En materia política y de seguridad, México atraviesa un momento de definiciones tajantes, donde los discursos ya no solo marcan el rumbo de la administración pública, sino que trazan fronteras éticas inamovibles.
Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resuenan con una contundencia que busca sacudir tanto las estructuras internas del movimiento de transformación como la narrativa internacional: “Los corruptos de antes no robarán la transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la 4T”.
Estas palabras no son un eslogan más; representan una advertencia interna y un escudo externo frente a los vicios del pasado y las presiones del exterior.
Por un lado, el mensaje presidencial es un golpe de timón hacia la depuración y la congruencia. Históricamente, los regímenes políticos en México han padecido de la infiltración de oportunistas que buscan en las siglas gubernamentales un manto de impunidad.
Al señalar de manera directa que el "halo" de la Cuarta Transformación no es un cheque en blanco ni un refugio para la deshonestidad, la jefa del Ejecutivo federal eleva la vara de la exigencia ética.
Quien pretenda servirse del movimiento en lugar de servir al pueblo queda advertido de que la militancia o la cercanía política no eximen la rendición de cuentas.
La transformación, bajo esta óptica, se defiende desde la congruencia moral, cerrando el paso a los "corruptos de antes" que buscan mutar de piel para continuar con el saqueo institucional, como sucedió en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, quien llenó de priistas impresentables su administración y al partido gobernante.
Sin embargo, esta exigencia de honestidad y soberanía no solo se despliega hacia el interior del país, sino que choca de frente con la añeja e hipócrita narrativa que proviene del norte.
En los últimos meses, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus presiones hacia México, utilizando el gastado argumento de que las autoridades mexicanas "no han hecho lo suficiente" en el combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo.
Esta postura resulta insostenible cuando se contrasta con la realidad de los hechos: las cifras oficiales presentadas por el Gabinete de Seguridad federal demuestran de manera contundente una estrategia de contención con decomisos históricos de estupefacientes, precursores químicos y armamento pesado, sumado a detenciones al por mayor de objetivos prioritarios de la delincuencia organizada.
El contraste entre el esfuerzo operativo de México y la pasividad de Washington es el elefante en la habitación de la diplomacia bilateral. Mientras los soldados, marinos y guardias nacionales mexicanos arriesgan y pierden la vida en el territorio nacional desmantelando laboratorios clandestinos y capturando capos, del otro lado de la frontera impera un silencio sepulcral respecto a las redes de distribución norteamericanas.
Las preguntas surgen de manera natural y obligada: ¿Dónde están los detenidos de alto perfil por la venta de droga en las calles de Estados Unidos? ¿Cómo es posible que las toneladas de sustancias ilícitas crucen las aduanas estadounidenses y se distribuyan en miles de ciudades sin que las agencias federales detecten a los grandes distribuidores locales?
Ni modo que la droga camine sola hacia los consumidores o que no existan organizaciones criminales de gran escala encargadas del narcomenudeo en territorio estadounidense.
Este vacío de detenciones y de combate a las estructuras financieras en la Unión Americana refuerza la tesis de lo que analistas y la opinión pública siempre han señalado: la crisis del narcotráfico no se resuelve en Estados Unidos porque el enfoque no es erradicar el problema, sino administrarlo.
El señalamiento de que son las propias agencias de seguridad norteamericanas las que, mediante la infiltración y la selectividad, controlan y permiten el millonario negocio ilícito de las drogas cobra más fuerza que nunca ante la falta de resultados internos en su propio suelo.
La posición de la presidenta Sheinbaum adquiere así una doble dimensión de dignidad nacional. No se puede permitir que los corruptos locales manchen el proyecto de nación, pero tampoco se puede tolerar que gobiernos extranjeros utilicen a México como chivo expiatorio de sus propias fallas sistémicas de salud pública y seguridad.
El combate a la delincuencia exige corresponsabilidad, honestidad y, sobre todo, el fin de la hipocresía política que pretende culpar al vecino de la demanda que se alimenta y se tolera en casa.
