La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que será entregada este lunes a la Cámara de Diputados, ha desatado un intenso debate entre diversos actores políticos. En esta discusión pública también ha intervenido el árbitro electoral, debido a la propuesta de reducir el costo de los comicios y la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
La oposición rechaza la iniciativa bajo dos argumentos principales: la eliminación de las listas de candidatos plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos. Sin embargo, este rechazo suele disfrazarse con la narrativa de que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca instaurar un régimen autoritario.
En realidad, lo que partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, con el probable respaldo del PT y el PVEM en este punto, no están dispuestos a aceptar es la pérdida del privilegio de "palomear" listas y autoasignarse los primeros lugares en el Senado y el Congreso, asegurando posiciones para amigos e incondicionales.
Tampoco desean ver reducidas las prerrogativas que reciben del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque estos recursos están destinados a actividades partidistas, con frecuencia se utilizan para costear altos sueldos y gastos discrecionales.
Incluso, existen señalamientos de malversación, como los atribuidos al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mediante supuestos cursos de capacitación que solo existen en el papel para justificar la salida de millones de pesos.
Un reportaje del portal SinEmbargo.mx revela que, en los últimos 14 años, el financiamiento público a los partidos creció un 80%. En 2012, recibieron 4,292 millones de pesos, cifra que se disparó a 7,737 millones en el presente año; casi el doble, según informes del INE.
En años electorales, el gasto es aún mayor: en 2018 recibieron 6,788 millones y en 2024 la cifra alcanzó los 10,444 millones de pesos. En un país con tantas carencias, este nivel de gasto resulta ofensivo.
El reporte periodístico también expone prácticas comunes en el PVEM, PAN y PRI: desvío de dinero público para eludir la fiscalización, engrosar el peculio de sus dirigentes e inflar costos de servicios para obtener retornos de capital.
Durante las campañas, el derroche se disfraza de propaganda o servicios. No falta el dirigente que se apropia de recursos, como ocurrió en Tabasco durante las elecciones de 2012, cuando Mario Llergo Latournerie, coordinador de campaña de Jesús Alí, fue acusado de quedarse con fondos tras la derrota del PRI en la gubernatura.
Por ello, el argumento de que la reforma busca "asfixiar" al INE con un recorte del 25% parece ser una cortina de humo para proteger privilegios.
El PRI de "Alito" Moreno es quizás el más interesado en el fracaso de la reforma, pues el rechazo ciudadano hacia sus siglas pone al partido en riesgo de extinción. Moreno ha calificado la iniciativa como "Ley Maduro" para intentar congraciarse con el gobierno de Donald Trump, y afirma que "no es momento" para una reforma electoral mientras el país enfrenta crisis de seguridad, calificándola como un "distractor".
No obstante, lo que realmente se cae a pedazos es el PRI bajo su liderazgo. En cinco años, el tricolor ha perdido 11 gubernaturas. En 2021, perdió bastiones como Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En 2022 sumó Hidalgo y Oaxaca, y en 2023 perdió el Estado de México, su baluarte histórico.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum defiende su propuesta sosteniendo que la democracia mexicana es excesivamente cara. El recorte del 25% al presupuesto del INE y de los partidos generaría un ahorro de entre 12,000 y 13,000 millones de pesos.
Además, asegura que el nuevo modelo permitirá una fiscalización inmediata para detectar recursos ilícitos durante las campañas, sin esperar meses a que concluyan las auditorías. La mandataria descartó que la reforma sea un retroceso y calificó de "hipócritas" a quienes aseguran que atenta contra la República, reiterando que su objetivo es restar poder a las cúpulas y fortalecer la democracia.
