La fastuosa fiesta de XV años celebrada la noche del sábado en el Centro de Convenciones de Villahermosa pone en evidencia la corrupción que persiste en Pemex. Muestra la entrega de contratos millonarios a ciertos personajes vinculados a intereses políticos y empresariales locales, asociados al grupo político que detentó el poder hasta hace poco y que amenaza con hacer todo lo posible —y gastar lo que sea necesario— para recuperarlo.
No se trató de una celebración cualquiera. La hija del contratista de Pemex, Juan Carlos Guerrero —dueño de Pimex, empresa que maneja la producción petrolera del campo Bakté—, merecía una noche inolvidable, y así fue.
El orgulloso padre tiró la casa por la ventana sin escatimar en gastos. Contrató a artistas de primer nivel que cobran sumas exorbitantes por presentación, como Belinda, quien, según reportes, percibe alrededor de un millón de dólares, Pablo Montero, Xavi, J Balvin y Matute.
Además, la conducción y presentación del evento corrió a cargo de la conductora estrella de Televisa, Galilea Montijo. Como era de esperarse, este derroche generó revuelo y se convirtió en tendencia en redes sociales, además de ser noticia en medios nacionales.
En El Financiero , la periodista Atzayaelh Torres publicó un artículo demoledor que señala directamente al subdirector de Producción de Pemex Exploración y Producción (PEP), Marcos Torres Fuentes, como presunto “padrino” de la fiesta.
SIGUEN LOS SAQUEADORES
El texto aborda un tema de alto interés público en México: la corrupción endémica en Pemex, una empresa estatal históricamente marcada por escándalos de desvíos, soborno, como el caso Odebrecht, contratos sobrevalorados, “pagos simulados” y cobros en exceso.
El artículo conecta el evento con presuntas irregularidades en el campo Bakté, incluyendo “pagos simulados” y cobros excesivos por más de 30 millones de dólares, y resalta un problema sistémico: la debilidad en los filtros para seleccionar proveedores en un contexto de grandes flujos presupuestales.
En México, donde entre el 36% y el 40% de la población vive en pobreza según datos recientes del INEGI y Coneval, y donde Pemex enfrenta pérdidas millonarias anuales, recortes presupuestales y problemas crónicos de producción, que un proveedor obtiene contratos por cientos de millones de dólares y organice un evento tan ostentoso genera legítima indignación.
Representa el clásico contraste: mientras el pueblo pasa apuros, otros derrochan con dinero que, en última instancia, proviene del erario nacional. Esto erosiona la confianza en las instituciones y refuerza la percepción de que la corrupción beneficia a unos pocos.
Pemex ha sido uno de los principales focos rojos de corrupción en el país: sobornos, contratos inflados, “trabajo hoy simulado y me pagas mañana”, y hallazgos millonarios de la ASF.
Si el empresario Juan Carlos Guerrero obtuvo contratos por más de 100 millones de dólares en servicios de exploración y perforación, y ahora enfrenta señalamientos por amenazas ante falta de pago o cobros excesivos en proyectos como el campo Bakté, con un funcionario de alto nivel de PEP como posible “padrino”, esto apunta a posibles esquemas de cohecho, tráfico de influencias o peculado.
Se estima que la fiesta costó alrededor de 45 millones de pesos. Si parte de ese dinero proviene de pagos irregulares de Pemex, se trataría de un delito grave que afecta directamente al erario ya la viabilidad de la empresa.
El gobierno actual ha prometido combatir la corrupción en Pemex y aumentar la producción petrolera. Sin embargo, eventos como este, justo cuando se anuncian grandes planes de inversión en infraestructura energética, envían un mensaje contradictorio: los filtros para proveedores siguen siendo débiles y el flujo de dinero público puede terminar en lujos privados.
Sin investigaciones rápidas y transparentes por parte de las instancias correspondientes, ASF, Secretaría de la Función Pública o FGR, se refuerza la narrativa de que “nada cambia”.
Lo ideal sería abrir una carpeta de investigación por posible enriquecimiento ilícito, cohecho o envío de recursos. Mientras tanto, este tipo de fiestas no solo no se pueden ocultar, sino que sirven como recordatorio doloroso de por qué la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas son esenciales en el manejo de los recursos públicos. Si no hay consecuencias, el mensaje es claro: la impunidad sigue premiada.
