- En el sexenio pasado se negaron a legislar en esta materia en Tabasco a pesar de que era un mandato constitucional
En la sesión del lunes último, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que creó la Ley de Revocación de Mandato. Es decir, reglamentó esa figura que ya se había establecido en la Constitución local el seis de octubre de 2024.
Javier May Rodríguez hizo lo que sus antecesores se negaron: enviar la iniciativa a la legislatura para que se reglamentara con una ley secundaria. Los otros le sacaron al parche, no se atrevieron a pesar de que era un mandato constitucional.
El mandatario ha dicho que el que nada debe, nada teme y se someterá a la voluntad ciudadana llegada el momento, para que ella diga que siga o se vaya a su casa, como desean muchos de sus detractores.
Tabasco es de los pocos estados que han cumplido lo que ordenó el constituyente permanente en 2019 cuando incorporó al texto constitucional federal la Revocación de Mandato a pedido del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió en ese año la iniciativa para que el Congreso federal la aprobara por mayoría calificada por tratarse de una reforma constitucional.
En el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de ese mismo año, se estableció que los congresos estatales tendrían un plazo de 18 meses para ajustar las constituciones locales a nuestra Carta Magna.
El plazo venció en junio de 2021. De ese tiempo a la fecha, solo siete estados acataron esa disposición: Baja California, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y Tabasco. Están en falta, 25 estados del país.
No hay registros confirmados de gobernadores en México que se hayan sometido a un proceso formal de revocación de mandato concluido exitosamente a nivel estatal a la fecha.
Aunque la revocación de mandato está contemplada en las legislaciones de varios estados, como los que ya se mencionó, los intentos han enfrentado obstáculos legales. O no han prosperado.
A JUICIO DEL PUEBLO
A nivel federal, López Obrador es el único gobernante mexicano que ha sido sometido a un proceso de revocación de mandato, con la consulta realizada el 10 de abril de 2022.
En ese referéndum votó el 17,7% del padrón electoral, equivalente a 16,5 millones de personas.
El 90,3% (14,9 millones) votó a favor de que López Obrador continuara en el cargo. 6,4% (1,06 millones) votó por la revocación. 1,6% fueron votos nulos.
El ejercicio no fue vinculante, ya que la ley requería una participación mínima del 40% del padrón electoral, y solo se alcanzó el 17,7%. Por lo tanto, López Obrador continuó en su cargo sin cambios.
Fue la primera vez que se implementó un mecanismo de revocación de mandato para un presidente en México, establecido en la Constitución tras la reforma de 2019. Sus defensores, incluidos sectores afines al gobierno de López Obrador, argumentaron que abrió un precedente para empoderar a la ciudadanía y permitirle evaluar directamente a sus gobernantes.
Aunque la participación fue baja (17,7%), más de 16,5 millones de personas, lo que algunos consideraron un ejercicio significativo de movilización en un contexto no obligatorio. Se destacó como un paso hacia una democracia más directa.
La creación de un mecanismo institucional para la revocación fue vista como un fortalecimiento de los instrumentos de participación, complementando figuras como el referéndum y la consulta popular.
Opositores a la 4T señalaron en su momento que la consulta fue utilizada como una herramienta de propaganda por el gobierno, con recursos públicos y movilización de Morena, lo que desvirtuó su carácter imparcial.
Expertos criticaron el diseño del proceso, como el umbral del 40% y la pregunta poco clara, que no incentivaban una deliberación genuina. También se señaló que la revocación funcionó más como un plebiscito de apoyo que como un mecanismo de rendición de cuentas.
Estudios, como los de la UNAM y el CIDE, sugirieron que la consulta fue un experimento mixto: fortaleció el discurso de la democracia participativa, pero su implementación mostró retos logísticos y políticos.
Se tendrá que afinar este instrumento para que en el futuro haya un avance indiscutible de la democracia participativa en el país. De cualquier manera, no se puede negar que esta figura marcó un hito en la vida pública del país.
May Rodríguez podría convertirse en el primer gobernador o uno de los primeros en someterse a la revocación de mandato. Eso sucederá cuando cumpla tres años al frente del gobierno, octubre de 2027 y a partir de esa fecha y en los tres meses posteriores los tabasqueños podrán solicitar que sea sometido al veredicto de las urnas.
Por supuesto, en este asunto como en todos los que tiene que ver el gobernador, los detractores descalificación por descontado este ejercicio de rendición de cuentas. Son los mismos que se tiraban al piso a sus antecesores, quienes por cierto, incumplieron el mandato constitucional de incluir esta figura en la Constitución tabasqueña.
Fallaron, como en muchas otras cosas más y que poco a poco han ido saliendo a flote, porque la corrupción en esos gobiernos fue galopante. No le entraron a la revocación de mandato, capaz y los tabasqueños le tomaban la palabra o los botaban de una vez del gobierno.
Los aduladores del adancismo se han afanado en demeritar la nueva Ley de Revocación de Mandato, pero ¿qué autoridad moral puede tener un escribiente adulador de un personaje tan corrupto como Ariel Cetina? Ninguna.
En la sesión del lunes último, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que creó la Ley de Revocación de Mandato. Es decir, reglamentó esa figura que ya se había establecido en la Constitución local el seis de octubre de 2024.
Javier May Rodríguez hizo lo que sus antecesores se negaron: enviar la iniciativa a la legislatura para que se reglamentara con una ley secundaria. Los otros le sacaron al parche, no se atrevieron a pesar de que era un mandato constitucional.
El mandatario ha dicho que el que nada debe, nada teme y se someterá a la voluntad ciudadana llegada el momento, para que ella diga que siga o se vaya a su casa, como desean muchos de sus detractores.
Tabasco es de los pocos estados que han cumplido lo que ordenó el constituyente permanente en 2019 cuando incorporó al texto constitucional federal la Revocación de Mandato a pedido del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió en ese año la iniciativa para que el Congreso federal la aprobara por mayoría calificada por tratarse de una reforma constitucional.
En el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de ese mismo año, se estableció que los congresos estatales tendrían un plazo de 18 meses para ajustar las constituciones locales a nuestra Carta Magna.
El plazo venció en junio de 2021. De ese tiempo a la fecha, solo siete estados acataron esa disposición: Baja California, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y Tabasco. Están en falta, 25 estados del país.
No hay registros confirmados de gobernadores en México que se hayan sometido a un proceso formal de revocación de mandato concluido exitosamente a nivel estatal a la fecha.
Aunque la revocación de mandato está contemplada en las legislaciones de varios estados, como los que ya se mencionó, los intentos han enfrentado obstáculos legales. O no han prosperado.
A JUICIO DEL PUEBLO
A nivel federal, López Obrador es el único gobernante mexicano que ha sido sometido a un proceso de revocación de mandato, con la consulta realizada el 10 de abril de 2022.
En ese referéndum votó el 17,7% del padrón electoral, equivalente a 16,5 millones de personas.
El 90,3% (14,9 millones) votó a favor de que López Obrador continuara en el cargo. 6,4% (1,06 millones) votó por la revocación. 1,6% fueron votos nulos.
El ejercicio no fue vinculante, ya que la ley requería una participación mínima del 40% del padrón electoral, y solo se alcanzó el 17,7%. Por lo tanto, López Obrador continuó en su cargo sin cambios.
Fue la primera vez que se implementó un mecanismo de revocación de mandato para un presidente en México, establecido en la Constitución tras la reforma de 2019. Sus defensores, incluidos sectores afines al gobierno de López Obrador, argumentaron que abrió un precedente para empoderar a la ciudadanía y permitirle evaluar directamente a sus gobernantes.
Aunque la participación fue baja (17,7%), más de 16,5 millones de personas, lo que algunos consideraron un ejercicio significativo de movilización en un contexto no obligatorio. Se destacó como un paso hacia una democracia más directa.
La creación de un mecanismo institucional para la revocación fue vista como un fortalecimiento de los instrumentos de participación, complementando figuras como el referéndum y la consulta popular.
Opositores a la 4T señalaron en su momento que la consulta fue utilizada como una herramienta de propaganda por el gobierno, con recursos públicos y movilización de Morena, lo que desvirtuó su carácter imparcial.
Expertos criticaron el diseño del proceso, como el umbral del 40% y la pregunta poco clara, que no incentivaban una deliberación genuina. También se señaló que la revocación funcionó más como un plebiscito de apoyo que como un mecanismo de rendición de cuentas.
Estudios, como los de la UNAM y el CIDE, sugirieron que la consulta fue un experimento mixto: fortaleció el discurso de la democracia participativa, pero su implementación mostró retos logísticos y políticos.
Se tendrá que afinar este instrumento para que en el futuro haya un avance indiscutible de la democracia participativa en el país. De cualquier manera, no se puede negar que esta figura marcó un hito en la vida pública del país.
May Rodríguez podría convertirse en el primer gobernador o uno de los primeros en someterse a la revocación de mandato. Eso sucederá cuando cumpla tres años al frente del gobierno, octubre de 2027 y a partir de esa fecha y en los tres meses posteriores los tabasqueños podrán solicitar que sea sometido al veredicto de las urnas.
Por supuesto, en este asunto como en todos los que tiene que ver el gobernador, los detractores descalificación por descontado este ejercicio de rendición de cuentas. Son los mismos que se tiraban al piso a sus antecesores, quienes por cierto, incumplieron el mandato constitucional de incluir esta figura en la Constitución tabasqueña.
Fallaron, como en muchas otras cosas más y que poco a poco han ido saliendo a flote, porque la corrupción en esos gobiernos fue galopante. No le entraron a la revocación de mandato, capaz y los tabasqueños le tomaban la palabra o los botaban de una vez del gobierno.
Los aduladores del adancismo se han afanado en demeritar la nueva Ley de Revocación de Mandato, pero ¿qué autoridad moral puede tener un escribiente adulador de un personaje tan corrupto como Ariel Cetina? Ninguna.
