En su informe de labores, era inevitable que el gobernador se refiriera al pasado reciente y al daño que se le provocó al estado por malas decisiones —o complicidad— en materia de seguridad.
Lo expresó de manera contundente, desmarcándose de ese pasado pernicioso: «¡Nunca más el delincuente será el policía!».
Esa frase debió calar hondo en un diputado federal presente en el Centro de Convenciones. Hace siete años, era el fiscal de Tabasco, jefe de un “delincuente” metido a policía, designado con la aprobación de quien gobernaba entonces.
La alusión directa fue para Jaime Lastra Bastar y Adán Augusto López Hernández, por el mucho daño que le hicieron al pueblo y por el “mal ejemplo” que dieron a los jóvenes, esos que ahora, convertidos en sicarios, matan por cinco mil pesos a quien les digan.
Resuenan todavía esas palabras, duras, clavadas como cuchillo. El mandatario calificó como muy “grave” que ese mal ejemplo se tradujera en “conseguir dinero a costa de lo que sea”, en que los jóvenes pensaran que “el respeto se gana con violencia”, “creer que los sueños se alcanzan con drogas”, o que “el prestigio se obtiene con vilezas”.
Frases muy directas e incriminatorias para quienes, inexplicablemente, siguen gozando de impunidad, a pesar de la enorme responsabilidad que tienen por haber designado a un “delincuente” como director de la Policía de Investigación de la FGE, primero, y como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), después.
El daño enorme que le causaron al estado se mide en estadísticas: asesinatos y desaparecidos; extorsión y secuestro; robo de combustible; tráfico de migrantes; y, lo que es peor, inundaron de drogas las escuelas y antros. Valía más la vida de un delincuente que de un ciudadano.
Volvieron adictos a miles de jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato, como lo han reconocido las propias autoridades. Por esta grave situación, deberían estar sujetos a proceso.
Eso no tiene perdón. Quizás anden tan campantes por ahora, pero llevarán a cuestas, quiéranlo o no, sobre su conciencia ese terrible daño infligido a Tabasco. Algún día tendrán que pagar también por esos crímenes y por esa deplorable decisión de dejar en manos de un criminal la seguridad del estado.
Al actual gobierno tabasqueño, con el respaldo de la Federación, le ha costado modificar esa realidad compleja heredada de una administración que prefirió pactar con delincuentes antes que combatirlos.
Su primera decisión fue precisamente no seguir el mismo camino, sino pintar su raya: no pactar con criminales ni proteger a nadie. Por eso cayeron todos a los que se les había otorgado licencia para robar, matar, traficar, extorsionar y despojar, comenzando por su jefe y líder mafioso, hoy recluido en una cárcel de máxima seguridad.
Corrompieron a la policía hasta el tuétano. Les dieron mando, armas y equipo táctico a fichitas, quienes volvieron institucional la corrupción policiaca por decisión propia, presión o amenazas. No servían ni cuidaban a los ciudadanos, sino a delincuentes.
LA MAÑA HASTA LA COCINA
Hubo que rescatar del fango a la institución policial y dignificar a la policía para que la ciudadanía recobre la confianza en ella. En esa tarea están.
La infiltración fue tan profunda que todavía no se puede decir que ya está saneada del todo. Lo vimos recientemente con el involucramiento de cuatro policías municipales de Jalapa en el crimen de tres mujeres la noche del sábado en Macuspana.
Fueron detenidos, junto con el líder de la célula criminal que ordenó la ejecución por la disputa de la plaza, según explicaron las autoridades.
La limpia se tiene que hacer no solo en la SSPC, sino también en las direcciones de Seguridad Pública municipales, de las cuales son responsables directores quienes pusieron la seguridad en manos de un criminal.
Por cierto, esos que difundieron profusamente el triple crimen de Macuspana para empañar el primer informe de gobierno de Javier May, guardaron silencio sepulcral ante la detención de una veintena de sujetos relacionados con esos homicidios.
Eso no pasaba cuando el “Comandante H” dirigía la corporación policiaca y lideraba, al mismo tiempo, la organización criminal “La Barredora”. Todos esos crímenes quedaban impunes porque, según las autoridades, eran cometidos por ellos mismos para combatir a quienes les disputaban los negocios ilícitos en Tabasco.
No hay impunidad como en el pasado reciente ni complicidad con criminales, sino un combate frontal contra la inseguridad con muy buenos resultados que le han devuelto la tranquilidad y la paz al estado, aunque es una tarea inacabada.
Falta mucho por hacer, porque el daño que le hicieron fue muy grande. Reparar el tejido social, recuperar la paz y la tranquilidad es una tarea que lleva tiempo, pero se va por la ruta correcta.
