El próximo primero de junio marcará un antes y un después en la historia política y judicial de Tabasco. La apertura del juicio oral contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y presunto líder del grupo criminal La Barredora, coloca a su grupo político frente a un espejo incómodo: el de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de más alto nivel del aparato estatal cuando fueron gobierno.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco, bajo la conducción del vicefiscal de delitos comunes Gilberto Melquiades Miranda, ha fincado cargos demoledores: asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
El hecho de que Bermúdez Requena enfrente este proceso desde el Penal del Altiplano, una prisión de máxima seguridad, y cargue además con expedientes del fuero federal, no es un dato menor; refleja la peligrosidad del personaje y la magnitud del entramado delictivo que presuntamente operaba bajo el amparo de la placa policial.
¿Qué se puede esperar de este caso?
Un litigio de alta tensión mediática. La defensa intentará desestimar las pruebas locales argumentando persecución o fallas al debido proceso, mientras que las fiscalías (estatal y federal) buscarán condenas ejemplares para legitimar la narrativa oficial de combate a la impunidad.
La presentación de pruebas expondrá qué mandos medios, comandantes y policías municipales operaban activamente para La Barredora, lo que obligará a una depuración forzada en los cuerpos de seguridad de Tabasco.
En el sistema penal acusatorio, la figura de criterios de oportunidad o beneficios por delación siempre está latente. Bermúdez Requena sabe que una condena total por secuestro y delincuencia organizada significa pasar el resto de su vida en prisión.
Su única moneda de cambio es la información. ¿Podría involucrar a Adán Augusto López o a Jaime Lastra? Esta es la interrogante que verdaderamente sacude a ese grupo político. La posibilidad jurídica e histórica existe, pero su viabilidad política es altamente compleja. Hay muchas formas de silenciar lo que sabe y eso lo saben de sobre sus jefes.
Hernán Bermúdez Requena no llegó solo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; fue nombrado en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, pese a que había sido alertado de sus presuntos vínculos criminales.
Por su parte, Jaime Lastra Bastar fungía en ese periodo como fiscal general del Estado, siendo la contraparte encargada de procurar justicia mientras Bermúdez controlaba los cuerpos preventivos. Él lo nombró primero director de la Policía de Investigación de la FGE al inicio del sexenio pasado con la anuencia de López Hernández. Ambos sabían, aunque lo nieguen, a quién y por qué lo estaba poniendo en ese cargo y después en la SSPC.
Para que el exsecretario de seguridad operara una red criminal como la que se le imputa, había dos caminos: o existió una omisión sistemática y negligente por parte de sus superiores y pares, o existió complicidad directa.
LA POLÍTICA DEL VENTILADOR
Si Bermúdez Requena decide activar el "ventilador" para reducir su estancia en El Altiplano, sus primeras declaraciones apuntarán inevitablemente a las líneas de mando que validaron, ignoraron o firmaron sus nombramientos y operativos.
Involucrarlos formalmente en un expediente judicial requerirá algo más que el dicho del acusado; se necesitarán pruebas documentales, transferencias financieras o testimonios cruzados inatacables.
Adán Augusto y Jaime Lastra son piezas de gran peso político. Una acusación directa sin sustento robusto será descalificada inmediatamente como un ataque político. No obstante, el costo reputacional ya comenzó a facturarse, no de ahora, sino desde el momento en que se hizo pública información de inteligencia militar, gracias a un filtración a medios de comunicación, que daban cuenta de todo lo que ahora se sabe.
El escenario más probable apunta a una condena severa para Bermúdez Requena en el fuero local, que servirá como punta de lanza para las sentencias federales posteriores. El Estado mexicano necesita demostrar que el control de los penales y de la seguridad no pertenece a las células remanentes de La Barredora.
En el plano político, el juicio concluirá con un control de daños estricto. Existe la posibilidad de focalizar la culpabilidad exclusivamente en la figura de Bermúdez, presentándolo como una "manzana podrida" aislada, buscando cortar de tajo cualquier línea de investigación que apunte hacia el exgobernador o las oficinas del legislativo federal.
Sin embargo, ¿será posible que la verdad judicial se quede contenida en los márgenes de una sola celda? El primero de junio, tal vez Tabasco comenzará a escuchar los nombres de quienes permitieron que el horror se uniformara. Es lo que el tabasqueño común desea.
