¿Y a mí qué?

Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pero su salida difícilmente resolverá los cuestionamientos que enfrenta la institución. Contrataciones millonarias bajo investigación, nombramientos señalados por posibles conflictos de interés, gastos de representación y deficiencias en la atención ciudadana plantean una pregunta que va más allá de quién dirige el organismo: ¿están funcionando sus mecanismos de control?

El asunto adquiere especial relevancia porque México se prepara para las elecciones de 2027. El INE tendrá que organizar los comicios mientras enfrenta cuestionamientos sobre la administración de sus recursos públicos y la designación de funcionarios.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones electorales. Paralelamente, una investigación periodística publicada este jueves identificó 21 licitaciones por aproximadamente 853 millones de pesos en las que participaron empresas presuntamente relacionadas entre sí. El señalamiento apunta a una posible simulación de competencia entre proveedores.

La cifra corresponde al valor de las contrataciones examinadas, no a recursos desviados. Determinar si existieron irregularidades y responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.

El INE cuenta con procedimientos de contratación, áreas jurídicas y un Órgano Interno de Control. Por ello, es necesario conocer qué verificaciones se realizaron antes de adjudicar esos contratos, si se revisaron las relaciones entre proveedores y qué capacidad tienen los controles existentes para detectar posibles acuerdos entre empresas que aparentemente compiten.

Las dudas alcanzan también la designación de personal.

El 25 de octubre renunció una subdirectora del Instituto, después de señalamientos periodísticos sobre una presunta intervención de un alto funcionario, con quien mantendría una relación sentimental, para favorecer su contratación.

La funcionaria argumentó motivos personales para renunciar y no existe una resolución pública que permita concluir que su nombramiento fue ilegal. Una relación sentimental tampoco constituye, por sí misma, una irregularidad administrativa. El conflicto aparece cuando alguien utiliza sus atribuciones para favorecer indebidamente intereses particulares.

El caso permite examinar cómo se ingresa a trabajar al INE. El Servicio Profesional Electoral Nacional privilegia la incorporación mediante concursos públicos y evaluaciones. La Rama Administrativa cuenta con procedimientos propios y determinados puestos permiten mayores márgenes de designación. Esta diferencia exige controles que aseguren la idoneidad de los perfiles y la imparcialidad de las decisiones.

El Órgano Interno de Control tiene atribuciones para prevenir e investigar posibles responsabilidades administrativas, incluidas situaciones de conflicto de interés. Su función no sustituye a las áreas responsables de contratar personal, pero constituye un contrapeso que debe permitir detectar y atender oportunamente posibles intervenciones indebidas.

Otro asunto es el ejercicio del presupuesto.

Una investigación periodística documentó 83 registros de gastos de representación y viáticos de un consejero electoral, correspondientes al periodo de 2024 a junio de 2026, por más de 1.15 millones de pesos.

La existencia de esos gastos no acredita una irregularidad. Las comisiones oficiales pueden requerir traslados, hospedaje y alimentación. Lo que corresponde examinar es si fueron necesarios, si respetaron los límites autorizados y qué resultados institucionales produjeron. También resulta pertinente conocer los criterios para elegir establecimientos de hospedaje y si existían alternativas menos costosas.

La autonomía constitucional del INE no lo exime de administrar responsablemente los recursos públicos. El artículo 134 constitucional establece los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Además, el propio Instituto aprobó disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria para 2026.

Pero existe otra dimensión que pocas veces aparece en las investigaciones sobre las grandes instituciones: el trato cotidiano a la ciudadanía.

Durante el actual proceso de selección de consejerías distritales he conocido directamente algunos procedimientos del INE. En mi primera visita a la Junta Distrital 10 de la Ciudad de México encontré una atención poco cordial y exigencias documentales cuya aplicación me pareció excesivamente rígida. Comprendo la necesidad de presentar originales para cotejo, pero verificar documentos no debería convertirse en una sucesión de obstáculos acompañados de explicaciones insuficientes.

En una segunda visita llegué a las 15:40 horas, dentro del horario anunciado hasta las 16:00. Después de esperar aproximadamente quince minutos, me informaron que no podrían recibir mi documentación porque atendían a otra persona y su trámite concluiría al cierre de la jornada. Tendría que regresar nuevamente.

En una institución orientada al servicio público, quien llega dentro del horario establecido debería recibir atención o, cuando menos, una alternativa razonable que evite desplazamientos innecesarios. No se trata de exigir privilegios, sino de aplicar criterios que faciliten la participación.

Mi experiencia no permite generalizar sobre todo el personal del INE, pero sí invita a reflexionar. Cuando una institución convoca a la ciudadanía y después dificulta su participación, puede alimentar interpretaciones desafortunadas: que quizá se busca desalentar a ciertos aspirantes para favorecer a conocidos, familiares o personas afines. No afirmo que eso suceda; precisamente por ello, el Instituto debería evitar prácticas que den lugar a semejantes sospechas.

Lo menos que necesita el INE, en medio de los cuestionamientos que enfrenta, es ofrecer una atención que aleje a quienes deseamos contribuir. Cada aspirante aporta su propia experiencia, mayor o menor preparación y, sobre todo, voluntad de participar. En mi caso, existe un genuino interés por poner mis conocimientos al servicio de la democracia y contribuir a que el próximo proceso electoral se desarrolle con la precisión jurídica, administrativa y normativa que exige la ley.

La nueva presidencia provisional anunció una revisión de cargos directivos y una conducción colegiada. Son medidas relevantes que deberán traducirse en resultados verificables.

El INE necesita fortalecer la prevención de conflictos de interés, transparentar sus nombramientos, justificar sus gastos y mejorar la atención ciudadana. Sus mecanismos de control ya existen; corresponde demostrar que funcionan.

Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia. El INE exige legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los partidos políticos. La ciudadanía tiene derecho a esperar el mismo rigor de la autoridad electoral. Su legitimidad depende de organizar elecciones confiables, pero también de demostrar que sus contrataciones, nombramientos, gastos y decisiones administrativas responden al interés público.