Los de abajo

• El desconocimiento de los candidatos y la complejidad del proceso, incidirán en el resultado

La campaña para la elección judicial de 2025 fue un ejercicio inédito, caracterizado por restricciones estrictas que obligaron a los candidatos a innovar en redes sociales y propaganda biodegradable.
Sin embargo, el desconocimiento ciudadano y la baja participación esperada (22.9%) reflejan los retos de un proceso complejo y sin precedentes.
Los llamados a no votar, impulsados por sectores críticos de la reforma, y las controversias por “acordeones” y eventos fuera de norma han enturbiado la contienda. Para el 1 de junio, se espera una jornada logísticamente desafiante, con resultados que dependerán de la capacidad del INE para garantizar la transparencia y de la disposición ciudadana a participar en un proceso que busca legitimar el Poder Judicial, pero que enfrenta escepticismo sobre su efectividad y vulnerabilidad ante influencias externas.
Este proceso, impulsado por la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que respaldó la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo una duración de 60 días sin etapa de precampaña y estuvo regulada por el Instituto Nacional Electoral.
Los 3 mil 423 candidatos a los 881 cargos federales (9 ministros de la SCJN, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 de la Sala Superior del TEPJF, 15 de Salas Regionales, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito) enfrentaron reglas estrictas.
No se permitió financiamiento público o privado, ni la contratación de publicidad en radio, televisión, redes sociales o medios impresos. La propaganda se limitó a materiales impresos reciclables y biodegradables, y a la difusión orgánica en redes sociales.
Los candidatos pudieron participar en entrevistas noticiosas y foros de debate gratuitos organizados por el INE o sectores público, privado y social.
Dadas las restricciones, las campañas se enfocaron en plataformas digitales y actividades presenciales como recorridos y distribución de volantes. Los candidatos debían destacar su trayectoria profesional, méritos y propuestas sobre la impartición de justicia, lo que representaba un desafío debido a la falta de recursos y la prohibición de actos masivos tradicionales.
Según la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, los candidatos fueron cautelosos en sus gastos, utilizaron en promedio menos del 25% de los topes establecidos, un millón 47 mil pesos para ministros, 881 mil 304 pesos para salas regionales, 413 mil 111 pesos para magistrados y 220 mil 326 pesos para jueces. Esto reflejó una campaña austera, pero también limitaciones para alcanzar una amplia difusión.
El INE habilitó el portal “Conóceles, Práctica y Ubica” para que los ciudadanos consultaran la trayectoria, propuestas y datos de contacto de los candidatos. Hasta el 30 de marzo, el 93,61% de los candidatos había registrado su información en esta plataforma, aunque el alto número de aspirantes dificultó que la ciudadanía los conociera a fondo.
Los candidatos enfrentaron una paradoja: debían generar impacto y visibilidad sin recurrir a métodos tradicionales de campaña. Esto los obligó a ser creativos, utilizando redes sociales para “hacerse virales” de manera orgánica y dependiente del boca a boca. La falta de financiamiento y la prohibición de actos masivos limitaron su alcance, especialmente en un contexto donde el 86% de la ciudadanía estaba al tanto de la elección, pero solo el 48% conocía la fecha exacta, uno de junio, y aún menos conocía a los candidatos.
Organizaciones civiles criticaron la reforma judicial, argumentando que la elección por voto popular podría violar la inmovilidad judicial y facilitar la influencia del crimen organizado.
Algunos sectores de la oposición, sin participar directamente debido a la prohibición de intervención de partidos políticos, han cuestionado la legitimidad del proceso, especialmente por la baja participación esperada (22,9% según una encuesta de Enkoll.
ACORDEONES Y ENCUESTAS
La distribución de “acordeones”, listas impresas que indican por quién votar, generó polémica, ya que favorecían a candidatos específicos. El INE aclaró que estas guías no están aprobadas y violan el marco normativo, lo que llevó a investigaciones para determinar su origen.
La consejera Claudia Zavala señaló que estos materiales representan una falta de vocación democrática al intentar influir en el voto. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a quienes llamaban a no votar, argumentando que abstenerse es menos democrático que participar en la elección de los jueces.
La jornada electoral del 1 de junio será un evento inédito, con más de 99 millones de ciudadanos convocados a votar en 83 mil 997 casillas, utilizando una urna única para facilitar el proceso.
Se espera que los ciudadanos reciban seis boletas diferenciadas por color para elegir entre los 881 cargos federales y mil 800 cargos locales en 19 estados.
Según una encuesta de Enkoll realizada entre el 18 y 20 de mayo, solo el 22.9% de los ciudadanos planea votar, aunque el 38% expresó disposición para acudir a las urnas. Este porcentaje es mayor al 11% estimado en abril, pero sigue siendo bajo en comparación con elecciones presidenciales (60%).
El desconocimiento de los candidatos y la complejidad del proceso son factores que pesarán. El 65% de los encuestados cree que la elección aumentará la confianza en el Poder Judicial, y el 60% considera que reducirá la corrupción.
Sin embargo, el 37% teme que el voto popular haga a los jueces más vulnerables al crimen organizado, y el 62% opina que la legitimidad del proceso requiere al menos un 60% de participación, un umbral difícil de alcanza.