¿Y nosotros por qué?, preguntarán los aludidos. Pues porque ambos formaron parte del equipo de colaboradores del mandatario que hoy se encuentra en desgracia política, acusado de los presuntos delitos de peculado por 104 millones de pesos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa... y lo que resulte.
La relación Mayans-Salazar se remonta a la época en que ambos militaban en las filas del PRI y eran senadores de sus respectivos estados; conformaron, junto con otros tlacuaches, un grupo de opinión al interior de su fracción parlamentaria que se conoció como “Galileo”; eran 15 y entre ellos, todos senadores, figuraban Eloy Cantú y Alberto Santos; Melchor de los Santos, Francisco Dávila Rodríguez y Alicia López de la Torre; de Chihuahua, Héctor Murguía Lardizábal; de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía; de Sonora, Guillermo Hopkins; de Sinaloa, José Luis Soberanes; de Nayarit, José Luis Medina Aguilar; de Puebla, Germán Sierra Sánchez; de Jalisco, Enrique Orozco, de Yucatán, José Toraya Baqueiro; de Guanajuato, Salvador Rocha Díaz, y de Tabasco, el mismísimo Humberto. La cercanía entre Salazar y Mayans -tabasqueño éste aunque de hondas raíces chiapanecas- se estrechó cuando ambos se sumaron a las filas de la oposición, a grado tal que cuando Pablito se convirtió en abanderado de la Alianza por Chiapas, designó como coordinador de campaña a Humberto. Luego del claro triunfo en las urnas del bloque opositor —la Alianza por Chiapas conformada por ocho partidos políticos derrotó al Partido Revolucionario Institucional-, Pablito invitó a Humbertito a sumarse a su administración; impedido por ley para ocupar una posición de primer nivel en el gabinete por no ser chiapaneco de nacimiento, fungió entonces como su coordinador de Asesores. En esa misma época, tanto en Chiapas como en Yucatán, Humbertito fue designado delegado general del CEN perredista.
El grado de influencia de Mayans en Salazar era tal que le sugirió que un paisano suyo, Rafael Miguel González Lastra, fuera designado subprocurador de Justicia. Como señalamos líneas arriba, Mayans Canabal fue coordinador de Asesores del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar, a quien, en forma coincidente, acusan de irregularidades que igualmente se han presentado en el gobierno de Tabasco desde 2006, donde hasta hace unos días Humberto fungió como secretario de Gobierno. De acuerdo con la Procuraduría de Chiapas, uno de los delitos, el de peculado, del cual se acusa a Salazar Mendiguchía, es porque presuntamente desvió recursos del fondo para la reconstrucción del estado tras los daños causados por el huracán Stan, que en noviembre de 2005 afectó la costa y sierra de Chiapas, causó decenas de muertos, así como grandes daños en carreteras, escuelas, hospitales y el desplome de puentes. El supuesto desvío ascendería a unos tres mil millones de pesos, de los 11 mil millones que el gobierno federal destinó en ayuda a Chiapas para reconstruir las regiones dañadas por el huracán.
Coincidencia o no, Mayans formaba parte del equipo al que le correspondió atender la emergencia en Chiapas, encargo que le volvió a tocar dos años después en Tabasco, ya como secretario de Gobierno, con motivo de las peores inundaciones vividas en esa entidad, incluida la mayor parte de la capital, Villahermosa.
La tragedia tabasqueña detonó un alud de apoyos nacionales e internacionales, en dinero y en espacie, sobre cuyo manejo, poco transparente, se han dado múltiples señalamientos, que van desde desvíos para beneficiar a particulares como hacia las campañas del PRI. El manejo similar de dos crisis, la de Chiapas y la de Tabasco, no es la única coincidencia entre los gobiernos de Salazar y Granier, con un eje articulador que resulta ser Humberto Mayans:
A Pablito y funcionarios de su administración (2000-2006) se les acusa de desviar recursos del erario por 104 millones de pesos, delitos por los que podría ser condenado a 20 años de prisión.
Todo indica que “Humbertico” asesoró en igual sentido a su compadre y jefe, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, pues a partir de 2006, y tras las investigaciones hechas por el entonces diputado local del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, se supo que los funcionarios del gabinete tabasqueño se autopagaban los ya famosos “bonos de fatiga” (por el intenso calor, pues).
Negados al principio, aceptados después, revelados luego aunque con montos menores, los bonos de fatiga encendieron el ánimo en contra del gobierno de Tabasco, que para entonces ya se encontraba en el ojo del huracán por la opacidad en el manejo de los apoyos recibidos con motivo de la inundación de 2007.
¿Casualidad o no que a ambos gobiernos, el de Salazar y el de Granier, se les acuse de lo mismo, y que en ambas administraciones haya participado Mayans? Sólo el tiempo y una investigación a fondo por parte de las autoridades correspondientes podrían resolver ese misterio.Columna de El Financiero
