El discurso del presidente Donald Trump sobre el control del narcotráfico en México opera bajo una calculada estrategia de presión asimétrica. Públicamente, Trump ha reiterado en más de una decena de ocasiones que "los cárteles gobiernan México".
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en sus conversaciones telefónicas bilaterales jamás le menciona el tema de forma directa.
Esta desconexión deliberada responde a objetivos muy claros: el uso del megáfono público busca someter políticamente al gobierno mexicano, forzar la aceptación de intervenciones unilaterales y debilitar la postura de México de cara a la renegociación del T-MEC.
Al mismo tiempo, en el espacio de la diplomacia privada, mantiene un tono institucional para asegurar los canales de coordinación técnica necesarios para su propia agenda de seguridad.
La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 presentada por la Casa Blanca busca asfixiar operativamente a las facciones delictivas fuera de sus fronteras mediante un agresivo enfoque punitivo, militarizado y de inteligencia avanzada.
Dicho plan busca catalogar el fentanilo como un arma de destrucción masiva, justificar operaciones terrestres y despliegues conjuntos en territorio extranjero, incrementar detenciones y extradiciones directas de objetivos prioritarios.
Pretende imponer sanciones financieras y bloqueos masivos a redes delictivas, focalizar la salud pública, reconociendo de forma inédita la adicción interna en Estados Unidos como un problema sanitario para reducir la demanda. Es la primera vez que públicamente reconoce esa situación.
México ha solicitado formalmente a Washington la extradición de empresarios de doble nacionalidad e integrantes de redes norteamericanas, como la familia Jensen, implicados en el multimillonario negocio del huachicol fiscal y contrabando de combustible.
DOS VARAS PARA MEDIR
Hasta la fecha, Estados Unidos ha congelado o ignorado estas solicitudes debido a trabas políticas y jurídicas, a la exigencia desmedida de pruebas. Washington argumenta que las carpetas enviadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no cumplen con los estándares procesales requeridos por sus cortes bajo el Tratado de Extradición.
Evidentemente, se trata de una falta de reciprocidad diplomática, pues mientras México ha entregado a más de 90 o 100 fugitivos perseguidos por la justicia estadounidense, la Casa Blanca aplica una política selectiva de protección a sus propios ciudadanos o activos de interés económico.
Para la administración de Trump, el contrabando de hidrocarburos de norte a sur no representa la amenaza de seguridad nacional o sanitaria que sí implica el flujo de fentanilo.
¿Candil de la calle y oscuridad de su casa?
El refrán popular retrata con absoluta precisión la realidad de la relación bilateral. Estados Unidos se erige con prepotencia como el juez internacional de la seguridad ajena, amenazando con intervenciones directas y exigiendo una limpieza absoluta de las instituciones mexicanas.
No obstante, en su propio territorio opera la oscuridad absoluta: blindan a los capos de cuello blanco que operan el huachicol fiscal, toleran los esquemas de lavado de dinero que limpian los activos del narco dentro del sistema financiero estadounidense, y siguen siendo incapaces de detener el incesante tráfico ilegal de armas que nutre el arsenal de los cárteles en México.
Exigen orden en la casa de enfrente mientras evaden limpiar el desastre logístico y de consumo que ocurre dentro de sus propias fronteras.
