1.- Doblan al Poder Judicial de la Federación: sus millonarios recursos guardados en fideicomisos se destinarán a mejorar el ISSSTE.
2.- Aclara la presidenta que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones no es censurar a las plataformas digitales.
3.- Avanza la organización del proceso electoral judicial en el estado.
EL ANUNCIO DE LA PRESIDENTA, Claudia Sheinbaum sobre la transferencia de aproximadamente 16 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Tesorería de la Federación, con el objetivo principal de fortalecer el sistema de salud del ISSSTE, refleja una acción significativa en el marco de las políticas de redistribución de recursos impulsadas por su administración. Este movimiento, enmarcado en una reforma constitucional, pone de manifiesto la intención del gobierno de priorizar sectores clave como la salud pública, especialmente para los derechohabientes del ISSSTE, que incluyen a trabajadores del Estado y sus familias.
Esta medida puede interpretarse como un paso hacia la mejora de un sistema de salud que históricamente ha enfrentado desafíos como la falta de médico personal, infraestructura obsoleta y carencias en equipamiento. La inyección de estos recursos podría traducirse en la contratación de más médicos y personal de salud, la modernización de clínicas y hospitales, y una mejor atención para los usuarios del ISSSTE, lo cual es particularmente relevante en un contexto donde la calidad de los servicios públicos de salud es una demanda constante de la ciudadanía.
Además, el hecho de que Sheinbaum haya enfatizado que la transferencia se realizó conforme a la Constitución refuerza la narrativa de su gobierno sobre actuar dentro del marco legal, a pesar de las resistencias iniciales de la SCJN, que argumentaba falta de atribuciones para entregar los fondos.
LA DECLARACIÓN DE LA MANDATARIA sobre la controversia del artículo 109 de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) es un intento claro de desactivar las críticas que han acusado a su gobierno de promover una “Ley Censura” en relación con la regulación de plataformas digitales. Su postura, al pedir al Senado que modifique o elimine dicho artículo para evitar malentendidos, refleja una sensibilidad política frente a las preocupaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y oposición, quienes han alertado sobre posibles riesgos a la libertad de expresión en el entorno digital.
Por un lado, la respuesta de Sheinbaum es un gesto positivo que busca tranquilizar a la opinión pública al reafirmar el compromiso de su administración con la no censura, un principio fundamental en una democracia. Al aclarar que el objetivo del artículo era permitir a la Agencia Digital intervenir en plataformas digitales únicamente en casos de violaciones legales comprobadas (como las señaladas por el SAT u otras dependencias), la presidenta intenta contextualizar la reforma como una medida administrativa, no como un instrumento para limitar la libertad de expresión. Este enfoque podría interpretarse como un esfuerzo por mantener un equilibrio entre la regulación de actividades ilegales en plataformas digitales y la protección de derechos fundamentales, un desafío creciente en la era digital.
La intervención de Sheinbaum en este tema muestra una disposición al diálogo y la corrección de errores, lo cual es positivo para la gobernanza democrática. Sin embargo, este episodio subraya la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en los procesos legislativos para evitar controversias que, aunque tal vez no intencionales, pueden erosionar la legitimidad de las políticas públicas.
EL AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN de la elección del Poder Judicial en Tabasco, como lo destacó Tania María Galíndez Alcázar, refleja un esfuerzo significativo del INE para garantizar un proceso judicial electoral ordenado y participativo. La acreditación de 478 observadores electorales, el 99% de nombramientos entregados para mesas directivas y el 98% de capacitación a funcionarios demuestran un alto grado de preparación logística.
Sin embargo, este proceso, inédito en México, enfrenta el desafío de mantener la confianza ciudadana en un contexto de polarización política y cuestionamientos a la reforma judicial. La transparencia y la participación activa de observadores serán clave para legitimar esta elección, que busca renovar el Poder Judicial bajo un nuevo modelo de elección popular.
DESDE EL TAPANCO
Las secretarías de Salud y de Desarrollo Agropecuario y Pesca trabajan de manera conjunta para instrumentar medidas sanitarias a fin de contener la propagación del gusano barrenador que, de acuerdo al último reporte, afecta ya a nueve de los 17 municipios tabasqueños y para evitar que este parásito afecte a humanos, como ya sucedió en el vecino estado de Chiapas.
2.- Aclara la presidenta que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones no es censurar a las plataformas digitales.
3.- Avanza la organización del proceso electoral judicial en el estado.
EL ANUNCIO DE LA PRESIDENTA, Claudia Sheinbaum sobre la transferencia de aproximadamente 16 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Tesorería de la Federación, con el objetivo principal de fortalecer el sistema de salud del ISSSTE, refleja una acción significativa en el marco de las políticas de redistribución de recursos impulsadas por su administración. Este movimiento, enmarcado en una reforma constitucional, pone de manifiesto la intención del gobierno de priorizar sectores clave como la salud pública, especialmente para los derechohabientes del ISSSTE, que incluyen a trabajadores del Estado y sus familias.
Esta medida puede interpretarse como un paso hacia la mejora de un sistema de salud que históricamente ha enfrentado desafíos como la falta de médico personal, infraestructura obsoleta y carencias en equipamiento. La inyección de estos recursos podría traducirse en la contratación de más médicos y personal de salud, la modernización de clínicas y hospitales, y una mejor atención para los usuarios del ISSSTE, lo cual es particularmente relevante en un contexto donde la calidad de los servicios públicos de salud es una demanda constante de la ciudadanía.
Además, el hecho de que Sheinbaum haya enfatizado que la transferencia se realizó conforme a la Constitución refuerza la narrativa de su gobierno sobre actuar dentro del marco legal, a pesar de las resistencias iniciales de la SCJN, que argumentaba falta de atribuciones para entregar los fondos.
LA DECLARACIÓN DE LA MANDATARIA sobre la controversia del artículo 109 de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) es un intento claro de desactivar las críticas que han acusado a su gobierno de promover una “Ley Censura” en relación con la regulación de plataformas digitales. Su postura, al pedir al Senado que modifique o elimine dicho artículo para evitar malentendidos, refleja una sensibilidad política frente a las preocupaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y oposición, quienes han alertado sobre posibles riesgos a la libertad de expresión en el entorno digital.
Por un lado, la respuesta de Sheinbaum es un gesto positivo que busca tranquilizar a la opinión pública al reafirmar el compromiso de su administración con la no censura, un principio fundamental en una democracia. Al aclarar que el objetivo del artículo era permitir a la Agencia Digital intervenir en plataformas digitales únicamente en casos de violaciones legales comprobadas (como las señaladas por el SAT u otras dependencias), la presidenta intenta contextualizar la reforma como una medida administrativa, no como un instrumento para limitar la libertad de expresión. Este enfoque podría interpretarse como un esfuerzo por mantener un equilibrio entre la regulación de actividades ilegales en plataformas digitales y la protección de derechos fundamentales, un desafío creciente en la era digital.
La intervención de Sheinbaum en este tema muestra una disposición al diálogo y la corrección de errores, lo cual es positivo para la gobernanza democrática. Sin embargo, este episodio subraya la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en los procesos legislativos para evitar controversias que, aunque tal vez no intencionales, pueden erosionar la legitimidad de las políticas públicas.
EL AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN de la elección del Poder Judicial en Tabasco, como lo destacó Tania María Galíndez Alcázar, refleja un esfuerzo significativo del INE para garantizar un proceso judicial electoral ordenado y participativo. La acreditación de 478 observadores electorales, el 99% de nombramientos entregados para mesas directivas y el 98% de capacitación a funcionarios demuestran un alto grado de preparación logística.
Sin embargo, este proceso, inédito en México, enfrenta el desafío de mantener la confianza ciudadana en un contexto de polarización política y cuestionamientos a la reforma judicial. La transparencia y la participación activa de observadores serán clave para legitimar esta elección, que busca renovar el Poder Judicial bajo un nuevo modelo de elección popular.
DESDE EL TAPANCO
Las secretarías de Salud y de Desarrollo Agropecuario y Pesca trabajan de manera conjunta para instrumentar medidas sanitarias a fin de contener la propagación del gusano barrenador que, de acuerdo al último reporte, afecta ya a nueve de los 17 municipios tabasqueños y para evitar que este parásito afecte a humanos, como ya sucedió en el vecino estado de Chiapas.
