Los de abajo
La herencia institucional del sexenio de Adán Augusto
La operación Mollinedo en marcha hacia los naranjas
Si se analiza la historia reciente de Tabasco, la gestión de Adán Augusto López Hernández al frente de la gubernatura representa un periodo sumamente cuestionado, cuya herencia operativa y administrativa sigue impactando a la entidad.
Los principales indicadores de seguridad y transparencia vinculan las problemáticas actuales con las decisiones tomadas durante ese mandato.
Durante ese periodo, se registró un incremento notable en las actividades del crimen organizado, el robo de combustible, las extorsiones y los secuestros.
Paralelamente, surgieron denuncias sobre despojos de propiedades operados presuntamente a través de notarías públicas ligadas a grupos políticos afines. El aspecto más delicado fue la vulneración de las instituciones de seguridad pública, cuya efectividad se vio comprometida por la infiltración delictiva.
A la par, la administración enfrentó severas críticas por presunto nepotismo y desvío de recursos hacia redes de familiares y socios, convirtiendo a la entidad en un foco de operaciones para empresas factureras que evadieron los controles fiscales institucionales.
Desde una perspectiva analítica, los resultados de la administración distaron de un ejercicio gubernamental estándar, asemejándose más a una estructura de protección de intereses particulares.
Los señalamientos apuntan a que los compromisos políticos asumidos durante la campaña electoral de 2018, orientados a garantizar la estabilidad del proceso y el triunfo electoral, condicionaron el desempeño y la neutralidad del gobierno que inició funciones el primero de enero de 2019.
Las promesas iniciales de López Hernández en su toma de protesta, centradas en la reconciliación social, el combate a la impunidad y el rescate económico de Tabasco, contrastaron con las políticas implementadas posteriormente.
El estilo de gobierno adoptado mostró rasgos de centralismo y autoritarismo tradicionales, donde los puestos fueron ocupados por un círculo político cerrado orientado a la acumulación de privilegios, contradiciendo los principios de renovación democrática prometidos.
Las acciones legislativas de la administración también reflejaron esta tendencia. Una de las primeras medidas consistió en modificar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, lo que limitó la elección directa de autoridades locales por parte de la ciudadanía.
Asimismo, se promovieron reformas que penalizaban la protesta social —las cuales fueron revertidas en sus componentes más restrictivos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— y se flexibilizó la ley de adquisiciones, facilitando la asignación directa de contratos a sectores cercanos al poder.
Esta línea de gestión se prolongó durante el interinato del capitán Carlos Manuel Merino, tras la designación de López Hernández como secretario de Gobernación en agosto de 2021. Las áreas de procuración de justicia y seguridad pública continuaron bajo el escrutinio público debido a la persistencia de actividades ilícitas como el contrabando de hidrocarburos, el tráfico de armas y de personas.
Frente a las denuncias de desapariciones y violencia, diversos analistas señalaron inconsistencias en las estadísticas de incidencia delictiva, sugiriendo manipulación de datos o el traslado de hechos delictivos a entidades vecinas como Chiapas para reducir los índices locales.
LA BUENA FE A LA BASURA
En el ámbito patrimonial, las irregularidades atribuidas a ciertos sectores notariales incluyeron la validación de empresas fachada utilizadas para la simulación de operaciones y el lavado de dinero.
A pesar de la gravedad de estos señalamientos y de estar identificados los presuntos involucrados, el retiro de patentes o FIAT notariales ha sido prácticamente inexistente, manteniendo un escenario de impunidad.
Estas redes de corrupción y su impacto fiscal han sido documentadas por investigaciones de la prensa nacional, como los reportes del diario Reforma respecto a un entramado de lavado de dinero y huachicol fiscal que facturó miles de millones de pesos a Pemex, vinculando al empresario Gerardo Sánchez Zumaya.
Los registros públicos confirman que la llegada de dicho empresario a la entidad ocurrió bajo el auspicio de la administración local en 2018, lo que refuerza los cuestionamientos sobre los vínculos de ese grupo político.
Ante la magnitud de estos casos, resulta notoria la omisión y el silencio de los principales espacios radiofónicos y de análisis de la entidad, que habitualmente mantienen una línea editorial estridente y crítica hacia otros actores políticos de Morena.
Esta disparidad en la cobertura evidencia un sesgo informativo por parte de comunicadores locales, como Audelino Macario y el conductor estrella de un programa radiofónico, quienes han concentrado sus críticas en la administración actual de Javier May mientras evitan profundizar en las irregularidades del sexenio anterior, actuando como cajas de resonancia de intereses específicos. Nada dicen sobre el caso Hernán Bermúdez.
En balance, el análisis del sexenio pasado revela un saldo negativo para el desarrollo social, económico y de seguridad en Tabasco. Los problemas vigentes constituyen la consecuencia directa de una gestión cuestionada en sus bases éticas y legales.
Mientras la mayoría de los altos funcionarios de ese periodo permanecen sin ser llamados a rendir cuentas, procesos aislados como el de Hernán Bermúdez aparecen como medidas excepcionales en un panorama generalizado de falta de justicia.
MÁS ABAJO
Trascendió que Tey Mollinedo Cano, alcaldesa de Teapa entre 2018 y 2021 quiere volver a esa silla que le consiguió Adán Augusto López por la vía de Morena, pero ahora el notorio notario le ofrece colocarla en la lista de Movimiento Ciudadano, en pacto con Dante Delgado. La actual diputada federal, también en la bancada de Doble A, despacha en San Lázaro desde 2024 y espera dar el salto de partido en estos días. Se recuerda que cuando los grupos de Javier May y Adán Augusto se disputaron el liderazgo de Morena, Doble A colocó a Tey Mollinedo como presidenta del Comité Directivo y Raúl Ojeda recibió la bendición para ser presidente del Consejo Político. Cualquiera, menos May era la consigna. Aunque la teapaneca sobrina de Nico Mollinedo se anotó para buscar la candidatura por Morena en los pasillos naranjas ya la están esperando.