Tras el rechazo de su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó su conferencia matutina del jueves para fijar una postura de firmeza y anunciar una nueva estrategia legislativa.
La presidenta minimizó el resultado como una derrota personal y enfatizó que su prioridad fue cumplir con un compromiso hacia la ciudadanía.
Sheinbaum señaló que el voto en contra de aliados, PT y PVEM, y algunos legisladores de Morena evidenció una falta de compromiso con la eliminación de privilegios y el ahorro de recursos públicos.
Aunque reconoció el derecho de los legisladores a votar según su criterio, advirtió que la ciudadanía ya identificó a quienes bloquearon la propuesta. En respuesta a preguntas sobre posibles sanciones, indicó que "Morena tomará decisiones hacia adelante", sugiriendo un costo político interno para quienes rompieron la unidad del bloque.
la situación de los legisladores de Morena que rompieron esa unidad quedó marcada por la exhibición pública y la advertencia de consecuencias políticas internas, aunque sin una expulsión inmediata.
La presidenta fue clara al señalar que quienes votaron en contra o se abstuvieron mostraron una "falta de convicción" con el proyecto de austeridad y la eliminación de privilegios. Aunque recalcó que son "libres", dejó ver que sus acciones no pasaron inadvertidas para el Ejecutivo ni para la dirigencia del partido.
Las diputadas Gisela Arellano, Santi Montemayor y Alejandra Chedraui Peralta quedaron en una posición de vulnerabilidad política dentro de la bancada. Se les identifica ahora como el grupo que impidió alcanzar la mayoría calificada necesaria para la reforma constitucional.
Sheinbaum sugirió que "la ciudadanía tomará su opinión", lo que en términos políticos implica que podrían enfrentar dificultades para futuras candidaturas o apoyos del movimiento.
Para los legisladores que se abstuvieron o no asistieron, el mensaje fue de un extrañamiento público. Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria de Gobernación, al abstenerse nuevamente en un tema clave, su postura fue interpretada como una defensa técnica de la autonomía de las instituciones, pero políticamente la aleja del círculo de confianza de Palacio Nacional.
La abstención de Manuel Espino refuerza la percepción de que su alianza con Morena es pragmática y no ideológica, lo que genera desconfianza en el núcleo duro del partido.
La ausencia de Iván Peña Vidal fue notable dado que representa al estado natal del movimiento, Tabasco. Al no presentarse, queda bajo la lupa de la dirigencia local y nacional, pues su falta se sumó al déficit de votos que hundió la reforma.
Peña Vidal ha sido vinculado políticamente con el grupo de Adán Augusto López Hernández. Durante el periodo en que Adán Augusto fue gobernador de Tabasco, Peña Vidal ocupó posiciones en la administración estatal, como la Coordinación General de Desarrollo Social, lo que lo sitúa dentro del cuadro de confianza del ahora senador. Siempre ha estado alineado a la estructura política del exsecretario de Gobernación.
Líderes de Morena ya han advertido un costo político para el PT y el PVEM, sugiriendo que se debe valorar la continuidad de la coalición en ciertos estados. Si Morena decide competir solo en 2027 como "castigo", los partidos “aliados” podrían perder fuerza territorial.
Para las diputadas de Morena que votaron en contra y los que se abstuvieron, el costo podría ser interno: la pérdida de apoyo del partido para la reelección o para saltar a otros cargos en 2027.
Morena planea usar este rechazo como bandera electoral en 2027, argumentando que necesitan una mayoría aún más amplia para vencer el "bloqueo" de los que defienden privilegios. No debe haber cabida para los traidores ni para aliados de papel.
El “Plan B” se anunciará el lunes
El próximo lunes, la mandataria dará a conocer el “Plan B” electoral. Es una nueva estrategia legislativa que se presentará tras el rechazo de su iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados.
A diferencia de la propuesta original, este plan se enfoca en modificar leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales solo requieren una mayoría simple para su aprobación, evitando así la necesidad de los votos de la oposición o de aliados disidentes que bloquearon la mayoría calificada.
Este plan busca establecer topes máximos al presupuesto de egresos de los Congresos locales y de los municipios para eliminar lo que la presidenta denomina "privilegios". Se estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, los cuales se pretende redistribuir directamente a los estados y municipios.
Incluye medidas para facilitar y fortalecer las consultas populares en temas electorales, propone que este ejercicio ciudadano pueda solicitarse durante el tercer o cuarto año del sexenio a petición de la gente o del Ejecutivo.
Aunque no puede cambiar la estructura constitucional del instituto, el plan contempla reducir gastos operativos y de fiscalización permitidos por las leyes secundarias.
