El Plan B de la reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso este martes, representa un ajuste estratégico tras el rechazo de la propuesta constitucional inicial en la Cámara de Diputados.
Esta nueva versión busca implementar cambios estructurales sin depender de una mayoría calificada que la oposición no está dispuesta a otorgar.
Tras un periodo de incertidumbre y aparentes divisiones —donde algunos legisladores del Verde y el PT mostraron reticencias iniciales— las dirigencias de ambos partidos han sellado un respaldo total al Plan B.
En reuniones recientes en la Secretaría de Gobernación, los aliados de Morena confirmaron que votarán en bloque a favor de la iniciativa. El Partido Verde ha manifestado que coincide con el espíritu de austeridad de la reforma, especialmente en lo que respecta a la eliminación de privilegios y topes salariales.
En términos políticos y electorales, el Plan B se perfila como una "reforma mínima" o focalizada que prioriza la narrativa de austeridad sobre una reingeniería total del sistema.
Busca un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos mediante la reducción de regidurías y el recorte de presupuesto en los Congresos estatales, destinando esos recursos a infraestructura municipal.
Establece que ningún funcionario del INE o de tribunales electorales podrá ganar más que la presidenta de la República, y abre la puerta a que temas electorales, como el financiamiento a partidos, puedan ser sometidos a consulta ciudadana.
Propone flexibilizar las reglas para que este proceso pueda realizarse en 2027 o 2028, a criterio de la presidencia.
Políticamente, el Plan B es una demostración de fuerza y pragmatismo. Al no poder modificar la Constitución de fondo, el gobierno opta por cambios en leyes secundarias que, aunque la oposición califica de "versión descafeinada", mantienen viva la bandera de la "Transformación" contra los privilegios de la burocracia electoral.
El respaldo reciente del PT y el PVEM al Plan B electoral se interpreta más como un acuerdo de supervivencia política que como una reconciliación plena con el sector más duro de Morena. Si bien las dirigencias sellaron un "respaldo total" en la Secretaría de Gobernación, las heridas dentro de la coalición siguen abiertas.
A pesar del cierre de filas público, el aval del ala más radical de Morena es condicional y vigilante. El sector duro no olvida que el rechazo inicial de los aliados el 11 de marzo impidió la mayoría calificada necesaria para la reforma constitucional, lo que obligó a la presidenta Sheinbaum a presentar esta versión legalmente más limitada.
Figuras del ala radical han cuestionado la lealtad de los aliados, calificando su resistencia previa como un intento de proteger intereses particulares, como el financiamiento público y las diputaciones plurinominales.
CLAUDIA, FACTOR DE GOBERNANZA
La presidenta ha tenido que equilibrar la presión de sus bases más ideológicas con la necesidad pragmática de mantener la unidad legislativa para que el Plan B avance sin más tropiezos en la Cámara de Diputados.
Para el PT y el Verde, este apoyo es un intento de rehabilitación política tras haber sido señalados como los responsables del fracaso de la reforma constitucional.
El PT ha declarado que es momento de "darle vuelta a la página" y priorizar la transformación, aunque el sector duro sigue desconfiando de futuras votaciones clave, especialmente rumbo a las elecciones de 2027.
Sin embargo, no se olvida la actitud desafiante y grosera de diputados de ese partido que se atrevieron a llamar a la presidenta traidora por presentar una reforma “que nadie pidió” y que atentaba contra sus intereses y privilegios.
Aunque el Plan B sea aprobado, un amplio sector de Morena mantiene la narrativa de que el PT y el PVEM son "aliados por conveniencia", lo que podría tensar la asignación de candidaturas comunes en el próximo ciclo electoral.
El verdadero castigo vendrá en la negociación de las coaliciones para 2027. Morena buscará ceder menos distritos y ser más exigente con los perfiles del PT y PVEM, según han comentado analistas políticos.
En las bases de Morena se ha instalado la idea de que estos partidos son mercenarios que solo cuidan su registro y presupuesto, lo que debilita la posición de los líderes del Verde y el PT frente a la militancia guinda. No se equivocan: son “gambusinos” de la política.
