Decía el padrino de los gurristas Carlos Hank que en política todo lo que se compra con dinero es barato. Porque es dinero mal habido. Si algo saben de sobra sus pupilos es corromper y cooptar. Saben que con dinero se pueden comprar lealtades, garantizar complicidades y conseguir impunidad. En su afán por recobrar el poder a toda costa, no escatima gastos y recurre a todo aquel que pueda ser útil a su estrategia.
De eso se acusa al senador y notario Adán Augusto López. Dicen que para él todos tienen un precio, sin importar colores ni filias. Ahora el único requisito es compartir al mismo adversario, más que eso lo conciben como enemigo a destruir: Javier May, a quien combatían cuando era líder opositor y ahora, como gobernador, con mayor razón. Ahí están las historias de otro antiobradorista y anti May, el ex senador y ahora librero Humberto Mayans, el de Labolibros.
En esa compra de voluntades figuran actores políticos del PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM. Sus visitas constantes a Villahermosa tenían y tienen ese propósito: armar un bloque político capaz de poner contra las cuerdas a su principal enemigo en el estado.
De un tiempo a la fecha, sus operadores tienen una encomienda clara: comprar a todo aquel que sirva a sus intereses. La apuesta es combatir desde distintos frentes al grupo en el poder para debilitarlo, acorralarlo y despojarlo de la gubernatura en 2030.
Incluso al interior de Morena mueven sus fichas para restarle base militante. Si algo le sobra a Adán Augusto es dinero a raudales, el cual presuntamente es de procedencia ilícita.
Sobran los motivos para suponerlo. No hay que olvidar que, durante el sexenio de Adán Augusto y del capitán Merino, se puso la seguridad del estado en manos de criminales. Eran ellos quienes ejercían el predominio de las actividades ilícitas, controlaban todo y eran los amos de Tabasco.
Por eso vuelven con sed de venganza. No aceptan haber perdido el control político y de la seguridad. Tampoco toleran que alguien como Javier May sea el gobernador; lo ven por debajo del hombro, con desprecio, resentimiento y coraje, asumiendo actitudes discriminatorias y racistas al referirse a él.
Todo lo que diga o haga el gobierno es utilizado en su contra. Así ocurrió con la inseguridad, los empréstitos, el incendio durante la recién concluida feria estatal y, ahora, con la venta de predios.
Todos se suman a coro para criticar, cuestionar y descalificar al gobernador y a sus colaboradores. Esto se evidencia actualmente con la polémica por la venta del Centro de Convenciones y el gimnasio de La Choca.
De manera sincronizada, personajes como Gerardo Gaudiano, Rafael Acosta León, Manuel Andrade y Erubiel Alonso Qué se han pronunciado sobre el tema. Ninguno de ellos tiene autoridad moral para cuestionar la honorabilidad de la administración; todos tienen antecedentes de corrupción.
A todos ellos se les abre el micrófono en la principal estación radial detractora de este gobierno para que despotriquen en su contra e incluso llamen a la rebelión ciudadana para evitar el supuesto "remate" de los bienes del estado.
Para refrescarles la memoria, durante los gobiernos de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994) y de Roberto Madrazo Pintado (1995-2000) se llevó a cabo un proceso de desincorporación y liquidación de empresas paraestatales.
Varios de estos activos públicos fueron vendidos o rematados a corporativos privados, beneficiando principalmente al grupo empresarial del entonces banquero de moda, Carlos Cabal Peniche.
MEMORIA SELECTIVA, OLVIDO INTERESADO
En ese tiempo no se vio al mitómano de Manuel Andrade protestar por el verdadero remate de los bienes del estado. Una de esas empresas fue Distribuidora de Productos Marinos (Dipromat), una compañía pública estatal valuada inicialmente en 10 mil millones de viejos pesos que terminó vendiéndose al grupo de Cabal Peniche por solo 4 mil millones.
Asimismo, el gobierno de Tabasco poseía el 30% de las acciones del Hotel Holiday Inn (hoy Camino Real), las cuales fueron entregadas al mismo grupo financiero por 25 millones de pesos, a pesar de que otros socios particulares —la familia Gular Solórzano— habían presentado una oferta superior de 31 millones de pesos.
Por su parte, Manuel Gurría decretó la disolución, liquidación y venta de la paraestatal Sistema de Autotransporte y Enlace de Tabasco, S.A. (Sautesa), que era la empresa más importante encargada del transporte público masivo en la entidad.
Estas privatizaciones fueron severamente criticadas por el PRD cuando era una oposición real y no el remedo actual. Líderes perredistas de esa época, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, señalaron que los activos públicos se transfirieron a precios subvaluados para favorecer intereses políticos y económicos vinculados al grupo en el poder.
Las críticas de hoy son pura hipocresía de quienes decidieron no defender el patrimonio del estado y guardaron silencio cuando era saqueado por Madrazo y compañía. Hoy pretenden darse baños de pureza señalando con el dedo flamígero al gobierno de Javier May.
Esta campaña y estrategia desestabilizadora arreciará a medida que se acerque el proceso electoral de 2027, el cual arrancará formalmente en unos meses. Este grupo está dispuesto a todo, incluso a incendiar el estado, tal como lo hicieron en el pasado reciente al entregar la entidad en bandeja de plata al principal grupo criminal del país: el CJNG.
