La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará formalmente el próximo martes se encuentra en un punto crítico de negociación política. La postura de la mandataria es clara: no está dispuesta a presentar una iniciativa "desdibujada" o debilitada solo para garantizar el consenso fácil, argumentando que una reforma sin cambios de fondo "no tiene caso".
La iniciativa se basa en cuatro pilares fundamentales diseñados para reducir costos y modificar la estructura de representación proporcional. Propone una reducción de hasta el 25% al 30% de las prerrogativas públicas que reciben los partidos políticos.
Busca reordenar o reducir el número de legisladores plurinominales en ambas Cámaras del Congreso. Plantea eliminar dos consejerías del pleno del Instituto Nacional Electoral y reducir su presupuesto operativo hasta en un 42% en años no electorales.
Fortalecimiento de mecanismos de consulta ciudadana y la incorporación de figuras como la diputación migrante.
Aunque Morena, el PT y el PVEM ratificaron recientemente su alianza estratégica para las elecciones de 2027, la reforma electoral ha provocado una ruptura en las negociaciones internas.
Los aliados rechazan tajantemente la eliminación de los legisladores plurinominales y la reducción drástica de recursos, ya que estos elementos son vitales para la supervivencia financiera y política de partidos con menor base electoral directa.
Se ha reportado que el diálogo se estancó tras fricciones en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. El PVEM ha endurecido su postura, condicionando su apoyo a que sus propias propuestas sean incorporadas.
Representantes de ambos partidos han aclarado que su rechazo a esta reforma específica no rompe la alianza para 2027, pero defienden que su apoyo no es automático ni incondicional.
Si la presidenta Sheinbaum mantiene su postura de no modificarla para no desmejorarla, la iniciativa enfrenta un alto riesgo de ser frenada en San Lázaro. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, ya ha calificado como "difícil" alcanzar un acuerdo en las condiciones actuales. Claro, a él no le interesa que la reforma salga avante sino todo lo contrario, de ahí su postura cercana a la oposición.
El año electoral comienza formalmente en septiembre de 2026. Por ley, cualquier modificación electoral debe estar en vigor al menos 90 días antes del inicio del proceso, lo que deja una ventana de tiempo muy estrecha, entre marzo y mayo, para su aprobación y ratificación en los congresos locales.
Es posible que la reforma se presente como un posicionamiento político de principios por parte del Ejecutivo, dejando la responsabilidad de su eventual rechazo en manos del PT y PVEM ante la opinión pública, si estos priorizan sus privilegios financieros sobre el ahorro estatal.
Es, sin duda, la prueba de fuego más definitoria para la coalición desde que inició este sexenio. Esta reforma electoral no solo pone a prueba la disciplina legislativa, sino que desnuda la naturaleza real de la alianza: ¿es una unión por un proyecto de nación o un matrimonio de conveniencia basado en la supervivencia institucional?
Para el PT y el PVEM, la propuesta de la presidenta Sheinbaum toca su "línea de flotación". Al proponer la reducción de plurinominales y del financiamiento público, la reforma ataca directamente los dos pilares que permiten que estos partidos existan y mantengan su peso político:
El PVEM ha perfeccionado el arte de negociar su votación a cambio de posiciones y recursos, que lindan con el chantaje y las negociaciones soterradas. El PT depende históricamente de la estructura de representación proporcional para mantener su registro y presupuesto, algo que no están dispuestos a perder, pero que refleja la vida artificial que han tenido en todos estos años.
Si aceptan la reforma tal como está, estarían votando por su propio debilitamiento financiero y representativo. Si la rechazan, quedan expuestos ante la base de Morena como aliados que "traicionan" la austeridad republicana por defender sus propios bolsillos.
Al negarse la presidenta a negociar cuotas con sus aliados, establece que su agenda no está secuestrada por los intereses de los partidos satélites. Si la reforma cae por culpa del PT y PVEM, la presidenta podrá decir que ella cumplió con su promesa y que fueron los aliados quienes la bloquearon, transfiriéndoles el costo social.
Si el bloque se fractura en esta votación, quedaría claro que son beneficiarios pragmáticos. Una alianza real implica ceder intereses particulares en favor de un objetivo común; si el PT y el PVEM no están dispuestos a sacrificar parte de su presupuesto o curules por el proyecto de la "Cuarta Transformación", su narrativa de "aliados históricos" se desploma y quedarán exhibidos como lo que son: mercenarios de la política.
