La frontera entre la cooperación internacional y la entrega de la soberanía nacional es, constitucionalmente hablando, una línea roja que nadie debería cruzar sin autorización federal. Sin embargo, en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos parece haber decidido que la Constitución es opcional.
Lo que comenzó como un reporte sobre la muerte de supuestos "instructores" en un accidente de carretera se ha transformado en el escándalo político y diplomático más grave del año: la presunta participación activa de agentes de la CIA en operativos tácticos en suelo mexicano.
Lo revelado por The Washington Post y diversas investigaciones periodísticas no solo apunta a la presencia de extranjeros, sino a un nivel de mimetismo alarmante. Se ha reportado que los agentes de la CIA utilizaban el uniforme oficial de la Policía de Investigación de Chihuahua para pasar desapercibidos durante las incursiones contra laboratorios de droga.
Este disfraz no es un detalle menor; es la simulación de una autoridad que no poseen y una burla directa al marco legal que rige la seguridad nacional. ¿Quién autorizó que ciudadanos extranjeros portaran el emblema y los colores de una fuerza pública mexicana?
El manejo de crisis por parte del gobierno estatal ha sido un sainete jurídico. El Fiscal General del Estado, César Jáuregui, se ha convertido en el rostro de la confusión, cambiando su versión de los hechos hasta en tres ocasiones.
Primero negó la presencia de extranjeros, luego los matizó como "capacitadores" de la embajada y finalmente, ante la contundencia de los reportes, cayó en contradicciones sobre si el incidente fue un accidente vehicular o producto de un enfrentamiento. Este baile de declaraciones, que intenta desesperadamente "componer" una narrativa insostenible, solo aumenta la sospecha de que hay mucho que ocultar bajo la alfombra de la Fiscalía.
La actitud de la gobernadora Campos ha echado gasolina al fuego. Negarse a tomarle la llamada a la presidenta de la República no es un acto de "rebeldía valiente", sino una irresponsabilidad política que rompe el pacto federal.
Gobernar un estado no da licencia para ignorar la jerarquía institucional ni para gestionar la seguridad nacional como si fuera un feudo independiente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: no se acepta la participación de operativos extranjeros en campo, y mucho menos si esto ocurre sin el conocimiento o permiso de la federación.
La exigencia de la presidenta es clara: tanto la gobernadora como el fiscal deben explicar, punto por punto, por qué permitieron que agentes de la CIA se uniformaran como policías locales. Ante esta grave omisión, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República ya ha aprobado la citación para que ambos comparezcan el próximo 28 de abril.
No se trata de una persecución política, sino de una rendición de cuentas básica por lo que algunos ya califican como "traición a la patria".
Lo más preocupante es el trasfondo geopolítico. En un momento de altísima tensión por la revisión del T-MEC y las presiones externas, el actuar de Campos debilita la posición de México.
Al permitir estas incursiones sin control federal, se valida la narrativa de que el Estado mexicano es incapaz de controlar su territorio, dándoles el pretexto perfecto a voces intervencionistas en Washington para exigir mayor injerencia.
Maru Campos debe entender que la seguridad no se recupera subastando la soberanía; si el Senado no actúa con firmeza, el precedente será nefasto: cualquier gobernador podrá invitar a agencias extranjeras a su conveniencia, desmantelando la unidad nacional
