitaria y diversos sectores sociales exigen justicia bajo una consigna que retumba en los pasillos de la DACSyH: "La omisión también mata".
El llamado de González Rodríguez ha llegado al gobernador Javier May Rodríguez y a la Fiscalía General del Estado (FGE). Se exige una investigación profunda que no se limite a los agresores directos, sino que alcance a los funcionarios que, por negligencia o indolencia, permitieron que el acoso floreciera.
Legalmente, Narváez Osorio y Chávez Vélez están bajo el escrutinio de la justicia. Y aunque el poder político suele proteger a sus cuadros, el juicio social ya ha dictado sentencia. Quizás logren evadir un proceso penal, pero el estigma de haberle dado la espalda a Ximena en su hora más oscura los perseguirá mientras sigan ostentando sus cargos.
La UJAT no solo perdió una estudiante; perdió la poca autoridad moral que le quedaba.
