Cuando parecía que Adán Augusto López Hernández se había librado de los vínculos que por más de tres décadas ha mantenido con los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez Requena —señalados por presuntos nexos con la delincuencia organizada—, el exsecretario de Gobernación ha vuelto a acaparar la atención de la prensa nacional e internacional.
Cabe recordar que Hernán, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, se halla recluido en un penal de máxima seguridad acusado de secuestro, extorsión y asociación delictuosa.
El martes pasado, el diario El Universal publicó un amplio reportaje en el que reveló que el empresario Fernando Paniagua Garduño, socio de Humberto Bermúdez Requena, aportó 189 mil pesos a la aspiración presidencial de López Hernández; un proyecto que finalmente no prosperó al no obtener el respaldo de la militancia, que no vio en él un perfil idóneo para continuar el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.
Según el reportaje, con esos recursos se financiaron nueve asambleas ciudadanas o mítines de la precampaña de Adán Augusto en agosto de 2023, en estados como Jalisco, Aguascalientes y Sonora.
La conexión no es aislada. Fernando Paniagua fue socio de Humberto Bermúdez en la empresa Inmobiliaria y Constructora Samaria. Además, existen antecedentes políticos. Rafael Paniagua, hermano de Fernando, fue designado por Adán Augusto como director de la Junta Estatal de Caminos en Tabasco, poco antes de que Hernán Bermúdez asumiera la titularidad de la SSPC.
Aunque el financiamiento aparece en los comprobantes presentados ante el INE, se cuestiona la posible omisión de información en el cuestionario de evaluación de riesgo, específicamente al no declarar la sociedad con los Bermúdez.
Las acusaciones contra López Hernández se centran en una presunta omisión o complicidad derivada de su relación cercana con Hernán Bermúdez y el grupo criminal "La Barredora", identificado como una célula aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Adán Augusto lo designó titular de la SSPC en Tabasco a pesar de que, según informes de inteligencia militar filtrados por el grupo Guacamaya en 2022, Bermúdez ya era una "persona de interés" por nexos con el crimen organizado desde antes de 2018.
Críticos y especialistas sugieren que estos vínculos permitieron operaciones de extorsión, narcomenudeo, tráfico de personas y "huachicol" fiscal bajo un manto de impunidad estatal.
Bermúdez, detenido en 2025, es señalado como líder de "La Barredora", organización que presuntamente operó con protección oficial durante la gubernatura de López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos.
UN PERFECTO…CONOCIDO
Por su parte, Adán Augusto ha sostenido consistentemente que desconocía las actividades ilícitas de Bermúdez. Tras la detención del exjefe policial, declaró que "si hubiera sospechado, lo habríamos separado del cargo inmediatamente", asegurando que nunca recibió alertas o informes al respecto.
En septiembre de 2025, reiteró que no teme a posibles declaraciones de Bermúdez ante la justicia, pues afirma no tener relación alguna con organizaciones criminales.
Sin embargo, investigaciones de medios como Excélsior y El Universal contradicen esta versión, señalando que consultores de seguridad le advirtieron sobre los antecedentes de Bermúdez antes de su nombramiento. Esta discrepancia genera serias dudas sobre la veracidad de su deslinde.
Este escándalo se suma a una lista de señalamientos que incluyen inconsistencias patrimoniales, contratos irregulares en Tabasco y presunto tráfico de influencias. Tras la reciente publicación, López Hernández evitó a la prensa en el Senado, abandonando el recinto en un taxi sin dar declaraciones.
Su silencio y evasión ante los cuestionamientos sobre el financiamiento han sido interpretados como una muestra de debilidad política que erosiona su credibilidad y podría limitar su influencia dentro de la llamada "Cuarta Transformación".
