Mudanzas

EL FALLECIMIENTO DEL INGENIERO Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años representa el cierre de un capítulo fundamental en la historia moderna de México. Más allá de su linaje como hijo del general Lázaro Cárdenas, consolidó su propio lugar en la memoria patria como el principal arquitecto de la transición democrática contemporánea y el gran unificador de la izquierda mexicana.
 

Tres veces candidato presidencial, la partida de Cárdenas ha generado un profundo y unánime respeto en todo el espectro político, reconociendo el valor de una vida dedicada a transformar las instituciones por la vía civil.
 

En 1987 cuando se definía la sucesión presidencial, el ingeniero provocó una ruptura en el PRI al liderar la Corriente Democrática junto a figuras como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; fue un desafió desde dentro al andamiaje priista.
 

Su candidatura presidencial en 1988 bajo el Frente Democrático Nacional canalizó de forma inédita el descontento de millones de mexicanos. Aquella jornada, marcada históricamente por la infame "caída del sistema", demostró que la oposición real era posible y heriría de muerte el monopolio del partido de Estado.
 

Tras el fraude de 1988, el ingeniero tomó una decisión de Estado que salvaguardó la estabilidad del país: rechazó la violencia y optó firmemente por la resistencia civil y legal. Con ese mismo impulso fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, abriendo un canal institucional para que las diversas fuerzas progresistas y de izquierda —antes dispersas o clandestinas— compitieran democráticamente por el poder.
 

En 1997, Cárdenas se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido democráticamente por el voto popular. Su triunfo demostró que la alternancia pacífica en puestos de alta responsabilidad era una realidad tangible en México.
 

Aunque compitió por la Presidencia de la República en tres ocasiones (1988, 1994 y 2000) sin alcanzar el cargo formal, su victoria histórica fue mucho más amplia. El ingeniero Cárdenas no necesitó portar la banda presidencial para ser un auténtico transformador de la nación. En sus últimas décadas, alejado de las dinámicas partidistas tras renunciar al PRD en 2014, se consolidó como una figura de enorme autoridad moral, manteniendo siempre una postura crítica, congruente y defensora de la soberanía nacional.
 

Hoy, el México de pluralidad política, de órganos electorales autónomos y de alternancia en el poder le debe sus cimientos a la tenacidad civil de Cuauhtémoc Cárdenas. Su partida evoca la gratitud de un país que aprendió de su mano que la democracia se construye con principios firmes, paciencia institucional y un amor inquebrantable por las causas sociales.
 

EL LAMENTABLE PAPEL QUE HA ASUMIDO el exgobernador Manuel Andrade Díaz en la actual coyuntura del estado plantea serios cuestionamientos éticos y políticos, al convertirse de manera sistemática en el principal escudo mediático de personajes con graves señalamientos judiciales.
 

Mientras las fiscalías federal y estatal presentan carpetas de investigación sustentadas en pruebas materiales, el exmandatario ha optado por articular una narrativa que busca desacreditar la acción de la justicia, tildándola de una supuesta persecución política.
 

Resulta alarmante que, frente a acusaciones de extrema gravedad en contra del extitular de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, como desaparición forzada, secuestro y asociación delictuosa que lo mantienen en un penal de máxima seguridad, la respuesta del exgobernador sea desviar la atención hacia una supuesta revancha, minimizando el peso de las indagatorias ministeriales.
 

En el caso del alcalde con licencia de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, prófugo de la justicia y procesado por la FGR por seis delitos federales —incluyendo tortura y posesión ilícita de hidrocarburos—, la narrativa de Andrade busca justificar la evasión de la ley bajo el argumento del agravio político, ignorando los decomisos y evidencias recabadas por las fuerzas federales.
 

La detención en flagrancia del exdirector policial de Emiliano Zapata, Cleofás Juárez Lara, a quien se le decomisaron sustancias ilícitas en un operativo táctico, es defendida bajo la misma lógica de arbitrariedad. Esto evidencia un patrón donde cualquier captura, por más flagrante que sea, es cuestionada sistemáticamente por Andrade para desgastar la legitimidad gubernamental.
 

Al asumir simultáneamente una postura de férrea defensa hacia el grupo político de Adán Augusto López Hernández y un ataque contumaz contra la administración de Javier May Rodríguez, Manuel Andrade parece utilizar sus redes sociales no para buscar la verdad, sino para construir un blindaje político a favor de intereses particulares.
 

Acusar de venganza o persecución política a un gobierno que aplica una política de cero impunidad —en casos donde existen pruebas de presunta responsabilidad— degrada la conversación pública y coloca a Andrade en la incómoda posición de priorizar la lealtad grupal por encima del Estado de derecho y la demanda ciudadana de justicia en Tabasco.
 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL Instituto Nacional Electoral (INE) expone una profunda contradicción entre los discursos de austeridad institucional y las prácticas de algunos de sus integrantes. El consejero electoral Jorge Montaño Ventura se encuentra en el centro de severos cuestionamientos debido a sus excesivos gastos en el extranjero y a su evidente pertenencia al grupo político del senador Adán Augusto López Hernández.
 

Lejos de actuar como un árbitro independiente, la trayectoria y el comportamiento presupuestal del consejero tabasqueño reflejan cómo las cuotas partidistas y el dispendio de recursos públicos continúan lastimando la credibilidad del órgano electoral.
 

Investigaciones periodísticas han revelado que Montaño Ventura acumuló decenas de registros oficiales que suman más de un millón de pesos del erario del INE destinados a vuelos, hoteles y viáticos internacionales en destinos como Los Ángeles, Bolivia, Panamá y Costa Rica.
 

Que un consejero erogue sumas millonarias en viajes de representación —encontrándose bajo la lupa del Órgano Interno de Control (OIC)— resulta ofensivo para la ciudadanía y traiciona los principios de racionalidad presupuestal que se exigen a las instituciones.
 

A pesar de sus intentos por desmarcarse, sus vínculos con el senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, datan de hace muchos años. Desde antecedentes notariales controvertidos en Tabasco hasta la colocación de perfiles afines dentro de las áreas jurídicas del INE y del instituto electoral local (IEPCT) —incluyendo a familiares directos—, queda en evidencia la operación de una red de influencia que responde a intereses facciosos y no a la neutralidad democrática.
 

DESDE EL TAPANCO
 

Como bien advierte la analista política Maite Azuela, los cuestionamientos en torno a Jorge Montaño cobran un carácter crítico ante el fin de la gestión de Guadalupe Taddei en la presidencia del INE. Montaño fungió como un aliado incondicional de las decisiones de Taddei, sirviendo de contención frente a los consejeros que buscaban un contrapeso real dentro del Consejo General.
 

La conclusión de una presidencia no debe significar un "borrón y cuenta nueva" ni el carpetazo a las auditorías sobre contratos y viáticos suntuosos. Por el contrario, ante las versiones que incluso ubican a Montaño buscando apoyos para presidir el Instituto, es imperativo que las instancias de fiscalización esclarezcan cada peso gastado en sus viajes y deslinden las responsabilidades de una red política que pretende secuestrar la imparcialidad del árbitro electoral.