La iniciativa de reforma electoral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso la semana pasada y que ya se discute en comisiones, cuenta con el respaldo de la amplia mayoría de los mexicanos: el 87% la apoya, según la encuesta de Enkoll recientemente difundida por el diario español El País.
Ese abrumador apoyo popular contrasta con la actitud de los supuestos partidos aliados, el PT y el PVEM, que en su afán de justificar su postura han llegado al extremo de calificar de traidora a la presidenta por una reforma que, afirman de forma tendenciosa, "nadie pidió", es "regresiva" y busca el retorno del partido único en México.
El nivel de aprobación reportado por Enkoll en temas como la supervisión de fondos de campaña, la reducción de sueldos en el INE y la elección directa de plurinominales, sitúa a la reforma como una demanda ciudadana genuina más que como una simple agenda de partido.
Mientras el pueblo apoya la eliminación de los "pluris" y la reducción del financiamiento público, el PT y el PVEM se oponen porque estas medidas amenazan directamente su existencia y su peso legislativo. Históricamente, los votos de Morena les han otorgado una vida artificial que hoy se ve comprometida.
La misma encuesta sugiere un escenario crítico para estos aliados: si las elecciones fueran hoy, ambos partidos apenas alcanzarían el 2% de la votación, lo que los dejaría al borde de perder el registro si no compiten en coalición o si se eliminan las válvulas de seguridad actuales.
Pero también refleja que el aporte de votos al movimiento es raquítico, lo cual no guarda sintonía con la actitud insolente que han mantenido sus dirigentes partidistas, quienes actúan como si su participación electoral fuera crucial para la estabilidad del proyecto.
La postura de Sheinbaum de pedir que cada partido decida su voto en el pleno es una táctica de exposición pública. Al exigir que se vote abiertamente, la presidenta traslada el costo político del rechazo directamente a las bancadas del PT y del Verde.
Su mensaje es claro: ella ya cumplió al enviar la iniciativa respaldada por la mayoría; si esta no se aprueba, la responsabilidad será de quienes votaron en contra, incluso si forman parte de su bloque.
LEGITIMIDAD O SÓLO NEGOCIO DE MINIPARTIDOS
La reforma, enviada formalmente al Congreso el 2 de marzo de 2026, busca transformar el modelo electoral bajo los siguientes ejes: reducción del 25% del gasto electoral y del financiamiento a partidos; elección directa de diputaciones y senadurías plurinominales, para que la representación sea voluntad del pueblo y no de acuerdos cupulares; y una supervisión estricta del dinero en campañas para evitar la influencia de grupos de interés.
El enfrentamiento no es solo legislativo, sino de narrativa. Sheinbaum utiliza los datos de Enkoll para demostrar que la oposición de sus aliados no es contra ella, sino contra el deseo de la gran mayoría de los ciudadanos, obligándolos a elegir entre su supervivencia como estructuras de poder o el respaldo al proyecto de nación que dicen integrar.
Esta situación plantea una contradicción profunda entre la legitimidad social que busca la presidenta y la supervivencia política de sus aliados. Mientras los números de la encuesta validan la narrativa de austeridad de Sheinbaum, los datos electorales proyectados explican el nerviosismo del PT y el PVEM.
La encuesta presentada en este mes funciona como un termómetro que favorece la narrativa oficial. El respaldo del 87% a la reforma es un apoyo implícito al recorte de gastos en el sistema electoral; los ciudadanos ven con buenos ojos reducir el presupuesto a partidos y el sueldo de funcionarios del INE.
El apoyo del 83% a la elección directa de plurinominales indica que la gente quiere elegir nombres y rostros, no listas cerradas decididas por las dirigencias.
El dato más revelador es que, sin la sombra de Morena, el PT y el PVEM apenas captan el 2% de la intención de voto. Esto sugiere que estos partidos carecen de una base social propia y sólida, dependiendo totalmente de la estructura de la coalición para mantener su vigencia legal.
Finalmente, la postura de la presidenta obliga a estos aliados a decidir si prefieren salvar sus privilegios o mantener la lealtad al proyecto presidencial. Si la reforma fracasa por su culpa, ella quedará como la líder que intentó reformar el sistema, pero fue frenada por intereses particulares internos.
