No hay día que no se cumpla ni plazo que no se venza. Inició la cuenta regresiva para Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien irá a juicio dentro de unos meses.
Al agotarse el término legal para complementar la investigación abierta desde noviembre de 2024, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) entra en una fase crítica: el vencimiento del plazo otorgado por el juez de control obliga a la representación social a formalizar la acusación.
No hay más prórrogas; lo que sigue es la audiencia intermedia, el filtro donde se determinará si las pruebas contra el exjefe policiaco son contundentes o de papel.
Bermúdez Requena no es un detenido cualquiera. Fue, durante años, el hombre de todas las confianzas de Adán Augusto López Hernández. Su caída no solo representa el colapso de un mando policial, sino el desnudamiento de una estructura que, bajo el amparo del poder estatal, presuntamente entregó las llaves de la seguridad a la delincuencia organizada.
Se le acusa, bajo la causa penal 213/2025, de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, señalándolo como el presunto líder de “La Barredora”, brazo operativo del CJNG en la entidad.
La narrativa oficial de "paz y resultados" que tanto pregonó el hoy senador Adán Augusto se desmorona frente a los informes de inteligencia. Mientras el exgobernador defendía la gestión de Bermúdez asegurando que los índices delictivos bajaban, la realidad —y hoy las investigaciones— sugieren un escenario perverso: las cifras fueron maquilladas para ocultar que el estado era un feudo del huachicol y el secuestro.
El impacto de este caso trasciende las fronteras de Tabasco. La sombra de la extradición planea sobre el penal de máxima seguridad El Altiplano, donde Bermúdez permanece recluido tras su captura en Paraguay y traslado a México en septiembre de 2025.
Aunque Washington aún no formaliza el pedido, el interés del gobierno estadounidense es un secreto a voces, especialmente tras catalogar al CJNG como una organización terrorista. Para México y Tabasco, y específicamente para la FGET, el reto es mayúsculo: si la fiscalía local falla en sostener una acusación robusta, el ridículo jurídico no solo sepultará la credibilidad de la institución, sino que confirmará la impunidad institucionalizada.
Sin embargo, el juicio legal corre en paralelo al juicio social, y en este último, la sentencia ciudadana ya está dictada. Es imposible desvincular la responsabilidad de Adán Augusto López Hernández y de Jaime Lastra Bastar de este desastre.
Fue Lastra quien, como Fiscal General en 2019, nombró a Bermúdez director de la Policía de Investigación, ignorando las alertas que ya lo señalaban como una "persona de interés" por vínculos con el crimen.
¿Fue ceguera voluntaria o complicidad manifiesta? La omisión también es una forma de participación. Aunque contra ellos no existan expedientes judiciales abiertos hasta hoy, el pueblo tabasqueño los identifica como los responsables de un sistema que permitió el empoderamiento criminal.
Bermúdez, en su celda, guarda un silencio que por ahora protege a sus antiguos jefes, pero en un juicio de esta magnitud, las lealtades suelen ser la primera baja.
La FGET tiene la obligación constitucional de presentar pruebas lícitas, pertinentes e idóneas. No bastan los rumores ni las notas de inteligencia; se requieren testimonios inatacables y peritajes científicos que demuestren, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del imputado.
En la audiencia intermedia no puede haber espacio para la duda: o se presenta un caso sólido que garantice una condena de décadas, o se entrega un pase de salida a la impunidad.
El juicio contra Hernán Bermúdez Requena no es solo el proceso contra un exfuncionario; es el examen final para un sistema de justicia que debe decidir si sirve a los ciudadanos o si sigue siendo el guardián de los secretos del poder. La Fiscalía no puede permitirse un fallo que resulte en impunidad.
