La malicia de la milicia
En 1971 era Secretario de la Defensa el General Hermenegildo Cuenca Díaz (General de División DEM, para que no vaya a haber quejas por no mencionar completo su título nobiliario). Mediante un telegrama fechado el primero de diciembre de ese año, la comandancia de la 35ª Zona Militar asentada en Chilpancingo, Guerrero, recibió una instrucción por parte del Secretario de la Defensa Nacional que no deja lugar a la interpretación:
(Respeto la sintaxis original porque así se escribían los telegramas, que eran una especie de tuit prehistórico) “Ratificase orden sentido incremente actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan esa región, debiendo utilizar máximo medidas seguridad y buen trato población civil, coordinando actividades con todos organismos oficiales y particulares afines.- Evite demostración fuerza alarmen población civil.- Atte.” Para más señas, el telegrama tiene el folio 235, está emitido en Lomas de Sotelo, D.F., y a máquina tiene escrita la frase: “para cifrar”.
Para diciembre de 1971 estaba muy fresco el recuerdo del 68 y unos meses antes había ocurrido el “halconazo” (10 de junio de 1971). Es a partir de ese momento en que la llamada “guerra sucia” se intensifica y los servicios de inteligencia del gobierno trabajan para buscar cualquier foco guerrillero. Digo guerrillero porque la expresión “gavillas” usada en el telegrama era una forma de designar a la guerrilla que se extendía por varias partes del país, pero de manera muy notable en el estado de Guerrero.
A semejanza de lo que los Estados Unidos hacían en Vietnam –“secar el lago en que se mueve el pez”-, la estrategia del ejército mexicano se apoyó en hostigar y cercar las comunidades que servían de base de apoyo para los grupos guerrilleros, de tal suerte que hasta el paso de alimentos hacia la región estaba controlado por el ejército. Por supuesto, esta táctica trajo como consecuencia los abusos y vejaciones hacia la población civil.
Pese a ello, Lucio Cabañas dio un golpe espectacular al secuestrar en 1974 a Rubén Figueroa, cacique del estado y senador en ese momento. Figueroa, que se encontraba en plena campaña para gobernador, duró secuestrado un poco más de tres meses y fue liberado en un enfrentamiento. La persecución militar contra Lucio Cabañas y su familia continuó en los meses siguientes. El guerrillero cayó finalmente abatido en diciembre de 1974.
La familia de Cabañas permaneció detenida en el Campo Militar Número Uno. Tiempo después, ya como gobernador, Figueroa intervino personalmente para que la viuda y demás familiares del guerrillero fueran liberados, pero sólo para consumar su venganza: a Isabel Ayala, la viuda de Cabañas, la violó en su oficina de gobierno. Y quién sabe si ahí concluyó la venganza de los Figueroa, porque Isabel Ayala fue ejecutada, junto con su hermana, en julio de 2011.
Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incomoda al gobierno mexicano y al Secretario de la Defensa Nacional, no es gratuito. La historia de vejaciones y desapariciones no resueltas datan desde la época en la que el General Cuenca Díaz instruía “exterminar gavillas”. Si el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, cree que la Comisión Interamericana no tiene jurisdicción en México, está rotundamente equivocado y vive en la época de Hermenegildo Cuenca.
Con pleno desconocimiento de los instrumentos internacionales y, por lo tanto, de la Constitución, el General niega cualquier posibilidad de que sean interrogados los soldados que estuvieron cerca de los hechos de Ayotzinapa y afirma que “el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, en ningún momento dice que pueden interrogar”.
Para sostener su negativa, argumenta que “mis (sic) soldados” no cometieron ningún delito y que no puede permitir que “los traten como criminales”.
Tampoco permitió que el grupo internacional ingresara a las instalaciones militares, como si la historia no nos enseñara que muchas veces los cuarteles eran centros de detención ilegal, por lo menos.
La virulenta reacción del Secretario de la Defensa contrasta con la disposición que, de dientes para afuera, ha mostrado Enrique Peña; pero el poder militar parece intocable.
La negativa de Cienfuegos va a ir en perjuicio de la credibilidad que le queda al ejército, porque si nada tiene que esconder, ¿entonces a qué le teme?
