Los de abajo

• En el sexenio pasado se eliminaron los programas sociales locales; en el actual se incrementaron y la apuesta es ir por más

En seis meses, este gobierno ha hecho más que en los seis años de la pasada administración. No hay punto de comparación en ninguno de los rubros del quehacer gubernamental. Esto es así por un hecho fundamental: se cumple lo que se promete.
Cuando asumió la gubernatura, Adán Augusto López Hernández prometió conciliación entre los tabasqueños. La oposición se quejó de que fue criminalizada la protesta y les negó el derecho a los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes municipales. Le otorgó esa decisión al Cabildo municipal. La famosa “Ley dedazo”.
¿Qué hizo Javier May Rodríguez? En campaña prometió que les regresaría ese derecho, esa facultad conculcada, y así fue. En diciembre, la gente volvió a elegir a sus delegados y subdelegados municipales.
En el sexenio pasado se eliminaron los programas sociales establecidos por el anterior gobierno, “Corazón amigo” y “Casa amiga”, que si bien merecían la crítica, debieron ser corregidos. Se había prometido que se construirían 40 mil viviendas y a los policías estatales se les prometió que tendrían su propio fraccionamiento.
No se construyó ninguna casa y ni se colocó la primera piedra de esa dichosa unidad habitacional para los uniformados.
Tampoco se entregó ningún apoyo social a los tabasqueños. Todos los beneficios que recibieron en el sexenio pasado fueron por los programas sociales creados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
RECUPERAR LA RUTA
El gobierno actual creó sus propios programas sociales a los que destinó este año más de 3 mil millones de pesos: Sembrando Vida, Pescando Vida, Tandas para la Mujer, Crédito Ganadero a la Palabra, Programa de Inclusión Digital, pensiones a adultos mayores varones de 63 a 64 años y personas con discapacidad.
Aquí no hay comparación que valga. Todos esos programas los prometió en campaña el hoy gobernador y una vez llegó al cargo se puso a trabajar para que este año fueran una realidad, ya se están entregando. Esa es la diferencia, se honra la palabra, que es lo más sagrado que pueda tener un gobernante que se precie de serlo.
En obra pública tampoco hay comparación que valga. Este año se construirán viviendas, mantenimiento de escuelas, caminos, carreteras, obras de drenaje, puentes, calles y para lo cual se destinarán 3 mil 500 millones de pesos.
Sin contar con la construcción de la vía férrea de Estación Chontalpa, Huimanguillo al Puerto de Dos Bocas, Paraíso y la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega.
¿Qué obras se hicieron en el sexenio pasado? Fuera de los distribuidores viales de Avenida Universidad-Ruiz Cortines y del Guayabal, no hay nada que destacar. Todo el presupuesto se fue en gasto corriente, es decir, a la operatividad del gobierno y al pago de salarios y compensaciones. La austeridad brilló por su ausencia.
Solo por citar un ejemplo, en este sexenio se construirán 64 mil 500 viviendas entre los gobiernos federal y estatal. La inversión en este 2025, de esos dos órdenes de gobierno, ascenderá a 8 mil millones de pesos, una cifra considerada histórica.
Uno se pregunta, cómo es que siempre ponían como excusa que no había dinero para realizar grandes inversiones en lo social y en infraestructura. Lo que pasa es que no había un interés real de sacar al estado del atraso en que lo metieron gobiernos anteriores que no llegaron a servir sino a servirse para darse la buena vida a costa del sufrimiento del pueblo.
Mientras esta administración le ha dado prioridad a los grupos más vulnerables del estado, se ha predicado con el ejemplo de López Obrador, de que por el bien de todo primero los pobres, en el pasado se benefició a los amigos contratistas.
Un ejemplo muy claro de lo anterior. Reformó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado. A esa modificación se le denominó la “Ley compadre” porque se hizo para favorecer a contratistas amigos con la obra pública y prestación de servicios.
Esa reforma permitió otorgar obras de manera directa a cualquier persona, lo que va en contra de las mejores prácticas y abriría la puerta a la corrupción
“Aprobaron una ley de obra pública, que hay que llamarla la Ley de mi compadre, porque gracias a esa ley se puede asignar a mi compadre la obra y el proyecto que yo quiera sin ningún proceso ni obstáculo burocrático como es una licitación”, dijo en su momento el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En la próxima entrega abundaremos más sobre este tema.