Los medios y las marchas

Doctor en economía por el Colegio de México (COOLMEX) con estancia en investigación en la Universidad de Princeton, fue catedrático en el Centro de Investigación y Docencia económica y articulista en la revista económica Trimestre Económico

Si quiere usted hacer uso de sus derechos constitucionales, va a tener que avisar con 48 horas de anticipación. ¿Qué le parece, amable lector?
    En los noticiarios nacionales se informó hace poco que los ministros de la corte iniciaron una discusión en torno a la constitucionalidad de la nueva ley de movilidad de la Ciudad de México.
    Esto significa que si usted quiere manifestarse deberá dar aviso a las autoridades con dos días de anticipación. 
    ¿Es constitucional tener que avisar a la autoridad que va uno a ejercer un derecho constitucional?
    Estamos en el umbral de la dictadura; todo lo quieren regular, aunque ya esté regulado, especialmente aquello que afecte los intereses de los poderosos y, como la corrupción campea, sólo podrán abrirse paso los poderosos, mientras los débiles quedarán cada vez más restringidos.
    La sola propuesta de una ley que viola los derechos constitucionales de los individuos es ya preocupante; de aprobarse esta ley, quien desee protestar por alguna injusticia cometida en su contra, estará obligado, por ley, a solicitar permiso con 48 horas de anticipación; el principal argumento que esgrimen es que los derechos no pueden ser ilimitados y se escudan en los actos de vandalismo que algunos grupos de manifestantes realizan, que, efectivamente, no forman parte del derecho de manifestación, son constitutivos de delito y ameritan la aplicación de sanciones, de acuerdo al caso.
    ¿Qué pasaría si una vez aprobada la ley, un grupo inconforme con el actuar de un gobernante se lanzara a la protesta sin pedir el permiso correspondiente? ¿Se les impediría ejercer su derecho constitucional? ¿Las autoridades ordenarían a los granaderos el desalojo de los manifestantes?
    Y ¿qué tal que si los manifestantes piden permiso oportunamente y la autoridad se los niega? ¿Habrán perdido su derecho de manifestación? ¿También mandarán a la fuerza pública para que los reprima?
    Para los defensores de esta ley injusta, el llamado “derecho de terceros” parece importar más; sin embargo, la autoridad debe cuidar, sin excepción, el derecho de todos los ciudadanos, es decir, no solamente los derechos de los “cocheudadanos”, como dijo alguien, sino también los de los manifestantes.
    Hace tiempo que la “regulación” de las marchas viene tentando a los gobernantes; argumentan que el bloqueo de calles afecta a “terceros” y que viola el derecho al“libre tránsito”.
    Es cierto que una multitud en marcha necesariamente hace que los automóviles se detengan, pero las personas también tienen derecho a caminar por las calles, en esto también consiste “el libre tránsito” que no es sólo para los automóviles.
    Otro de los  “grandes” argumentos para solicitar que se prohíban las marchas es la libertad de comercio; se dice que las marchas provocan el cierre de negocios y que los empresarios pierden millones de pesos por culpa de las manifestaciones; que las marchas y los plantones ahuyentan al turismo y afean y ensucian la ciudad más grande del mundo, entre otras bajezas por el estilo.
    Los medios de comunicación no se quedan atrás; representantes como son de los poderosos, cuando se habla de marchas y plantones tergiversan la información y se enfocan en los conflictos de tránsito, las pérdidas de los restauranteros o el empeoramiento de la calidad del aire de la ciudad, pero no mencionan para nada las causas de su protesta ni contra quien iba dirigida, es decir, contra los responsables de la falta de soluciones que obligó a los manifestantes a salir a la calle; algunos medios, incluso, se atreven a decir que los manifestantes no sabían a qué venían, que marcharon a la fuerza o a cambio de alguna remuneración económica o en especie por parte de los líderes; algunos llegan incluso a acusar a los manifestantes de chantajistas y de un largo etcétera.
    En los años 90, el Movimiento Antorchista realizó una marcha pacífica para defenderse de los ataques del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, que el día anterior había desalojado violentamente un plantón instalado frente a la asamblea legislativa de la calle Donceles; el motivo: al día siguiente, el jefe de Gobierno asistiría a un evento en ese recinto.
    En la madrugada, los policías, a golpes, obligaron a los manifestantes a correr desde la asamblea legislativa hasta los Reyes La Paz, cerrando calles; no les importó que entre los agredidos se encontraran  mujeres y niños; los llevaban trotando, empujándolos literalmente como si se tratara de animales y no de ciudadanos con derechos garantizados.
    Si alguien se detenía, lo tundían a golpes de tolete o a patadas. La represión brutal, al más puro estilo de algunas dictaduras latinoamericanas de mediados del siglo pasado.
    En respuesta, el Movimiento Antorchista realizó una marcha nacional que desembocó en el Zócalo de la Ciudad de México; 50 mil mexicanos, organizados en Antorcha, llenaron a reventar el corazón de la Ciudad para protestar contra estos atropellos y exigir solución a las demandas de los necesitados del Distrito Federal.
    La prensa minimizó las cifras: “cientos de manifestantes”, “5 mil marchan en la Ciudad de México”, etcétera, fue lo primero que se les ocurrió, aunque supieran que realmente fueron muchos más de lo que informaron; entonces, como ahora, los medios hicieron especial énfasis en el “caos vial”.
    Ahora han mejorado las frases, ahora nos dicen que “la ciudad fue tomada por un grupo de revoltosos”, “secuestraron la ciudad”, etcétera, para desprestigiar ante la opinión pública a las marchas y a quienes recurren a este mecanimo de lucha.
    Los reporteros entrevistan a gente varada en el tráfico despotricando contra las marchas y llenando de insultos a quienes, en ese momento de ira y frustración, culpan de su retraso. Pero sólo en honrosas excepciones se muestra  la otra cara de la moneda, mencionando las demandas de los inconformes.
    En la movilización a que me he referido no hubo ni un sólo incidente de violencia, ni un sólo acto de vandalismo, ni un sólo rasguño a vehículos ni agresiones de ningún tipo a los transeúntes; mucho menos saqueo de negocios ni secuestro de unidades de transporte público; sin embargo, la televisión dijo:
    “Antorchistas desquician la Ciudad de México”; pero nunca anunciaron la causa de la marcha, ni las solicitudes hechas por los pobres al Gobierno del entonces Distrito Federal ni lo justo de los planteamientos de servicios y obras para los necesitados.
    Además de los encabezados tendenciosos, las imágenes correspondían a grupos completamente ajenos al antorchismo cometiendo actos vandálicos, toda su ética periodística tirada al caño en aras del objetivo supremo: desprestigiar a los manifestantes.
    Como puede verse, de lo que se trata es de desviar la atención y satanizar las movilizaciones, que afectan los intereses de las clases poderosas.
    No es el momento de discutir si son justas o no las peticiones de la Coordinadora de maestros, que actualmente realiza bloqueos en varias entidades.
    Sus métodos de lucha y las expresiones de violencia que en numerosas ocasiones han tomado sus movilizaciones, han sido el pretexto perfecto para que los medios al servicio de los poderosos enfilen contra ellos sus baterías y, de paso, propongan la cancelación del derecho de manifestación, conquista ciudadana producto de luchas históricas en nuestro país y el mundo entero.
    No hay día en que la televisión, la radio y la prensa no digan que los empresarios de Oaxaca están perdiendo dinero, que el turismo ha bajado porque se cancelaron reservaciones en los hoteles, que si no se levantan los bloqueos van a tener que cerrar los pequeños negocios, etcétera, se trata de desprestigiar las movilizaciones, preparando un golpe al derecho constitucional de manifestación; con esta campaña esperan que la población diga: “qué bueno, merecido se lo tenían”, sin saber que con ello está acabando con uno de los pocos recursos que tiene para defenderse.
    Cometen un error quienes pretenden controlar o frenar las marchas; esto equivale a creer que destruyendo el termómetro se puede acabar con la fiebre.
    ¿Los poderosos quieren acabar con las marchas? La solución es fácil: resuelvan las necesidades de los humildes, acaben con la pobreza. 
    Si no, el pueblo tienen que defender los derechos que los visionarios constitucionalistas mexicanos plasmaron en nuestra Carta Magna.