El MP no investiga, tortura, acusa DH

El Talón de Aquiles del sistema de justicia en México está en la investigación, el agente del Ministerio Público realmente no investiga, porque carece de técnicas para ello, y más que obtener declaraciones a través de la confesión, acude a la práctica de la tortura. Expuso lo anterior el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos, al participar en el taller “El Protocolo de Estambul”, dirigido por el experto Héctor Torres Quintanar, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según informa boletín de prensa. “Si como abogados coadyuvantes de un caso no le llevamos al Ministerio Público, la información, los testimonios, los testigos, las pruebas, las evidencias, va a ser muy difícil que el asunto avance”, abundó. En el taller dirigido a generales y adjuntos, secretarios Ejecutivo y Técnico, y personal médico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsman Argáez de los Santos dijo esperar que jueces y policías ministeriales se apeguen estrictamente a la reforma al Código Penal de Tabasco, particularmente al nuevo sistema penal adversarial. Dicho sistema plantea, explicó Argáez de los Santos, que un sistema de procuración y administración de justicia deberá ser más expedita y efi caz, donde la declaración que se haga ante el agente del Ministerio Público no será la más válida, sino la que se rinda ante el juez de primera instancia. El Protocolo de Estambul, mencionó, establece la aplicación de prácticas en los estándares internacionales para determinar si hubo o no tortura, y si las autoridades actuaron o no correctamente. La aplicación de dichas prácticas, son muy importantes para la calidad de procuración e impartición de justicia a la que aspiramos los mexicanos. “Muchas veces se señala que la mayor parte de la gente que defi ende Derechos Humanos son delincuentes, pero sabemos que también ellos tienen derecho a un debido proceso y es lamentable que estadísticamente, de las personas que son detenidas en el país por presuntos delitos de narcotráfi co o delincuencia organizada, el 70 por ciento quedan libres, es decir, no se logra acreditar a través de juicio que esa persona era responsable”. Incluso, a veces muchas de esas personas no son delincuentes, pero pasan por todo el procedimiento y quedan exhibidos, y quién va a querer hacer un negocio, por ejemplo, con quien ha sido exhibido públicamente, acusado de delincuencia organizada, aunque no se le haya demostrado, cuestionó. Cuando un servidor público deja de respetar la ley, también se convierte en un delincuente, dijo el ombudsman y expresó su deseo en el sentido de que “la próxima administración federal utilice el sistema de inteligencia en la lucha contra la delincuencia organizada, para que realmente le pegue a quien lo debe hacer”. Finalmente Argáez de los Santos, según la información ofi cial, insistió en que la diferencia entre el servidor público y el delincuente, es que el primero está obligado a respetar la ley, los reglamentos y protocolos, mientras que al delincuente no le interesa respetar la ley.