¡MÁS BURRADAS OIREMOS!
Las burradas que se oyen y se desvirtúan, me hicieron rastrear estos datos: el 16 de julio 2015 se expidió por el Congreso del Estado el Decreto 216 (que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 29 julio de 2015, Suplemento 7606 B) mediante el cual se autorizó al Poder Ejecutivo a contratar un empréstito por la millonaria suma de 626 millones 330 mil pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), para la implementación durante 2016 del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El dinero de tal empréstito se usó para edificar, construir y equipar distintos inmuebles durante 2016, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Tribunal Superior de Justicia. Esas edificaciones y equipamiento se desarrollaron en 46 proyectos específicos.
Sobresalen, en el caso de la Fiscalía General del Estado: a) La red de enlaces licenciados para comunicación institucional y videoconferencias en del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los 17 municipios; b) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Cárdenas; c) La construcción y equipamiento del Centro de Servicios Periciales del Municipio de Centro; d) Construcción y equipamiento de las Agencias del Ministerio Público del Municipio de Tacotalpa; e) Construcción y equipamiento de las Agencias del Ministerio Público del Municipio de Teapa; f) Construcción y equipamiento de las Agencias del Ministerio Público de Villa El Triunfo, Balancán; g) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Jalpa de Méndez; h) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Balancán; i) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Emiliano Zapata; j) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Cárdenas; k) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Jonuta; l) La construcción del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Comalcalco.
Este dinero, gastado en 2016 por la Fiscalía General, producto de un empréstito con BANOBRAS, se presupuestó para la Fiscalía en su ejercicio presupuestal 2016. El dinero que ejerció la Fiscalía General durante 2016, rebasó los 1060 millones de pesos. Obviamente, si ya todas estas obras y equipamientos se realizaron e hicieron durante 2016, es lógico e incontrastable que ese dineral ya no se vuelve a prever ni a usar en el ejercicio presupuestal 2017 de la Fiscalía General.
Por esa razón, resulta ser una verdadera burrada la que dijese uno de los Diputados en la comparecencia del 5 de diciembre; burrada que por desafortunada ocasión, el compareciente no logró ni acertó a aclarar. Nunca a la Fiscalía General se le “redujo” su Presupuesto; lo ejerció durante 2016 y ya no se programó ese gasto para 2017 dado que esas obras ya se hicieron. O ¿acaso, quiere el Diputado que se vuelvan a construir otros 46 proyectos y se dupliquen las obras ya construidas, edificadas y equipadas? Eso sería una burrada agigantada.
A la Fiscalía General nunca se le ha reducido su presupuesto. Nunca; año con año se ha incrementado su presupuesto: en 2014, cuando era todavía Procuraduría se le asignaron 676 millones de pesos; para el año siguiente, 2015, se le presupuestaron 809 millones (se le aumentó el presupuesto en casi un 20% respecto a 2014); en el presupuesto de 2015, para ejercer en el año 2016, otra vez se le incrementó el presupuesto hasta 998 millones de pesos (más de 322 millones que en 2014, y más de 189 millones de pesos más que el año anterior).
Finalmente, en 2016, habiéndosele presupuestado 998 millones de pesos, realmente ejerció, según datos publicados por su Titular, más de 1060 millones de pesos. Esto es, cada ocasión que la Fiscalía General ha solicitado ampliación presupuestal, dicha ampliación le ha sido concedida.
Contrasta este dato con el monto que se le autorizó para 2016, en el Presupuesto, al Poder Judicial del Estado, que frisó solo 671 millones de pesos.
El Fiscal General fue preciso en su intervención al afirmar que hasta el 30 de noviembre él había ejercido 1060 millones de pesos; la claridad y precisión del Fiscal General contrasta con los datos que día a día dan servidores públicos del órgano respecto a que padecen carencias o ausencia de instrumentos para desempeñar sus tareas pues “no hay” la dotación de fondos para las áreas donde se desempeñan; y contrasta más con las respuestas, diariamente repetidas por el área de administración de la Fiscalía, que siempre afirma “no hay” ni para ingentes menesteres.
El problema es una falacia, que un farsante planteó y que debe aclararse puntualmente, aunque en su momento quien debió hacerlo no lo haya hecho. Ha tenido que ser el Titular del Poder Ejecutivo quien pusiese los puntos sobre las íes.
