Los de abajo

• A nivel nacional se elegirán 881 cargos judiciales y 72 en el ámbito estatal el próximo domingo

El proceso electoral para elegir a integrantes del Poder Judicial federal y estatal entra a su última etapa. A los candidatos a jueces, magistrados y ministros, en la parte federal, y a jueces y magistrados, en el ámbito estatal, les restan dos días para hacer campaña y tratar de convencer a más ciudadanos de la importancia de que acudan a las urnas para elegir a los mejores perfiles. El miércoles concluye su periplo en busca del voto.
La campaña no ha estado exenta de contratiempos ni de boicot por parte de actores políticos y medios de comunicación. En las últimas semanas opositores al gobierno, apoyados por empresas de comunicación, han tratado de desalentar la participación ciudadana en los comicios inéditos e históricos, pues es la primera vez que se elegirá a los integrantes del Poder Judicial.
Uno de esos medios que abiertamente ha boicoteado la elección judicial es TV Azteca, cuyo dueño Ricardo Salinas Pliego, tiene cuentas pendientes con el SAT que se niega a pagar, gracias a la protección que le brindan ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculados a la presidenta Norma Piña.
Es evidente que Salinas Pliego no quiere que se democratice al Poder Judicial de la Federación porque eso significa que deberá pagar los más de 63 mil millones de pesos que le adeuda al fisco, y por ello ha ordenado a conductores de programas noticiosos y del mundo del espectáculo a que hablen mal del proceso electoral judicial.
El PRI y el PAN, así como la oligarquía, de igual manera se han sumado a esta campaña negativa para desalentar el voto en la jornada del próximo domingo, pues no quieren perder la injerencia que han tenido en el Poder Judicial para incidir en las resoluciones judiciales que han sido contrarias al interés del pueblo y favorecido a intereses económicos.
A esa embestida se ha sumado la CNTE. Ha anunciado que boicoteará la jornada del próximo domingo y ha merecido una dura respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque esa postura nada tiene que ver con su reclamo al gobierno, sino que se asemeja a la actitud asumida por la derecha.
La mandataria ha sido una incansable promotora de la elección y ha pedido a los ciudadanos a que acudan a las urnas en las últimas semanas.
Sheinbaum ha instado a la población a votar, ha dicho que esta elección es una oportunidad para que el pueblo mexicano elija directamente a jueces, magistrados y ministros de la SCJN. La más reciente, el domingo pasado en un evento en Tlaquepaque, Jalisco, exhortó a los ciudadanos a investigar a los candidatos para tomar una decisión informada.
Ha enfatizado que esta elección convertirá a México en un ejemplo mundial de democracia, al ser el único país que elige a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) mediante el voto popular. En eventos públicos en Zacatecas y Durango, afirmó que el primero de junio será el "Día de la Democracia" y que el pueblo demostrará su poder decisorio.
Frente a campañas de oposición que llaman a no votar, como las de Vicente Fox y otros, Sheinbaum ha respondido que México es un país libre y que el pueblo decidirá. En sus conferencias matutinas, ha dicho que estas posturas no tendrán impacto, ya que la ciudadanía participará masivamente, lo que consolidará la transformación democrática.




A pesar de los llamados a no votar, los candidatos a cargos judicial han hecho su mejor esfuerzo, tomando en cuenta que, a diferencia de los aspirantes a un cargo de elección popular, ellos sólo pueden prometer justicia tal y como mandata la Constitución federal.
No pueden reglar gorras ni playeras ni comprar votos, como suele suceder en una elección ordinaria; los candidatos no tienen estructura ni pueden recibir financiamiento público ni privado, todo lo que gastan en la campaña tiene que salir de su bolsillo, y solo pueden hablar ante los ciudadanos de sus conocimientos y trayectoria como avales para conseguir el cargo para el cual se postularon.

DEMASIADAS DUDAS, FALTA INFORMACIÓN
La mayoría de los contendientes han dicho que faltó mayor información y promoción de la elección judicial, pues los ciudadanos no conocen a los candidatos ni cuál es su trayectoria; tampoco saben qué cargos son los que estarán en juego el próximo domingo.
Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo una restricción impuesta por el INE, los tres niveles de gobierno han podido promocionar esta contienda, aún así la ciudadanía no sabe como se debe votar con tantas boletas llenas de nombres y colores.
Aquí en el estado habrá también elecciones judiciales locales y los candidatos solo tuvieron un mes para darse a conocer y convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para ser jueces y magistrados.
A nivel federal se elegirán 881 cargos judiciales repartidos de la siguiente manera: 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del TEPJF; 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.
En las elecciones judiciales locales de Tabasco, se elegirán un total de 72 cargos del Poder Judicial local, según información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 5 del Tribunal de Justicia Administrativa; 19 jueces y juezas en materia civil; 27 en materia penal, de control, juicio, adolescente, tradicional y ejecución; 3 en materia familiar; uno materia de oralidad mercantil y cinco en materia laboral.
De acuerdo a una reciente encuesta de Enkoll, empresa que realiza sondeos para el diario español El País, el 86 por ciento de los mexicanos sabe que este domingo habrá elecciones; según ese estudio, el 38 por ciento tiene pensado acudir a votar el domingo y el 24 por ciento señaló que es poco probable que acuda a las urnas.
Es un buen porcentaje los que tienen previsto votar, si tomamos en cuenta las proyecciones del INE, que estima una participación ciudadana de entre 15 y 20 por ciento.